El Ministerio de la Vivienda ha firmado un convenio con los ayuntamientos de Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, La Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas para poner en marcha la experiencia piloto contra el acosoinmobiliario.
Los convenios se enmarcan en el compromiso adquirido el pasado mes de diciembre entre la ministra de Vivienda y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias para llevar a cabo actuaciones y programas conjuntos contra el acoso inmobiliario.
El Ministerio pone al servicio de los ayuntamientos que firmen el protocolo un servicio telefónico gratuito (900 900 707) al que cualquier víctima puede llamar. La primera solución a los problemas cotidianos de la gente en muchos casos está, sencillamente, en tener a alguien a quien llamar para explicar su problema. Posteriormente, el Ministerio pondrá en conocimiento del municipio de manera inmediata el caso y el Ayuntamiento lo estudiará y buscará asistencia social y jurídica gratuitas para el afectado. Los ayuntamientos que han firmado el convenio y los que se sumarán en breve, pondrán en marcha las actuaciones necesarias para dar asistencia, asesoramiento y apoyo a las víctimas del acoso inmobiliario, en colaboración con todas las Administraciones Públicas, asociaciones ciudadanas y colegios profesionales que sumarán sus esfuerzos.
El llamado mobbing inmobiliario ha adquirido tal dimensión que ha merecido la atención de Naciones Unidas. El relator especial para la Vivienda de Naciones Unidas Miloon Kothari ha declarado que "el estado del mobbing inmobiliario en España es particularmente grave y representa una vergüenza para el país, ya que no se registran casos tan graves en otras regiones del mundo desarrollado". También dijo que, junto con el acoso inmobiliario, "la falta de viviendas de protección oficial, la necesidad de promover el mercado de alquiler y el alto porcentaje de fincas vacías son otros de los problemas que hay que resolver".
No me ha extrañado la ausencia del Ayuntamiento de Burgos en este convenio. No porque a Aparicio le cueste viajar a Madrid, sino porque en este problema el Ayuntamiento que él gobierna siempre esta de acuerdo con el acosador.
Mucha población tradicional ha sido silenciosamente expulsada del casco histórico. Muchos inmuebles se deterioran con la complicidad municipal, que hace caso omiso de denuncias y tolera que los propietarios de los inmuebles no cumplan con sus obligaciones de conservación y mantenimiento de los edificios. La pasividad municipal culmina con un expediente de ruina en el que el Ayuntamiento fácilmente declara la ruina económica o técnica del edificio. La complicidad municipal con los promotores llega hasta el extremo de asumir sus intereses particulares como si fueran públicos para facilitarles la expulsión de los propietarios de las viviendas como está sucediendo en la Plaza de Vega.
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