El Defensor del Pueblo incluirá al Ayuntamiento de Burgos en la lista de las administraciones que no colaboran con esta institución que vela por que se respeten los derechos de los ciudadanos.
La ciudad cargará con este oprobio porque Aparicio se niega a cumplir una sentencia firme que declara ilegal un almacén construido en la Ventilla para ampliar una industria existente. Esta actuación, que genera una indudable alarma social, bien merecería la actuación de oficio del Ministerio Fiscal como último recurso para que el alcalde no se ría de las reglas elementales en un Estado de Derecho.
Este asunto es todavía más escandaloso si tenemos en cuenta que esta empresa no tenía ningún problema para cumplir la resolución judicial pues se le vendió suelo en Villalonquéjar III para ejecutar esta sentencia. El colmo es que, con el beneplácito municipal, este terreno ha sido dedicado a la construcción de un centro deportivo.
Está claro que con Aparicio de alcalde, en Burgos cualquier persona que tenga dinero, hará lo que se le antoje con el consentimiento y, a veces, indicación de la máxima autoridad municipal que se ocupa de sus asuntos pero no de los problemas que tiene la ciudad y los burgaleses.
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