La política de vivienda del PP en el Gobierno de la Nación, de 1996 a 2003, provocó una espectacular caída en construcción de VPO en España. Se bajó del 41% al 9%. En Burgos, los datos eran peores, pues sólo un 4% de las viviendas tenían protección pública.
La situación en la ciudad podría haber cambiado radicalmente gracias a la nueva política del Gobierno de la Nación y a la gestión urbanística realizada por el Gobierno municipal del PSOE, que dejó a Aparicio una magnífica herencia. Sin embargo, el fracaso es estrepitoso.
Actualmente, el 30% de las viviendas que se construyan tienen que ser de protección oficial. Esta decisión, adoptada en el año 1999, necesita ir acompañada de la actividad pública para ser plenamente eficaz. Que el suelo se construya y urbanice en los plazos previstos y que el Ayuntamiento impulse la gestión del planeamiento urbanístico son condiciones necesarias que están siendo incumplidas por el Ayuntamiento, que prefiere dejar en manos de los promotores estas decisiones.
Al tomar posesión como alcalde, me encontré con un patrimonio municipal del suelo esquilmado y con el que resultaba imposible hacer frente a las obligaciones municipales contraídas. A Aparicio le dejé suelo gestionado para construir 12.136 viviendas, de las cuales 3.640 han de ser VPO. El Patrimonio Municipal del Suelo estaba formado por propiedades para edificar 2.389 viviendas públicas.
Esta formidable herencia ha sido dilapidada. La mayor parte de este suelo se ha destinado a financiar inversiones ordinarias como la compra del albergue Peña Amaya o el túnel de Islas Baleares, que tenían que haber sido pagadas con los ingresos del presupuesto municipal. Otra parte del patrimonio se ha malvendido sin ningún control, como se ha demostrado al adjudicarse viviendas a personas que ya eran propietarias de otra o al no impedirse la venta de pisos a precio superior al legal.
Un Ayuntamiento comprometido con la ciudad hubiera conseguido que la vivienda en Burgos no continuara siendo uno de sus principales problemas.
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