El Ayuntamiento debe cumplir la ley y anular el convenio Peña Amaya

El Ayuntamiento incumple reiteradamente la legislación urbanística que regula los patrimonios municipales de suelo. Actúa por la vía de hecho con la pretensión de que los plazos para la resolución judicial de los asuntos conviertan en irremediables sus actuaciones.

 

Lo que el Ayuntamiento debe hacer es bien sencillo: cumplir de una vez por todas la ley. Reproduzco dos párrafos muy significativos de la sentencia que anula este acuerdo: “Hay que señalar que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo es constante al señalar el carácter de "patrimonio separado" de los bienes que integran el del suelo; la imposibilidad de que los ayuntamientos lo conviertan en fuente de financiación de cualesquiera necesidades municipales; el fin de destino de los bienes que lo integran no se identifica con cualquiera de los que constituyen el ámbito de actuación de las entidades municipales sino que es un fin concreto y especifico sin que, en este sentido, pueda hacerse equivaler "interés social" con mero interés urbanístico; es un patrimonio rotatorio y retroalimentado para garantizar, precisamente, su permanencia y el cumplimiento de los fines a los que está destinado.”

 

“Es más, puede decirse que a través del concurso público se permite garantizar no sólo los principios de libertad de concurrencia, publicidad adecuada e igualdad sino que se garantiza mejor el cumplimiento del destino y del fin del bien integrante del Patrimonio Municipal del Suelo que se transmite. Tampoco existe ninguna incompatibilidad entre la transmisión del bien por permuta mediante concurso y la circunstancia de que solamente se haya detectado técnicamente la existencia en la ciudad de un bien que cumpla y satisfaga las necesidades municipales.”

 

Que esta sentencia haya sido recurrida, sólo persigue ganar tiempo porque la jurisprudencia es unánime y existen pocas dudas de que será confirmada. Un Ayuntamiento sensato y democrático procedería a anular la permuta recuperando los bienes municipales y devolviendo a la empresa el colegio Peña Amaya. La empresa afectada pierde un chollo a cuenta de todos los burgaleses y el Ayuntamiento recupera bienes que son de todos. Es la Ley.