Ayudas a la rehabilitación también para las barriadas tradicionales

El Ayuntamiento dispone de una norma que fomenta las actuaciones privadas dirigidas a la rehabilitación y mejora de las condiciones de uso de los edificios incluidos en el ámbito del Plan Especial del Centro Histórico. El Grupo de Concejales Socialistas consiguió que esta norma también fuera aplicable a los edificios situados en el Pueblo antiguo de Gamonal y a los que tienen fachadas traseras a la calle Alfareros en el tramo afectado por el antiguo trazado del ferrocarril.

 

En todos estos casos, se entiende que existe un interés público en que estos espacios se transformen y estén bien conservados. Especialmente en el casco histórico, se parte del presupuesto, posiblemente erróneo, de que el deber de conservar los inmuebles en adecuadas condiciones estéticas, que todo propietario tiene, se ve desbordado por las especiales exigencias impuestas por la legislación urbanística.

 

Además, esta norma tiene el fallo de que concede ayudas económicas a fondo perdido sin tener en cuenta las rentas de los beneficiarios. De esta manera, se está subvencionando, con dinero público, a personas que no tienen ninguna necesidad por disponer de recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones como propietario.

 

En el mejor de los supuestos, la cuantía de estas ayudas alcanzará un importe del 35% del presupuesto de la obra o del 50% en casos excepcionales.

 

Por un capricho del PP, ya que no existe ninguna urgencia social o circunstancia urbanística excepcional, a los propietarios de los edificios sitos en la Plaza Mayor y en los soportales de Antón se les va a subvencionar con el 70% del importe necesario para adecentar y pintar la fachada.

 

¿Por qué en estos lugares? ¿No le merecen la misma consideración los edificios de las calles Laín Calvo, Paloma, Rey San Fernando, plaza Santa María, Flora, las Llanas, San Juan, La Puebla o Plaza de Vega por ejemplo?

 

Visto que el PP considera que hay dinero suficiente, incluso para ayudar a los que no lo necesitan, me pregunto por qué no extiende esta norma al resto de las calles del centro histórico y también a otros barrios de Burgos que soportan limitaciones urbanísticas singulares sin recibir ninguna ayuda. Los vecinos de Máximo Nebreda, Illera, Yagüe, y barriada azul se merecen el mismo trato que los de la Plaza Mayor o de los soportales de Antón. 

Las culpables son las víctimas

Esa es la opinión que tiene el equipo de gobierno de Aparicio. Con motivo de la muerte por atropellamiento de la quinta víctima mortal en el casco urbano de Burgos no se les ha ocurrido otra cosa que decir que la culpa de los accidentes la tiene las imprudencias de las víctimas.

El único imprudente es el PP que, antes de que exista un pronunciamiento judicial, se convierte en juzgador e imputa responsabilidades a los muertos. ¿Acaso entienden que por el hecho de cruzar una calle por un lugar que no esté señalizado como paso de peatones ya se explica que se pueda morir por atropellamiento? ¿No se han parado a pensar que aunque este hecho se produjera caben muchas posibilidades de que si se respetara la velocidad máxima sería evitable el accidente? ¿No le parece inmoral a Aparicio mancillar el nombre de las personas implicadas sin que exista pronunciamiento judicial?

Además es inhumano hacer semejantes declaraciones en los momentos de mayor dolor de las familias de los fallecidos.

Una vez más, Aparicio busca a quien responsabilizar de sus problemas aunque ello signifique injusticia e inhumanidad.

El tráfico en Burgos puede mejorar mucho. Se pueden y deben reducir las velocidades medias, dedicar una atención preferente al transporte público y dotar de mayor seguridad a los peatones. Estas sí que son responsabilidades municipales que el Ayuntamiento no puede eludir.

El tamaño no importa

No creo que el PP utilice los metros cuadrados de bandera española para medir el patriotismo. Si así fuere, no sería tolerable que la bandera que ondeara en Burgos fuera de menor tamaño que la de Madrid. ¡Faltaría más!

 

El PP ha decidido colocar una bandera nacional gigante (así la denominan) en la plaza de España. Parece que se quiere imitar lo acontecido en Madrid, aunque hay que salvar las distancias pues, francamente, no creo que en Burgos se intente esgrimir la bandera para enfrentar a unos burgaleses con otros, como sucedió con la manipulación que de la enseña nacional se hizo en Madrid.

 

La utilización de la bandera de España está regulada por la Ley 39/1981, donde se explicita que simboliza la nación: es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria, y representa los valores superiores expresados en la Constitución que, en su artículo primero, proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

 

Esta Ley establece la obligatoriedad de colocar la bandera de España en todos los edificios públicos, independientemente de a qué administración pertenezcan. No prevé que sea utilizada en vías públicas, por lo que esta decisión del PP de Burgos es excepcional.

 

Precisamente, por este carácter excepcional, sorprende que se plantee una medida de esta naturaleza sin consultar con el resto de los partidos políticos, que son tan representantes de los burgaleses como el PP. No alcanzo a comprender bien qué valores intenta transmitir el PP de Burgos con este acto. Si busca un lugar espectacular que, a su vez, esté de acuerdo con el artículo 6 de la Ley que dice que "cuando se utilice la bandera de España ésta siempre ocupará un lugar visible, destacado y de honor", se me ocurren ubicaciones alternativas mucho más destacadas. Por ejemplo, el cimborrio de la Catedral, justo encima de la escultura ecuestre de Santiago que, espada en ristre, abate a un árabe al pie de su caballo; también podría ser en todo lo alto del cerro de San Miguel donde, utilizando una bandera más grande de la que se pretende, sería visible desde cualquier lugar de la ciudad; o en las entradas a Burgos, para recordarnos que estamos en España. Ciertamente, esta última opción habría que considerarla con mucho cuidado pues no debemos olvidar que el mayor daño que ha sufrido España en los últimos dos siglos le ha sido inflingido por el nacionalismo españolista excluyente más que por los nacionalismos periféricos, también excluyentes.

 

En todo caso, vistos algunos antecedentes históricos, conviene decir que tan españoles y buenos patriotas son los que estén de acuerdo con esta actuación como quienes la  critican y que la paz, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son valores que deben impregnar todas las actuaciones públicas.

 

Albergo una remota esperanza de que el PP explique el contenido y la finalidad de sus actos. Por mi parte, puede colocar todas las banderas de España que quiera en cualquier punto de la ciudad.

 

Banco ilegal, crimen forestal

Este es el lema que está utilizando Greenpeace para conseguir que las administraciones públicas compren exclusivamente madera certificada y para que los ciudadanos adquieran conciencia de que si esta certificación no existe es muy posible que el banco de madera en el que se sientan o los columpios en los que se divierten los niños puedan estar relacionados con la violencia, la tala ilegal o la ocupación de territorios indígenas en la Amazonía, la cuenca del Congo o Indonesia.

Una investigación de Greenpeace entre los suministradores de mobiliario urbano en España ha demostrado que la mayoría de estos fabricantes y distribuidores son incapaces de asegurar que la madera que utilizan procede de la legalidad y la gestión responsable de las masas forestales.

La deforestación y degradación forestal son responsables de casi el 20% de los Gases de Efecto Invernadero, haciendo de este problema la segunda causa de la emisión es estos gases causantes del cambio climático a escala mundial. Los bosques tropicales, donde más rápida está siendo la deforestación, contienen el 40% de todo el carbono del planeta y juegan un papel vital en la mitigación de la creciente inestabilidad del clima. Si desaparecen los bosques, estos dejan de ser almacenes de carbono para pasar a ser fuentes del mismo, agravando el calentamiento global de la Tierra.

Todos los ciudadanos y las Instituciones tienen la obligación moral de contribuir a desarrollar políticas públicas acordes con un Desarrollo Sostenible.

Esta es la finalidad que persigue la propuesta (http://www.psoeburgos.net) que hemos hecho en el Ayuntamiento de Burgos para garantizar, mediante la certificación FSC, que toda la madera que se utilice en las obras contratadas por el Ayuntamiento o en los suministros que se compren sea madera legal así como todo el papel que se consuma.

 

Las obras del desvío ferroviario continúan gracias al Ministerio de Fomento y a pesar del PP

El Ministerio de Fomento ha decidido adelantar 8,5 millones de euros que es la cantidad que el Ayuntamiento de Burgos adeuda desde hace seis meses. La Ministra, Magdalena Alvares, en un ejercicio de responsabilidad, ha preferido defender los intereses de los ciudadanos antes que parar las obras que es el camino elegido por el equipo de gobierno municipal del PP. Lógicamente, esto exigirá que el Ministerio solicite la compensación de estas cantidades minorando las transferencias del Estado al Ayuntamiento de Burgos.

Ningún político responsable puede defender que los convenios firmados no se cumplan ni coloca los intereses de partido delante de los intereses generales de la ciudad. La Ministra ha demostrado, con hechos, su talla política de gobernante responsable.

Otra opinión muy diferente es la que, a la luz de los acontecimientos, me merece la actitud de Aparicio. Hago memoria.

En el mes de febrero de 2002 el Gobierno presidido por Aznar, del que formaba parte Cascos y Aparicio, inició los trámites para paralizar las obras por un presunta demora en el pago por parte del Ayuntamiento de 20 días que posteriormente se demostró que no era cierto. En ese momento, las obras avanzaban muy lentamente por incapacidad del ministerio y se habían certificado obras por un importe total de 5,4 millones de euros.

Este simple anuncio sirvió para que Diario de Burgos colocara en portada un titular a cinco columnas en el que imputaba al Ayuntamiento la paralización de las obras y la publicación de un durísimo editorial en este mismo sentido. ¿Qué diferencias existen entre la situación creada en 2002 y la actual?

·         En 2002 el Gobierno de Aznar, del que formaba parte Aparicio, utilizaba ponía  a la administración pública al servicio de su partido aunque ello perjudicara a los ciudadanos. El Gobierno presidido por Zapatero, del que forma parte Magdalena Alvares, defiende el interés general y es respetuoso con los procedimientos administrativos.

·         En 2002, el Ayuntamiento presidido por el PSOE cumplía los convenios firmados aunque no le gustaran y no fuera responsable de su firma. En 2008 el Ayuntamiento presidido por Aparicio incumple los convenios que él mismo impulsó y avaló aunque ello ponga en riesgo la continuidad de una obra pública tan importante como el desvío ferroviario.

·         En el año 2002, Diario de Burgos se puso al lado del Gobierno de la Nación y culpabilizó al Ayuntamiento de Burgos por un presunto retraso de 20 días que, como ya he dicho, se demostró falso. En el año 2008, 6 meses de retraso y un incumplimiento flagrante del convenio firmado en 1998, no le merecen a Diario de Burgos ningún comentario especial ya que ahora apoyan la postura municipal. Lo que existe en común es que, tanto en el año 2002 como en 2008, el beneficiario de las opiniones de Diario de Burgos es el PP y el criticado es el PSOE aunque ello implique un cambio de criterio radical. Están en su derecho de apoyar al PP en todo caso, pero conviene ponerlo de relieve para que esta postura no se confunda con imparcialidad o independencia.

La realidad es muy tozuda. Por muchas maniobras que se hagan nunca se podrá ocultar la responsabilidad de Aparicio y del PP en este desaguisado.

También sería deseable que aquellos que defienden el incumplimiento de las normas y de los convenios que se firman que justifiquen su posición para poder analizar su coherencia y madurez democráticas.