Ese es el símil empleado por Raúl Briongos para calificar el convenio firmado en el año 1998 para suprimir el paso del ferrocarril por el centro de la ciudad.
Continuando con el ejemplo, faltaría detallar la investigación realizada para esclarecer este “delito” poniendo nombre y apellidos al autor del robo y a la víctima.
Quien robó el caramelo es Aparicio. En su doble condición de ministro y dirigente provincial del PP en Burgos tenía toda la información para saber la trascendencia del convenio firmado y los graves riesgos que corría el Ayuntamiento. Su responsabilidad se incrementa porque, continuando en el gobierno, se negó a renegociar el convenio atendiendo la petición realizada en el año 1999 cuando el alcalde de Burgos era del PSOE.
La víctima es la ciudad de Burgos que tendrá que pagar más de 145 millones de euros. Para obtener estos ingresos está forzando el mercado inmobiliario encareciendo el precio del suelo y de la vivienda.
Los motivos de este robo fueron las prisas electorales del PP en Burgos que “forzaron” al ministerio a firmar urgentemente un convenio que permitiera “vender” ante la opinión pública que se solucionaba el problema del ferrocarril en Burgos. Como los técnicos del Ministerio no se creían los informes esgrimidos por el Ayuntamiento que habían sido realizados por empresas constructoras, incluyeron la cláusula por la que el Ayuntamiento asumía todo el riesgo de los posibles desfases económicos que se pudieran producir. Estos estudios realizados por empresas privadas han desaparecido sin que exista constancia de los mismos en los archivos oficiales.
Avalar que se incumplan los convenios firmados sin exigir responsabilidades públicas a las personas causantes de evidentes perjuicios causados a los burgaleses fomenta la irresponsabilidad y es incompatible con una democracia madura y estable.
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