Robar un caramelo a un niño

Ese es el símil empleado por Raúl Briongos para calificar el convenio firmado en el año 1998 para suprimir el paso del ferrocarril por el centro de la ciudad.
Continuando con el ejemplo, faltaría detallar la investigación realizada para esclarecer este “delito” poniendo nombre y apellidos al autor del robo y a la víctima.
Quien robó el caramelo es Aparicio. En su doble condición de ministro y dirigente provincial del PP en Burgos tenía toda la información para saber la trascendencia del convenio firmado y los graves riesgos que corría el Ayuntamiento. Su responsabilidad se incrementa porque, continuando en el gobierno, se negó a renegociar el convenio atendiendo la petición realizada en el año 1999 cuando el alcalde de Burgos era del PSOE.
La víctima es la ciudad de Burgos que tendrá que pagar más de 145 millones de euros. Para obtener estos ingresos está forzando el mercado inmobiliario encareciendo el precio del suelo y de la vivienda.
Los motivos de este robo fueron las prisas electorales del PP en Burgos que “forzaron” al ministerio a firmar urgentemente un convenio que permitiera “vender” ante la opinión pública que se solucionaba el problema del ferrocarril en Burgos. Como los técnicos del Ministerio no se creían los informes esgrimidos por el Ayuntamiento que habían sido realizados por empresas constructoras, incluyeron la cláusula por la que el Ayuntamiento asumía todo el riesgo de los posibles desfases económicos que se pudieran producir. Estos estudios realizados por empresas privadas han desaparecido sin que exista constancia de los mismos en los archivos oficiales.

Avalar que se incumplan los convenios firmados sin exigir responsabilidades públicas a las personas causantes de evidentes perjuicios causados a los burgaleses fomenta la irresponsabilidad y es incompatible con una democracia madura y estable.

Desvío ferroviario. Los convenios se firman para cumplirlos

La democracia se sustenta en el cumplimiento de las leyes y en el respeto a la palabra dada. Por muy duro que sea, no es admisible que el Ayuntamiento pretenda vulnerar el convenio que firmó en 1998.
Aparicio tiene una especial responsabilidad, pues el mencionado año, próximas las elecciones municipales y siendo miembro del Gobierno de la nación y dirigente provincial del PP en Burgos, decide, junto con su partido y sorpresivamente, cambiar el proyecto de soterramiento del ferrocarril por el desvío.
Con el único soporte de informes -ya desaparecidos- realizados por empresas constructoras y que no eran compartidos por los técnicos del Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento asumió el riesgo de pagar en solitario todo el importe que superara los 114 millones de euros.
De 1999 a 2004, siendo Aparicio ministro, el PP se negó a apoyar la propuesta que hice para suprimir esta cláusula leonina. La oferta que realicé, cuando todavía no habían empezado las obras, se fundamentaba en que otras ciudades habían firmado mejores convenios y que los suelos liberados se destinarían a viviendas de protección oficial. El PP se negó a esta renegociación e impuso que los costes de la urbanización del bulevar no fueran tenidos en cuenta en el balance económico final.
Aparicio dice enterarse ahora, con diez años de retraso, que esta operación hipotecará gravemente al Ayuntamiento. Y lo dice después de haber vendido los terrenos en pública subasta contribuyendo al encarecimiento del precio de la vivienda y después de haber dilapidado gran número de VPO que no cumplirán su función social.
El coste final del proyecto se aproximará a los 200 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento deberá asumir 143. Si somos serios, no existe ninguna posibilidad de renegociar porque el PP asumió íntegramente el riesgo económico. El Ministerio ya decidió pagar el sobrecoste imputable a la tercera vía destinada al AVE y ahora exige, para empezar a hablar, transparencia y claridad en las cuentas. Es una vergüenza que se haya sometido a la ciudad a este riesgo. Sus promotores deben asumir su responsabilidad.

La manipulación propagandística del PP: depuradora y auditorio

Desde el año 2003 el PP está intentando engañar a los burgaleses al decir que la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) estaba pendiente de la financiación de la Administración General del Estado. Esta colosal manipulación informativa ha provocado auténticas avalanchas de informaciones sesgadas, de acusaciones de agravios y de pronunciamientos que se han utilizado sistemáticamente para enfrentar al Ayuntamiento de Burgos con el Gobierno de la Nación siguiendo una deleznable táctica de utilizar a las instituciones al servicio del PP.
El PSOE ha mantenido siempre la misma postura: cuando gobernaba Aznar y con el presidente Zapatero siempre hemos considerado que la Junta de Castilla y León era la administración pública competente que debiera financiar la ampliación de la depuradora sin prejuicio de que la región pudiera negociar convenios de colaboración con el Gobierno.
Por mantener esta postura hemos sido acusados por el PP, con apoyos mediáticos evidentes, de antiburgaleses.
Ahora se ha demostrado que la postura del PP y sus apoyos fue un gran engaño. La ampliación de la depuradora de Burgos estará incluida en el convenio general de colaboración que firmará el Gobierno de la Nación con la Junta de Castilla y León. Esta decisión cuenta con el apoyo de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento. ¿En qué lugar queda Aparicio que no ha tenido ningún recato en decir machaconamente durante cuatro años que esta obra era urgentísima y que necesitaba adelantarse al convenio general?
Políticamente, algo semejante está ocurriendo con la propuesta de financiación del auditorio. En el Pleno celebrado ayer quedó demostrado que la principal pretensión del PP es utilizar al Ayuntamiento para sus fines partidarios. Conseguir que la ciudad pague lo menos posible de esta dotación no es lo que más preocupa al PP. Prefiere utilizar este argumento para volver a enfrentarse al Gobierno utilizando una información parcial y ocultando que la Junta de Castilla y León no está cumpliendo con sus obligaciones.
El PSOE se comprometió a apoyar la proposición del PP si en la misma se incluía también la petición a la Junta de Castilla y León de que incrementara sus aportaciones teniendo en cuenta que ha financiado el 100% del auditorio de Valladolid o que en otras capitales de Castilla y León financia mayor porcentaje que en Burgos. La negativa del PP a incluir esta petición descubre claramente que les interesa más el enfrentamiento con la finalidad de obtener, presuntamente, réditos electorales que resolver los problemas de la ciudad.

Poca transparencia y nulo debate público en la elaboración de los presupuestos municipales

El Ministro Solbes, el pasado 25 de septiembre, presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos 2008 aprobado por el Gobierno.
La Junta de Castilla y León aprobó su proyecto de presupuesto del pasado 5 de octubre.
En ambas cámaras legislativas, durante tres meses, se desarrollan amplios y detallados debates parlamentarios que permiten analizar al detalle todas y cada una de las partidas presupuestarias posibilitando uno de los debates políticos más interesantes de todos los que se celebran en el año. La actividad parlamentaria tiene amplio reflejo en todos los medios de comunicación con lo que los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer las propuestas políticas que son objeto de debate y la incidencia que tendrá en su vida diaria la política presupuestaria que se apruebe.
El alcalde Aparicio tiene la obligación legal, tal y como recogen los artículos 168 y 169 de la Ley de Haciendas Locales, de presentar al Pleno el proyecto de presupuestos antes del día 15 de octubre para que pueda entrar en vigor antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
Sin embargo, en el Ayuntamiento de Burgos todavía no se tiene elaborado el proyecto de presupuestos. Continuando con la práctica de estos cinco últimos años, seguro que en la próxima semana se darán a conocer este proyecto con la pretensión de que sea aprobado inicialmente el 27 de diciembre. Esto provocará, un año más, que el presupuesto no entre en vigor el día 1 de enero de 2008 debiendo prorrogarse el presupuesto de 2007 durante el mes de enero con los perjuicios que esto ocasiona.
Estos hechos demuestran:
· Un gran fracaso en la gestión pública. Contando con mayoría absoluta es incomprensible que los presupuestos no se aprueben en las fechas que la Ley obliga.
· Poco respeto a las leyes. La obligación es clara y sólo el menosprecio de la ley explica la actuación municipal.
· Un escaso talante democrático. Aparicio afronta el debate presupuestario como un trámite del que hay que huir en la medida de lo posible. En contraste con lo que sucede en las Cortes Generales y en las de Castilla y León, en Burgos se obliga a los ciudadanos y a los grupos políticos a estudiar el proyecto de presupuestos en una semana sin posibilidad alguna de debatir en profundidad las diferentes políticas municipales y que los burgaleses puedan conocer las políticas que se pretenden aplicar.

Políticos profesionales que sólo defienden sus intereses.

Las personas que hacen de la política su profesión convirtiéndola en su único medio de vida colocan sus intereses personales por delante de los intereses de los ciudadanos a los que representan, consideran que los valores éticos y morales propios de la política son adornos de los que se pueden prescindir, son unos obsesos de su propia imagen hasta el punto de convertirse en unos títeres fácilmente manipulables por los medios de comunicación y sólo se preocupan en cómo les afectan a ellos sus propios actos de elección en elección.
Viene a cuento esta reflexión porque ahora estamos pagando las consecuencias de las irresponsables decisiones que el PP, Aparicio a la cabeza, adoptó en el año 1998. No se trata de mirar atrás sino de conocer que muchas decisiones que se adoptan en el ayuntamiento despliegan sus efectos durante muchos años por lo que es exigible que los políticos que toman estas decisiones tengan en cuenta sus consecuencias posteriores.
En el año 1998, estando próximas las elecciones municipales y siendo Aparicio parte del gobierno de la Nación y dirigente provincial del PP en Burgos, el PP, sorpresivamente cambia el proyecto de soterramiento del ferrocarril por el desvío. Los burgaleses todavía no conocemos los motivos reales por los que se toma esta decisión pues en los archivos del Ayuntamiento no existe ningún informa oficial que lo justifique y los informes realizados por empresas constructoras por encargo del PP han desaparecido.
Con este escaso bagaje, el Ayuntamiento firma un convenio con el Gobierno que es el peor que ha firmado cualquier ayuntamiento en toda España en los últimos 30 años.
Con el único soporte de los informes particulares, no compartidos por los técnicos del Ministerio de Fomento, el ayuntamiento asume el riesgo de pagar en solitario todo el importe que supere los 114 millones de euros.
De 1999 a 2004, cuando el gobierno lo presidía Aznar, el PP se niega a apoyar la propuesta que hice en nombre del PSOE de renegociar el convenio para suprimir esta leonina cláusula. Por culpa del PP se perdió esta oportunidad perfectamente realizable cuando aún no habían comenzado las obras y otras ciudades españolas ya habían demostrado que se podían firmar convenios mucho mejores que el que se rubricó en Burgos.
Ayer, sin avergonzarse por ello y sin pedir excusas por su actuación, Aparicio utilizó estos mismos argumentos para pedir la renegociación porque las cuentas empiezan a no cuadrar.
Después de haber vendido los terrenos en pública subasta contribuyendo al encarecimiento del precio de la vivienda, después de haber dilapidado gran número de VPO que no cumplirán la función social que les corresponde, Aparicio se entera, con 10 años de retraso, que esta operación va a hipotecar gravemente al ayuntamiento.
El coste final del proyecto se aproximará a los 200 millones de euros. Según el engaño promovido por Aparicio el Ayuntamiento deberá asumir el pago 143 millones de euros. 57 por su parte de los 114 en colaboración con el ministerio y Junta de Castilla y León y 87 por aplicación de la cláusula citada.
Ahora Aparicio quiere incumplir una vez más sus compromisos e implora al Gobierno para que rectifique el convenio que él promovió.
Espero que la generosidad de este gobierno, de su ministra Alvarez que es tan criticada por quien ha hecho muy poco por esta ciudad, contribuya a solucionar este desastre que sólo Aparicio y el PP ha creado. Estoy seguro de que si el presidente fuera Aznar o Rajoy y Aparicio formara parte del Gobierno las peticiones del ayuntamiento de Burgos no serían tenidas en cuenta.
Está claro que estos políticos necesitan volver a su trabajo, si lo tienen, para asumir el sentido de la responsabilidad que les falta situándose al mismo nivel que los ciudadanos que pagan las consecuencias de sus actos.

Respetemos la historia en la Plaza de Vega

Dos fotografías tomadas en los años 1962 y 1910 por Fede y Vadillo, muestran cómo era la calle Valladolid antes de elevar su rasante para ampliar la intersección con la plaza de Vega e incorporar al tráfico rodado el puente de Santa María. Al elevar la calle desde Correos hasta la iglesia de la Merced la entrada de los edificios quedaron bajo la rasante generándose esos estrechos pasos que conocemos.
La peatonalización total del puente nos da la oportunidad de recuperar nuestra memoria histórica restableciendo la altura de la calle a su estado original. Con esta medida se evitaría la expulsión de su vivienda de las familias que viven en los edificios de la Plaza de Vega que se mantiene en pie y la necesidad de modificar las alineaciones históricas que están protegidas por la Ley del Patrimonio Histórico.

Imprescindible la participación y un ambicioso programa cultural

Una de las claves del éxito de Burgos 2016 reside en la capacidad del Ayuntamiento para hacer partícipes a los burgaleses e implicar a todos los agentes culturales. Esta tarea exige una gran disposición al diálogo y voluntad de acuerdo. Se debe consultar antes de tomar las decisiones porque, de hacerlo una vez adoptadas, podría conseguirse la aquiescencia pasiva pero nunca la implicación entusiasta.
Siguen sin sentarse las bases participativas de este proyecto y continúa pendiente de convocatoria el Consejo Municipal de Cultura. Me resulta muy difícil valorar positivamente lo que se está haciendo cuando todavía no se ha hablado ni pedido la opinión de los agentes culturales.
Partimos con desventaja en relación a otras ciudades que presentaron antes sus intenciones y que destinan más recursos económicos que Burgos porque cuentan con el apoyo de su Comunidad Autónoma. Aún así, podemos salvar las diferencias. Es importante diseñar un programa cultural creativo e innovador, que destaque por su calidad y por la aportación de la originalidad suficiente para despertar el interés de Europa. Las grandes producciones y las exclusivas exigen mucho talento, tiempo y recursos financieros suficientes. Por poner un ejemplo, podemos decir que el nuevo auditorio de Burgos ya no se podrá inaugurar con “El Mozo de Mulas”, de Antonio José, porque la producción de una ópera de este estilo necesita más de dos años y la colaboración de otras entidades culturales. Se ha dejado pasar esta oportunidad y, me temo, que esta miopía se esté produciendo también en la concepción del proyecto Burgos 2016.
Con relación a la oficina municipal, poco puedo decir porque en el Grupo Socialista nos hemos enterado por los medios de comunicación de esta iniciativa. Una vez más, una decisión unilateral de Aparicio. No es muy relevante. Todos los datos indican que pasará sin pena ni gloria al buzón de recuerdos efímeros que tienen los burgaleses.

Clermont Ferrand: La experiencia de un nuevo modelo de transporte

Dado el interés que ha despertado en Burgos la posibilidad de optar por el tranvía como modo de transporte en el bulevar, considero de interés el conocimiento público de los datos obtenidos en el viaje que recientemente ha efectuado una delegación municipal a Clermont Ferrand.

Datos relevantes.

Clermont Ferrand, en agosto de 2007, puso un servicio una línea de tranvía de 14 kilómetros. De esta manera se unía a ese grupo de ciudades que están apostando decididamente por un modo de transporte sostenible. Hoy se puede decir que no hay ciudad importante en Europa que no tenga una línea de tranvía en servicio, o que la esté construyendo o proyectando. Las características de esta nueva línea son:
14 kilómetros.
31 estaciones.
Servicio de 5 horas a 1 h
Frecuencia: 1 tren cada 6 minutos en hora punta.

La gestión del transporte público en la aglomeración (equivalente al alfoz o zona metropolitana) de Clermont Ferrand le corresponde al Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomeration clermontoise, (SMTC) organismo público que agrupa al Departamento (provincia), aglomeración (alfoz) y ciudad. El SMTC presta el servicio público a los 150.000 habitantes de la ciudad y 135.000 del alfoz, agrupados en 22 municipios. Disponen de una flota de 140 autobuses y 20 tranvías.
El SMTC está compuesto por representantes del Departamento, de la aglomeración y de la ciudad cuyo alcalde ostenta la presidencia.

La inversión necesaria para implantar el tranvía ha sido de 290 millones de euros de los que 150 se han dedicado a la reurbanización integral de las zonas afectadas por la nueva línea. Directamente imputables al tranvía son 140 millones €. En estos 10 millones por kilómetro se incluye la plataforma, los talleres de mantenimiento, las subestaciones eléctricas y 20 composiciones de cuatro módulos dos de los cuales son tractores.
Esta inversión se ha financiado:
20 millones € subvención de la Unión Europea.
18 millones € Gobierno de Francia
15 millones € Departamento
15 millones € Aglomeración
15 millones € Ciudad
138 millones € crédito concertado por la SMTC
69 millones € fondos propios de la SMTC.

Claves del éxito
En diez meses de funcionamiento, el transporte público se ha incrementado en un 20% alcanzándose en este tiempo los objetivos previstos para los tres primeros años. Las claves de estos resultados son:
· Los 14 kilómetros de vía unen los centros neurálgicos de la ciudad entre los que se incluyen 10 centros de enseñanza superior, 75 centros escolares, 15 complejos deportivos, 15 centros culturales, 10 establecimientos sanitarios. Estos datos significan que 75.000 habitantes se encuentran a menos de 500 metros del tranvía.
· Se ha remodelado todo el transporte público. Todas las líneas de autobuses están interconectadas con el tranvía.
· Se han construido 6 aparcamientos públicos, con más de 2.000 plazas de capacidad, en los nodos estratégicos a lo largo de la línea. El usuario del transporte público puede aparcar gratis durante toda la jornada. El ciudadano que utilice ocasionalmente estos aparcamientos pagando 3€ tiene derecho a 4 viajes en transporte público y a estacionar el vehículo durante toda la jornada.
· Una política de tarifas atractiva. Se ha mantenido el mismo precio para el billete del tranvía que el que existía antes de su puesta en servicio. Las tarifas de Clermont Ferrand, muy comunes en el resto de Francia son:
o 1,30€ un trayecto
o 9,90 € carné de 10 billetes
o 36,40 abono mensual.
o 354€ abono anual.
o 210€ abono anual para jóvenes estudiantes menores de 26 años.
o 159€ abono escolar.
Los abonos dan derecho a viajes ilimitados.

La gestión del transporte público está encomendada a T2C, empresa mixta de mayoría pública cuyo capital detenta:
· 65% el SMTC
· 25% Caja de Ahorros de Auvergne
· 8% Cámara de Comercio e Industria
· 2% Asociación deportiva y cultural de los trabajadores del transporte público en Clermont.

Los costes de explotación del conjunto del transporte público alcanzan 44 millones de euros. La recaudación obtenida por la venta de los billetes de transporte cubre el 25% de los costes de explotación.
El déficit de explotación, la amortización de inversiones y del crédito concertado, y la realización de nuevas inversiones se satisfacen con una tasa que están obligados a pagar todas las empresas con más de 9 trabajadores en plantilla. El importe de la misma es el 1,7% de la masa salarial.

Visto el éxito obtenido por el tranvía, Clermont Ferrand ha decidido comprar 6 nuevas unidades, ampliar la línea existente en 2 kilómetros y proyectar una nueva línea transversal a la actual.

Aparicio no cumple sus compromisos

La decisión unilateral de Aparicio de no aplicar el acuerdo va en contra de sus propios actos y se hace sin cumplir las formalidades legales necesarias. Como en tantas ocasiones, Aparicio firmó el polémico acuerdo anteponiendo sus intereses electorales a los de los burgaleses. Si ahora el PP considera que el acuerdo no es bueno para el Ayuntamiento, debe reconocer que se equivocó. No le queda otro remedio que cumplirlo o declararlo lesivo y llevarlo a los tribunales.

Al margen de la opinión que cada cual tenga respecto al contenido del acuerdo, al Ayuntamiento le causa más daño que Aparicio incumpla su palabra que la aplicación misma de los compromisos adquiridos. Las relaciones humanas, incluidas las laborales, se fundamentan en la lealtad mutua, la buena fe y el valor de la palabra y de las obligaciones contraídas. Difícilmente se puede creer y negociar nada con quien no cumple sus compromisos y no respeta la palabra dada.

El Grupo Socialista advirtió que el contenido del acuerdo suponía un incremento del gasto de personal muy importante. El PSOE fue leal y respetuoso con los resultados de una negociación, en la que no participó, entre Aparicio y los empleados municipales. Por este motivo, votamos a favor.
Incomprensiblemente, un año después de firmado y de aplicado el acuerdo en todos los servicios municipales, Aparicio solicita informe jurídico. La pregunta es por qué no lo solicitó antes de llevarse a efecto la firma. La respuesta es clara: Aparicio sabía que, de emitirse, seguro que con contenido idéntico al ahora conocido, no se hubiera aprobado.

El único aval con el que contó el acuerdo firmado fue el de la jefa del Servicio de Personal, funcionaria de confianza del PP. El trabajo realizado por la jefa de Personal le mereció tanta consideración a Aparicio que la ha ascendido a Gerente de Urbanismo, uno de los puestos más importantes del Ayuntamiento.

Aparicio no puede escudarse ahora en un informe para incumplir el pacto alcanzado en su día. Si entonces lo consideró bueno, debe explicar ahora qué le ha hecho cambiar de opinión. La credibilidad del Ayuntamiento está en juego.