No hay participación ciudadana

La participación es imprescindible para el fortalecimiento de la democracia. Contribuye a ampliar los estrechos cauces de la democracia representativa y facilita la formación de ciudadanos libres y críticos que, individual u organizadamente, fortalecen la sociedad en la que viven.

“La Ley soy yo y hago lo que me da la gana”, ese es el principio aplicado por el PP desde que Aparicio es alcalde. El vigente Reglamento de Participación Ciudadana fue aprobado en el año 2000 por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. Su texto recogió las peticiones tradicionales del movimiento vecinal en Burgos y las aportaciones más avanzadas de diferentes reglamentos existentes en las ciudades españolas.

Durante la legislatura progresista, se fue desarrollando su contenido y se abrieron amplios cauces de participación, de forma que todos los vecinos tuvieran la oportunidad de aportar su colaboración en los asuntos públicos de la ciudad.

A través de los Consejos Sectoriales, los burgaleses podían participar en la definición de las políticas municipales (urbanismo, cultura, cooperación internacional, etc); los Consejos de Barrio encauzaban las inquietudes de ámbito territorial y el Consejo de Participación velaba por el buen funcionamiento de los cauces de participación y por la promoción de las asociaciones vecinales.

Desde que el gobierno el PP tomó posesión, se ha dedicado, minuciosamente, a desmantelar todos los cauces existentes. En un principio, con la disculpa de tramitar una modificación que nadie pedía, y ahora, ya sin disculpa ninguna, se produce un incumplimiento generalizado de esta norma legal vulnerando los derechos de todos los burgaleses.

A los Consejos de Barrio y Asociaciones Vecinales se les trata de una u otra forma dependiendo de su grado de sumisión al poder. A los que se atreven a formular una leve crítica se les margina y a los benevolentes se les manipula intentando comprar su voluntad con migajas.

El miedo a la libertad paraliza. Quien no tiene miedo, estimula la crítica, y quien lo posee, reacciona con la intolerancia propia del ordeno y mando. Esa es la realidad que vivimos.

Frente al vandalismo educación cívica, presencia policial y reparación inmediata

En lo que comúnmente se conoce como vandalismo, se incluyen actos que tanto pueden calificarse de chiquilladas como acciones que se encuentran recogidas en el código penal. Ciertamente, es un fenómeno muy generalizado, especialmente en las zonas urbanas.

El patrimonio público y el privado se deterioran originando cuantiosos gastos que deben afrontarse con los presupuestos públicos. Toda la sociedad tiene la obligación de tomar medidas para evitar este problema, no sólo por los efectos económicos que provoca sino, también, porque genera un amplio desánimo social.

La primera medida a adoptar, seguramente la más importante, ha de centrarse en el fortalecimiento de la educación cívica en el ámbito del sistema educativo, de la familia y de las organizaciones sociales. Formar buenos ciudadanos en la infancia es la mejor medida preventiva.

No debemos minusvalorar el efecto negativo que tiene el descrédito de lo público. Que se admiren a los defraudadores de la hacienda pública, que se esté continuamente denigrando la vida pública, dando mal ejemplo o participando de esa especie de deporte nacional en el que a veces se convierte la propagación de rumores sin fundamento, no es el mejor caldo de cultivo para aprender a respetar el patrimonio colectivo.

Sin duda, la Policía debe desarrollar un eficaz papel para impedir el vandalismo. Su inserción en la sociedad permite generar confianza entre la población para que los ciudadanos se conviertan en colaboradores de estos servidores públicos con el objetivo de que, entre todos, contribuyamos a evitar actos anti sociales. Si las políticas preventivas desarrolladas mediante el incremento de la presencia policial en la calle no son suficientes, hay que aplicar las medidas punitivas previstas en la legislación.

Si no podemos evitar estos actos, remediemos los perjuicios ocasionados a la mayor brevedad. Por ejemplo, las pintadas buscan notoriedad. Si evitamos que permanezcan, se estará disminuyendo el interés por dejar la firma allá por donde pasan.

Es un problema importante que no tiene fácil solución. No es tiempo para el desánimo, sino el momento de demostrar una firme voluntad de defensa del patrimonio público.

La Isla necesita mejoras, no aparcamientos

El Gobierno de España ha aprobado una iniciativa Urban que supone invertir en la capital cerca de 12 millones de euros, de los que el 70% proceden de fondos de la Unión Europea. La zona de actuación está delimitada, al norte, por el cerro del Castillo y de San Miguel; al sur, por la vía del ferrocarril y el río Arlanzón; al oeste, por el barrio de Fuentecillas y, al este, por el río Vena hasta la calle Clunia. El objetivo del programa es la regeneración física y funcional de esta zona en la que viven 29.629 personas y en la que se levantan un total de 15.889 viviendas.

No hace falta ser un lince para concluir que 12 millones de euros, en siete años, no son demasiados para destinarlos a un espacio con tantos problemas sociales y tanta carencia de dotaciones públicas. Sin embargo, el equipo de Gobierno debe vivir en otro mundo porque pretende gastarse casi 8 millones de euros (2/3 partes del total) en dos obras totalmente innecesarias, y en subvencionar, con 500.000€, a la Asociación Plan Estratégico para gestionar el programa. ¡Como si en el Ayuntamiento no existieran funcionarios con la preparación técnica y el tiempo suficiente para hacerlo sin gastos añadidos!

La carencia de ideas útiles para resolver los problemas reales se suple tirando materialmente el dinero. Destinar 4,5 millones en el paseo de la Isla y 2,8 millones en el puente de Castilla es un despropósito, pues de ninguna manera son obras prioritarias.

El parque de la Isla precisa de una atención permanente e inversiones continuas de mantenimiento. Lo que no necesita, tal y como prevé el plan aprobado por el PP, es una remodelación que modifique su aspecto histórico, un incremento de la accesibilidad de los vehículos o la construcción de aparcamientos.

El proyecto inicial, modificado por el equipo de Gobierno antes de comenzar a aplicarlo, contempla una línea de actuación para perfeccionar los servicios de Acción Social, atención y asistencia a colectivos en riesgo de exclusión, la construcción de un centro cívico, optimizar la recogida selectiva de residuos, la eliminación de barreras arquitectónicas, la superación del desnivel con la zona alta mediante medios mecánicos y la mejora del Castillo y del paseo de la Isla.

Con las obras del puente de Castilla y del emblemático paseo se agota todo el dinero disponible, de manera que no podrá materializarse nada de lo previsto. Un auténtico despropósito.

Máxima colaboración con nuestros vecinos

La ciudad de Burgos se ha caracterizado por su predisposición a colaborar con todos los municipios del Alfoz. De hecho, el Ayuntamiento de Burgos ha sustituido a la Diputación Provincial, incapaz de solucionar las demandas de prestación de servicios públicos esenciales como la recogida y tratamiento de basuras, el abastecimiento de agua potable y la depuración de aguas residuales.

Estas relaciones de buena vecindad se fundamentan en la relación entre iguales, aunque hay que reconocer que la derecha burgalesa, en muchas ocasiones, ha mantenido actitudes soberbias como si los municipios pequeños fueran menores de edad. El PSOE siempre ha intentado estrechar esta mutua cooperación que a todos beneficia. Burgos es, de hecho, una entidad metropolitana que diariamente recibe miles de personas procedentes de estos lugares que trabajan y consumen en la ciudad.

Para suministrar agua a los municipios de la Mancomunidad se debe optar por aquella alternativa que sea más económica y más sostenible medioambientalmente. Básicamente, se han planteado dos soluciones: hacer una nueva potabilizadora, que parece es la alternativa más económica, o enganchar con la red de Burgos. Son los municipios afectados quienes han de decidir.

El Ayuntamiento de Burgos debe colaborar para hacer posible cualquiera de las dos alternativas. Si se optara por enganchar con la red de la ciudad, convendría estudiar las repercusiones económicas para que los vecinos de la capital no se vean perjudicados al incrementarse el coste del servicio. El agua la debe pagar quien la consume y si se arbitra algún tipo de ayuda, debe provenir de su municipio o de la Diputación Provincial.

El equipo de Gobierno del PP, presidido por Aparicio, está intentando utilizar a los vecinos de la Mancomunidad como moneda de cambio en sus relaciones con la Confederación Hidrográfica del Duero. Esta actitud no es razonable. Es muy mezquina, demuestra una gran mediocridad y fomenta malas relaciones con nuestros vecinos.