Esta es una vieja idea que, al menos, desde el año 2000, viene proponiendo el Colegio de Arquitectos de Burgos. Ahora es posible hacerla realidad gracias a que el Gobierno de la Nación ha seleccionado el proyecto presentado por la ciudad de Burgos a la iniciativa europea Urban.
El centro histórico necesita plazas de aparcamiento para residentes. Con esta posibilidad, se incrementará el atractivo para residir en esta zona y se conservará mucho mejor nuestro patrimonio, pues es el uso que realmente posibilita una rehabilitación real.
Este proyecto se debiera afrontar cumpliendo una serie de requisitos. En primer lugar, realizando un estudio técnico serio que garantice la integración del aparcamiento en la ladera del castillo sin perjudicar el entorno natural y las murallas.
En segundo lugar, otro estudio debe determinar su viabilidad y detectar la demanda real y los precios que serían asumibles teniendo en cuenta las características sociológicas de los residentes de la zona. Lógicamente, este estudio ha de diferir considerablemente de las chapuzas realizadas en Lavaderos y Hospital de la Concepción
Comprobada la viabilidad técnica, económica y social de su construcción, habría que convocar un concurso de proyectos para elegir aquel que aportara las soluciones más innovadoras y mejor integradas en el entorno. La mayor parte de los proyectos que ejecuta el equipo de Gobierno del PP los está encargando a dedo con un resultado horroroso. Es indignante que se desaprovechen estas intervenciones en ámbitos de gran calidad urbana por la mediocridad y el amiguismo de quien está gobernando la ciudad. En la mayor parte de los pueblos de Burgos y de España se está practicando mejor arquitectura y urbanismo que el que nos enseña habitualmente Aparicio.
Con la construcción de este aparcamiento han de satisfacerse las necesidades de los residentes y evitar que se produzcan nuevos estímulos para sustituir las viviendas por oficinas. Por este motivo, se debiera garantizar que los usuarios fueran residentes y que las personas físicas y jurídicas no puedan comprar más de dos plazas por vivienda.
