La Junta de Castilla y León debe cumplir con su obligación de construir una nueva residencia de ancianos

No creo que este proyecto estrella durante las dos legislaturas de Aparicio no se pueda llevar a cabo porque al Ayuntamiento se le olvidó enviar el contrato a la empresa que ganó el concurso. Desde el año 2003 se viene hablando de este proyecto, que ha necesitado dos concursos públicos y que es uno de los que más espacio ha ocupado en los medios de comunicación. Mucho dinero e importantes esfuerzos ha dedicado la Corporación a este expediente como para que nos tengamos que creer que no se ejecuta por descuido. Esta excusa sólo sería creíble si se hubiera cesado al concejal responsable y el alcalde hubiera exigido responsabilidades. De otra manera, ¿qué respeto le merecen los burgaleses a Aparicio?

Mas bien creo que esta renuncia es fruto del acuerdo entre empresas y el PP. Cuando gobernó Aznar, se paró de golpe el proceso de reducción de las desigualdades iniciado en España en la década de los ochenta y aumentó nuestro déficit con relación al resto de Europa. El gasto en protección social en España, medido en porcentaje del PIB, es el menor de la Unión Europea (15). España tiene uno de los niveles más bajos de cobertura de servicios domiciliarios para las personas mayores (1,5% de los mayores de 65 años). Esta cifra se encuentra muy por debajo de otras experiencias europeas, como Dinamarca (con el 24% de los mayores de 64 años cubiertos), Suecia (17%), Holanda (9,5%) o Reino Unido (5,52%).

Las plazas de residencias públicas para personas mayores son manifiestamente escasas. La lista de espera en Burgos es de 2.500 personas pendientes de ingresar. La Junta de Castilla y León, desde que ha recibido esta competencia, no ha creado ni una nueva plaza pública. Se limita a concertar con las empresas privadas que, como todo el mundo sabe, no ofrece la misma calidad de servicio ni sus precios son asequibles para la mayoría.

Ahora es el momento de que el PP demuestre de verdad que tiene una política de familia. Si fuera cierto que ha habido negligencia municipal, la solución idónea sería que el Ayuntamiento cediera gratuitamente la parcela a la Junta para que construyera una nueva residencia.

La lotería municipal

Participar en los concursos para la realización de las obras municipales es algo muy semejante a jugar a la lotería, con el añadido de que, en este caso, existe una sensación generalizada de que las bolas están marcadas.

Por regla general, no es el precio, ni la solvencia técnica, ni la creación de empleo los factores que determinan la adjudicación. La puntuación obtenida en algo tan difuso como el Plan de Obra o las mejoras, que nadie sabe cómo se valoran y, sin embargo, son los criterios que inclinan las adjudicaciones a favor de una empresa u otra.

Veamos dos ejemplos recientes. En la adjudicación del Proyecto de Renovación de Pavimentos en la Calle Villalón (tramo del Paseo de la Isla-calle Benedictinas de San José), se han otorgado 5 puntos a la iluminación de 3 pasos de peatones, cuyo coste es de 3.000 euros, mientras que a otra empresa  se le valora con 0,5 puntos la reposición de unos pavimentos por un valor de 45.000 ?.

En este mismo concurso, se valora con 2 puntos duplicar la cantidad destinada a control de calidad del proyecto. Sin embargo, en el concurso de Acondicionamiento de Rebajes de bordillos en el Barrio de Gamonal, a una empresa que triplica la cantidad destinada a control de calidad, la puntúan con 0,5 puntos y a otra que la duplica, 0,25.

Con Aparicio de alcalde, el Ayuntamiento de Burgos se ha convertido en el reino de la arbitrariedad. Los concursos públicos carecen de la objetividad exigible y la inseguridad jurídica es total.

Todos estos proyectos se realizan gracias a los fondos especiales arbitrados por el Gobierno que buscan, como finalidad fundamental, generar empleo. En estos proyectos este factor no se tiene en cuenta. Es un fraude al Estado y una burla a todos los desempleados.

                                                           Burgos, 23 de febrero de 2009

 

 

La importancia de Burgos no depende de la fusión de las Cajas

Nuestra economía, y no la fusión de las Cajas, es la que nos convierte, de hecho, en la capital financiera e industrial de Castilla y León. Las Cajas de Burgos deben decidir lo mejor para su futuro y para salvaguardar los intereses  de sus impositores y de la sociedad a la que sirven. En esta decisión, han de primar los criterios económicos y no los políticos. 

Son muchos los expertos en finanzas que vaticinan que, en el futuro, las 45 Cajas de España quedarán reducidas a menos de seis importantes, y un número inconcreto de pequeñas entidades con una capacidad limitada para atender, a precios elevados, las necesidades de las familias y de las pequeñas empresas.

Si las Cajas de Burgos quieren tener capacidad económica real para resolver los problemas de nuestra ciudad y de nuestras empresas a unos precios competitivos, y seguir consolidando y desarrollando una obra social cada vez más ambiciosa e importante para la provincia, deben buscar alianzas con otras entidades.

En mi opinión, este proceso, si así se decide, se debe desarrollar con Cajas de otras regiones. En el felizmente finiquitado proceso de integración de las Cajas de Ahorro de Castilla y León nadie ha sido capaz de explicar las presuntas necesidades económicas que lo justificaban. Son motivos estrictamente políticos. A los burgaleses no nos interesa este proceso porque las Cajas de Burgos son las que más pierden y no ganan nada.

Caja Castilla  la Mancha y Unicaja -cualquiera de ellas es mayor que Caja de Burgos y Cajacírculo juntas- han iniciado conversaciones para unirse. Para ello, cuentan con el beneplácito de las autoridades políticas de Andalucía y de Castilla la Mancha. Este es el camino.

La Junta de Castilla y León se niega a autorizar este tipo de alianzas con otras Cajas que no sean de la región. Esta es la dificultad que hay que vencer para que las Cajas de Burgos puedan defender sus intereses con criterios exclusivamente económicos. Cualquier decisión que se adopte debe garantizar el menor coste social posible y que la obra social permanezca vinculada a la ciudad y a la provincia.

Es ilegal financiar inversiones con la venta del suelo público

La utilización del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) para financiar inversiones supone renunciar a intervenir en el mercado del suelo para impedir la especulación y actuar en contra de una política municipal de vivienda encaminada a satisfacer el derecho constitucional de todos los ciudadanos a disponer de una vivienda digna. 

El equipo de Gobierno de Aparicio ha despilfarrado este suelo para hacer rotondas y otras inversiones, en muchas ocasiones innecesarias. Su persistencia en el error ha provocado que los tribunales hayan anulado los presupuestos de 2004, 2005, 2006 y 2007 y, seguramente, también se anule el de 2008. A los burgaleses que necesitan una vivienda, Aparicio les debe 23 millones de euros que ha destinado, ilegalmente, a otras finalidades. 

Este debate ha sido zanjado por el Tribunal Supremo que, en diferentes sentencias, ha declarado que el dinero obtenido por la venta del suelo público sólo puede destinarse a conservar e incrementar el PMS. Sus argumentos son tan consistentes que no es necesario hacer más comentarios. El Tribunal Supremo dice: “no es justo ni coherente con el contenido del art. 47 de la Constitución que las Entidades Locales utilicen sus terrenos para resolver sus problemas de financiación, ni para la realización de otros intereses urbanísticos, siendo la esencia de la institución que se utilice por la Administración para intervenir en el mercado de terrenos removiendo los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (art. 9.2CE)”. 

También se debate sobre el destino al que se puede destinar el suelo público. En mi opinión, el uso debe ser la construcción de viviendas con algún régimen de protección y, sólo excepcionalmente, a otros usos de interés social conforme prevé la legislación. Pero, lo que está muy claro en la ley es que si el suelo público se enajena lo que se obtenga debe ser reinvertido en el propio PMS. 

Este asunto está claro en la Constitución y las leyes. Sólo falta que el PP cumpla la ley.

La integración de las Cajas no es el principal problema de Castilla y León

Supongo que esta afirmación es compartida prácticamente por todos los ciudadanos, incluidos los procuradores regionales.

Sin embargo, el reflejo que este asunto tiene en los medios de comunicación y la atención que está mereciendo en diferentes instituciones parece indicar todo lo contrario. Tal vez ello sea una confirmación de ese dicho que afirma que en política el tiempo que se dedica a los asuntos es inversamente proporcional a su importancia.

Este proceso está generando unas tensiones y fracturas sociales muy importantes. Partidos políticos y organizaciones sindicales divididas, enfrentamientos territoriales agudizados  e importantes pérdidas de energías que se distraen de la gestión ordinaria de la vida política y de las entidades financieras, son los resultados obtenidos hasta ahora en este proceso.

Repito lo que he dicho hace tiempo; lo más razonable es cerrar inmediatamente este proceso y dejar que cada Caja reflexione sobre su presente y sobre su futuro teniendo en cuenta exclusivamente los intereses de sus impositores sin que inconfesados intereses políticos modifiquen decisiones que deben estar inspiradas, exclusivamente, en criterios económicos y de gestión empresarial.

Los presupuestos municipales no son buenos para afrontar la crisis

En la situación de crisis económica que vivimos, los presupuestos municipales no cumplen con los que, en mi entender, debieran ser sus objetivos prioritarios: la lucha contra el desempleo y la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a lograr una ciudad competitiva. 

El presupuesto destruye empleo, rebaja la calidad del mismo e incrementa los gastos de personal al privatizar servicios públicos. Además, es insolidario con los desempleados, que verán cómo Aparicio desaprovecha los 31 millones de euros procedentes del Gobierno de la Nación al no invertirlos en proyectos en los que prime la contratación masiva de mano de obra. 

La crisis ha agudizado problemas endémicos de la ciudad. Hay muchos burgaleses que necesitan vivienda. Tal vez hoy no podrían comprarla, pero sí acceder a una pública en alquiler. Es, por tanto, el momento de invertir en vivienda pública en alquiler, pues además de constituir una solución para aquellas personas que necesitan una vivienda a precios asequibles y no la pueden adquirir, contribuiría a paliar la fuerte caída de actividad que están sufriendo las empresas de la construcción. 

De la crisis debemos salir fortalecidos. Aparicio ha optado por realizar obras que le proporcionen réditos electorales a corto plazo. Seguramente obtendrá beneficios, pero la ciudad saldrá perdiendo. Proyectos como la renovación del pavimento en la calle San Lorenzo, la construcción de nuevas oficinas municipales o la edificación del consulado joven son un claro ejemplo de cómo despilfarrar fondos públicos. 

Lamentablemente, los presupuestos de 2009 no actuarán con la intensidad debida sobre infraestructuras básicas y necesarias para que la ciudad sea más competitiva. La construcción de un nuevo puente sobre el Arlanzón a la altura del centro penitenciario para cerrar la circunvalación interior, el bulevar ferroviario, la remodelación integral de todo el transporte público y la implantación del tranvía o la ampliación de la depuradora son actuaciones urgentes que no reciben la atención adecuada.

Cuarta anulación de los presupuestos municipales

Los presupuestos municipales de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 han sido anulados por los tribunales por dedicar el producto de la venta del suelo público a fines no amparados por la Ley.

Todos los presupuestos elaborados por Aparicio han sido ilegales. No tengo ninguna duda de ello porque los de 2008 y 2009 incurren en las mismas irregularidades que los anteriores.

Las resoluciones judiciales son claras. El fruto de la enajenación de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) sólo se puede dedicar a la conservación y ampliación del PMS que tienen como finalidad la realización de una política de suelo orientada a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de la regulación del mercado de terrenos de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y de forma que la comunidad participa de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Como dice el Tribunal Supremo en sus sentencias “no es justo ni coherente con el contenido del art 47 de la Constitución que las Entidades Locales utilicen sus terrenos para resolver sus problemas de financiación, ni para la realización de otros intereses urbanísticos, siendo la esencia de la institución -en cuanto vinculada al art 47 CE y en el marco de un Estado social (art 1.1 Constitución) como el nuestro- que se utilice por la Administración para intervenir en el mercado de terrenos removiendo los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (a& 9.2CE)”

Al PP nunca le ha preocupado la lucha contra la especulación ni desarrollar una política efectiva de vivienda. Cuando ha tenido oportunidad, en el Gobierno de la Nación y en el Ayuntamiento, su política ha fomentado la especulación y la privatización, de hecho, de la política urbanística.

En estos años se ha despilfarrado el suelo público. Se han obtenido 23 millones de euros por su venta que se han dedicado a rotondas o urbanizaciones, muchas veces innecesarias, en el centro de la ciudad. 23 millones de euros que se tenían que haber destinado a una política eficaz de construcción de viviendas de protección pública se han utilizado para satisfacer los intereses electorales del PP.

Ante esta sentencia la reacción de Aparicio ha sido la habitual: ha culpabilizado a las víctimas de sus irregularidades. Se atreve a criticar a quien exige el cumplimiento de la legalidad y solicita el amparo de los tribunales ante su contumacia en el error. Es lo típico en posturas intolerantes. En lugar de culpabilizar a las víctimas Aparicio debiera pedir perdón a todos los burgaleses que no han podido obtener una vivienda digna por su política, rectificar los presupuestos de 2009 y hacer una política de promoción de viviendas públicas, fundamentalmente en alquiler, eficaz.

Herrera anima a los burgaleses en contra de la integración de las Cajas de Ahorro

Si algún burgalés tiene todavía dudas sobre el proceso de integración de las Cajas de Ahorro puede leer la entrevista a Herrera que hoy publica Diario de Burgos y comprobará que todo el proyecto tiene como único sustento una fe ciega en sus palabras. Ningún argumento racional, ninguna idea.

Dice que hay que dotar a Castilla y León de un sistema  financiero más fuerte y comprometido con la región. No dice para qué ni los objetivos que se pretenden alcanzar. Tampoco dice por qué estos inconcretos objetivos no serían alcanzables si se pretendieran integraciones con otras entidades que no son de Castilla y León. También podrían plantear las entidades financieras presentes en la región que obtienen sus pasivos aquí si el presidente de la Comunidad no las considera comprometidas con Castilla y León que sería tanto como invitarlas a que dejaran de trabajar en nuestra comunidad autónoma.

Habla de respeto y, incumpliendo su papel institucional, critica a Caja del Círculo por actuar autónomamente.

Además se muestra intolerante y da la razón a los que dicen que este es un proceso impuesto cuando afirma que “no vamos a consentir la preferencia que algunos expresan en voz baja de buscar alianzas con cajas de otras comunidades”. Si lo que Herrera pretende es el fortalecimiento de las cajas ¿qué problema puede existir en que Caja de Ávila llegue a acuerdos con Caja de Madrid si así le interesa?. Yo no tengo dudas de que a Burgos le resultaría más interesante llegar a acuerdos con otras cajas de ahorro que fueran mejores que las nuestras y que nos aportaran nuevos mercados antes que integrarse con aquellos con los que compartimos espacios y riesgos.

Herrera, una vez más, proporciona argumentos en contra del proceso de integración de las Cajas de Ahorro que él propone. 

Más centralismo en Valladolid

Leo con preocupación la nota publicada por el servicio de oncología médica de Burgos con motivo de la creación en el hospital Río Ortega de Valladolid de la Unidad de Consejo Genético de cáncer hereditario desmembrando la unidad existente en Burgos.

Por la Junta se alega que de esta manera se prestará mejor servicio a los pacientes. No me creo el argumento. No sólo por lo dicho por los especialistas en cuanto que al disminuir la población atendida empeorará la calidad sino porque estoy seguro de que esta decisión se ha adoptado para ir generando un nuevo servicio de referencia regional en Valladolid tal y como en su día se hizo con los bancos de sangre, la cirugía pediátrica y tantos otros.

Nadie ha demostrado, ni siquiera se han molestado en intentarlo, que la centralización de servicios públicos incremente su eficiencia. Depende de las circunstancias.

Mucho menos se ha demostrado que, si fuera necesaria, esta centralización necesariamente deba realizarse en Valladolid. La realidad es que el centralismo responde exclusivamente al afán del poder de tener controlado todo lo que se mueve y de la mayor influencia que tienen aquellos que están cercanos a los centros de decisión.

La política seguida por el PP en la Junta de Castilla y León provoca la creciente desafección de muchos burgaleses hacia la Comunidad Autónoma. Comparto su sensación. Yo tampoco estoy cómodo en una comunidad autónoma gobernada por un partido popular que no sabe y no quiere descentralizar para acercar la administración a los ciudadanos y fomentar un espíritu regional fuerte y cohesionado.

No es necesario pedir la aplicación de la llamada Ley de grandes ciudadades

Realidades diferentes exigen una regulación distinta. Esta es la filosofía inspiradora de La Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, que rompe con el uniformismo que ha caracterizado al régimen local español. Según esta norma, son municipios de gran población los que superen los 250.000 habitantes o las capitales de provincia que cuenten con más de 175.000.

 

La Ley puede aplicarse también a las capitales de provincia que no tengan este número de habitantes si así lo aprueban las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas a iniciativa de los ayuntamientos. Esta es la norma que permitiría que las disposiciones de las grandes ciudades fueran aplicables a Burgos.

 

La contestación a esta pregunta exige analizar si esta norma posibilita un funcionamiento más eficaz del gobierno y la administración y si se produciría una mayor profundización en la democracia municipal.

 

A quienes consideran que no debe aplicarse esta Ley porque es muy cara, les recordaría aquellas palabras de Machado de que solo los necios confunden el valor con el precio. Ese no es un argumento democráticamente válido.

 

Burgos no necesita que se aplique esta Ley porque la gestión ordinaria del día a día demuestra que el Ayuntamiento no precisa la creación de nuevos órganos ni dotar a los existentes de nuevas competencias para conseguir una mayor eficacia.

 

También es innecesario que se apliquen las disposiciones que regulan la participación ciudadana porque la ciudad se dotó de un Reglamento que reconoce derechos más avanzados que los previstos en la Ley. Ciertamente, estos no son respetados por el equipo de Gobierno actual pero, al igual que los reconocidos en la Ley, también son exigibles ante los tribunales de justicia, por lo que no se adelantaría nada en esta materia con la aplicación de la Ley de grandes ciudades.