El "burka", la sanción y la persuasión

Las iniciativas tendentes a prohibir el uso del "burka" en la vía pública están de actualidad. La pasión que desata esta cuestión está dificultando un debate sereno sobre un asunto tan importante.

Juan Guerrero Galguera, catedrático de Derecho Eclesíástico, publicó en El País el artículo que comparto y reproduzco:

"El 'burka', la sanción y la persuasión
JUAN FERREIRO 18/06/2010

Los debates, como las lluvias, aparecen a veces en momentos inapropiados. Pero, una vez que se encarnan, deben abordarse con razones y argumentos para evitar que se malogren con prejuicios y tópicos. La repentina aparición del debate sobre la prohibición del velo integral (burkas y niqabs) en la agenda política de varios Ayuntamientos ha sido a mi juicio inoportuna. Lo lógico es que un debate surja para arrojar luz sobre un problema que se ha de resolver. Sin embargo, aunque el uso del burka es prácticamente inexistente en España, algunos han optado por la vía preventiva: poner la venda antes que la herida.

Pudiera ser que la causa de la repentina irrupción de este debate fuese una mera inercia plagiadora respecto a lo que está aconteciendo en Bélgica y Francia, donde existe cierta ansiedad por definir la identidad nacional. Pero no creo exagerar si afirmara que, en nuestro caso, concurre un poderoso componente electoralista.
Forzado o no, el debate ya está servido. Evadirlo sería perder una oportunidad de reflexionar sobre las esencias del Estado de derecho y lograr que las genéricas declaraciones de respeto, tolerancia y libertad que flotan en el firmamento constitucional desciendan a la tierra adquiriendo así un rostro más visible, más humano. Es menester, pues, que partidarios y detractores, no del burka sino de su prohibición, esgriman con sosiego sus argumentos, no solo para que las soluciones que se adopten estén sólidamente cimentadas, sino también para evitar que el legítimo debate sobre un asunto tan delicado sea secuestrado por aquellos más preocupados por réditos electorales que por profundizar sobre un tema con connotaciones humanas tan sensibles.

Los que han izado la bandera de la prohibición han vertido sus argumentos en torno a dos ejes: la defensa de la dignidad de la mujer y la seguridad ciudadana.

1. El respeto a la dignidad de la persona no solo constituye la infraestructura jurídica sobre la que se asientan los derechos humanos sino que, como reza la Carta Magna, es "fundamento del orden político y de la paz social". Empero, no podemos olvidar que la "dignidad de la persona" no solo es un concepto jurídico sino también un concepto social o moral más amplio y moldeable que el jurídico, que por su propia naturaleza ha de ser más estable y de mínimos.

Hay actitudes humanas que aunque puedan ser consideradas indignas desde un punto de vista social o moral son perfectamente lícitas en términos jurídicos, y por tanto, si los poderes públicos pretendieran penalizarlas vulnerarían el "libre desarrollo de la personalidad" que según la Constitución es uno de los "fundamentos del orden político y de la paz social".

La decisión de una persona de convivir con una pareja que la desprecia y humilla puede merecer la censura social, pero los poderes públicos no pueden obligarla a deponer esa actitud social o moralmente indigna. Para algunos, ejercer la prostitución o decidir abortar constituye un acto inmoral. Sin embargo, la ley no solo no castiga al que decide libremente vender su cuerpo sino que reconoce el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo en las condiciones legalmente previstas.

En otras palabras, esos comportamientos pueden atentar contra la dignidad de la persona desde una perspectiva moral, pero no desde un punto de vista estrictamente jurídico. Lo que en todo caso es jurídicamente indigno, y punible, es obligar a una persona a convivir con otra en contra de su voluntad, forzarla a prostituirse u obligarla a interrumpir un embarazo, porque supondría agredir la libertad de los demás que, como recalca la Carta Magna, es uno de los "valores superiores" del ordenamiento.

Siguiendo ese mismo criterio jurídico es evidente que la persona que obligase a una mujer a llevar un velo integral debe soportar sobre sí todo el peso de la ley. Pero, aunque nos resulte pintoresco, ¿y si es la mujer la que voluntaria y libremente decide llevarlo? ¿Está conculcando con esta decisión su propia dignidad como persona? Y si acordamos que es así, ¿merece ser castigada por ello? ¿Es eso coherente con la libertad?

Es indudable que al llevar un burka o un niqab la mujer está amputando su posibilidad de relación con los demás y, por tanto, su capacidad de crecer como ser social. Nadie ignora las connotaciones denigratorias que el burka o el niqab llevan consigo. No podemos desvincular esas prendas de lugares como Afganistán o Chechenia donde, por ser obligatorio, su uso enmascara una condición de esclavitud o al menos de sumisión. Pero nuestro debate se ha de centrar en el uso del burka o del niqab por ciudadanas de España que hubiesen decidido libremente llevarlo por la calle, o aquellas que aunque habiéndolo decidido sospechemos que no son tan libres.

Ante la hipótesis de que porten esas prendas influidas por una costumbre machista, si queremos realmente ayudar a esa ciudadana a zafarse de esas inercias de sumisión, ¿no será mejor extremar la información, el diálogo y la persuasión, que son los resortes de la democracia? ¿No será mejor redoblar las políticas de género, construir vías de acercamiento y mediación que disuadirla por la vía de las sanciones, como si en vez de una víctima fuese una agresora? ¿Nos preocupa más la imagen social o la suerte de un ser humano?

2. El argumento del orden público parece a priori el más sólido para vedar el uso del velo integral. Pero entiendo que, al menos por el momento, no hacen falta nuevas normas punitivas para que una persona con el rostro cubierto deba identificarse en la vía pública cuando así lo exija la policía o cuando, también por razones de seguridad, se le solicite para entrar en establecimientos públicos.

Una sociedad que antepone la sanción a la convicción es una sociedad insegura. El poder coactivo solo se debe aplicar cuando sea absolutamente necesario. Multar o sancionar a la mujer que porta en la calle un burka o un niqab podría acarrear, además, efectos perniciosos. En primer lugar, en el supuesto que la mujer lo lleve por imposición, se estaría castigando no al verdugo sino a la víctima. En segundo lugar, la multa o sanción le generaría un miedo y una desconfianza que le induciría a replegarse en su ámbito doméstico, donde presumiblemente no respiraría un ambiente de libertad, cegando así su único puente hacia la integración que es la calle. En tercer lugar, la prohibición no asimilada podría generar un efecto dominó, de modo que en vez de acabar con la decena de casos que debe haber en España los podría multiplicar en poco tiempo.

Como la inmensa mayoría de los ciudadanos, me horroriza que las mujeres lleven burka. Pero si alguna ciudadana decidiese voluntariamente llevarlo, creo que sería más eficaz la vía de la mediación y el diálogo que la sanción y el miedo. Creo que por tratarse de un tema tan sensible, por su vinculación con la dignidad de la persona y el orden público, si se decidiese optar por la prohibición no debieran ser los Ayuntamientos sino el Parlamento. En ese caso, a los que todavía confiamos en los recursos de la libertad, a los que preferimos la persuasión a la estaca, nos queda al menos el derecho a la palabra.


Juan Ferreiro Galguera, catedrático de Derecho Eclesiástico, es ex subdirector de Asuntos Religiosos."

El despropósito sanitario del PP

En el año 2005 Juan Vicente Herrera dijo que el 29 de junio de 2009 ingresaría el primer paciente en el nuevo hospital.

Exultante porque había conseguido privatizar una parte muy importante de la sanidad pública, a Herrera se le nubló el juicio creyéndose los falsos e inconsistentes argumentos que había esgrimido para defender que el nuevo hospital de Burgos fuera gestionado por empresas privadas.

Las promesas de Herrera no se han hecho realidad y, de momento, ya llevamos un retraso de un año.

Lo grave de la situación es que el Consejero de Sanidad diga que el no es el responsable de la construcción del nuevo hospital y se niegue a facilitar información a la opinión pública sobre las nuevas previsiones de su entrada en funcionamiento.

La inquietud en la sociedad burgalesa y, en especial, entre los profesionales sanitarios, es generalizada. Las declaraciones del Consejero incrementan nuestra preocupación. ¿Qué ocultan? ¿No le parece a Herrera que los burgaleses tenemos derecho a conocer los problemas que existen en la construcción del nuevo hospital y a saber cuándo va a ser terminado?.

Herrera debe dar explicaciones urgentemente. El día de San Pedro, que se cumple el aniversario de su promesa incumplida, puede ser un buen día para que dé explicaciones públicas.

¿Será verdad?

La insistente petición del PSOE y de muchos burgaleses de que se construya un nuevo pabellón multiusos sustituyendo a la actual plaza de toros parece que continua avanzando.
En el pleno celebrado el 12 de marzo se aprobó la propuesta del PSOE (http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20100313/acuerdo/elaborar/anteproyecto/plaza/toros/multifuncional/54874689-AFBE-EFCE-4FD8AABA1C41E656) aunque con la matización, por parte del PP, de que había que esperar a la realización de un estudio sobre el estado de la actual plaza de toros.

Una vez presentado el estudio Aparicio decepcionó a los burgaleses ilusionados con este proyecto y anunció que la nueva plaza de toros debería esperar a la próxima legislatura. (http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20100507/solucion/plaza/toros/no/abordara/legislatura/6F8903F1-B64E-373C-C4AB3613CDC20592).
Continuamos insistiendo (http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20100524/deportes/no/sabe/donde/atacar/C6BFC053-BE86-2563-327AFB8EBC6F4611) (http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20100607/psoe/insiste/necesidad/pabellon/multiusos/131B25B9-004B-603B-113404F0A716E082) (http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20100529/psoe/pide/ahorrar/obras/isla/consulado/hacer/arena/E0B4CCAD-CF92-6925-6D6B06D440CD4376) consiguiendo que Aparicio rectificara anunciando que ha encargado ya el anteproyecto para la construcción de este nuevo pabellón.

Que el encargo se haya realizado a la empresa que habitualmente realiza estos proyectos es muy mala señal. Es una obra muy singular por lo que se debiera aprovechar para realizar buena arquitectura seleccionada entre diferentes propuestas.

Que Aparicio haya realizado este anuncio cuando ya conocía la proposición que había anunciado el PSOE para que el pleno exigiera nuevamente la construcción de este nuevo pabellón desvela el carácter poco democrático de Aparicio y su manera de actuar en política. Sólo le interesa la política como espectáculo mediático.

Es preocupante que se realice este anuncio sin prever la financiación necesaria para poder hacerle realidad. Esperemos a ver cual es la postura del PP ante la proposición del PSOE que sí prevé la financiación necesaria para ejecutar este proyecto tan necesario para la ciudad.

Comprobaremos si el PP quiere construir cuanto antes un nuevo pabellón multiusos o si quiere perder el tiempo para aguantar sin resolver este problema hasta las próximas elecciones.

Un pabellón provisional no es la solución

El gobierno municipal es incapaz de apostar por el futuro. Siempre va a rastras de los acontecimientos parcheando soluciones que incrementan innecesariamente el gasto público.

Si Aparicio hubiera atendido las propuestas que hace años le hicimos, en este momento ya tendríamos en servicio un nuevo pabellón multifuncional en el que se hubieran podido celebrar los partidos de baloncesto de la liga de ascenso a la ACB que en este momento disputa el Autocid.

Se ha gastado mucho dinero durante estos últimos años en obras que no eran prioritarias. Con una parte de esta inversión se podría haber pagado el nuevo pabellón. Esta sí que hubiera sido una inversión de futuro y no la repavimentación continua de calles que no lo necesitaban.

Burgos necesita esta instalación con equipo en la ACB o sin él. No disponer de la misma está merma nuestras posibilidades de desarrollo como se está demostrando ya que durante estos años estamos creciendo menos que las ciudades lo hacen ciudades próximas.

El buen gobernante demuestra que lo es si es capaz de actuar previendo el futuro. Aparicio ha demostrado que no lo es porque sólo se ocupa de las actuaciones que puede “rentabilizar” electoralmente cada cuatro años.

Así, si se cumple la aspiración de los burgaleses y el Autocid ascienda a la ACB tendremos que malgastar mucho dinero en una instalación provisional. Todo por falta de previsión y por no querer escuchar las opiniones ajenas.

El general Aparicio

Al alcalde le gusta apuntarse como propios los méritos de otras administraciones públicas. De esta manera oculta que gran parte de las inversiones que se están realizando en la ciudad las está pagando, íntegramente, el Gobierno de España.

Este afán acaparador se ha extendido hasta la pretensión de que el Ejército incumpla las normas legales que le vinculan exigiendo que en la fiesta de El Curpillos la banda militar interprete el Himno Nacional rindiendo honores en una manifestación de hondo contenido religioso.

Aparicio debiera ser más respetuoso con las normas legales y con los burgaleses que profesan otra religión diferente a la católica o que no tienen ninguna convicción religiosa.

La tradición no puede esgrimirse para violentar valores constitucionales que unen a todos los españoles.

El respeto a los símbolos comunes o a los valores que son compartidos por muchos ciudadanos implica que no se utilizan en contra de los demás. El Himno Nacional es de todos. La Religión Católica es ampliamente mayoritaria en Burgos. La actitud de Aparicio lo único que consigue es perjudicar a este patrimonio común.