Poca transparencia y nulo debate público en la elaboración de los presupuestos municipales

El Ministro Solbes, el pasado 25 de septiembre, presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos 2008 aprobado por el Gobierno.
La Junta de Castilla y León aprobó su proyecto de presupuesto del pasado 5 de octubre.
En ambas cámaras legislativas, durante tres meses, se desarrollan amplios y detallados debates parlamentarios que permiten analizar al detalle todas y cada una de las partidas presupuestarias posibilitando uno de los debates políticos más interesantes de todos los que se celebran en el año. La actividad parlamentaria tiene amplio reflejo en todos los medios de comunicación con lo que los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer las propuestas políticas que son objeto de debate y la incidencia que tendrá en su vida diaria la política presupuestaria que se apruebe.
El alcalde Aparicio tiene la obligación legal, tal y como recogen los artículos 168 y 169 de la Ley de Haciendas Locales, de presentar al Pleno el proyecto de presupuestos antes del día 15 de octubre para que pueda entrar en vigor antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
Sin embargo, en el Ayuntamiento de Burgos todavía no se tiene elaborado el proyecto de presupuestos. Continuando con la práctica de estos cinco últimos años, seguro que en la próxima semana se darán a conocer este proyecto con la pretensión de que sea aprobado inicialmente el 27 de diciembre. Esto provocará, un año más, que el presupuesto no entre en vigor el día 1 de enero de 2008 debiendo prorrogarse el presupuesto de 2007 durante el mes de enero con los perjuicios que esto ocasiona.
Estos hechos demuestran:
· Un gran fracaso en la gestión pública. Contando con mayoría absoluta es incomprensible que los presupuestos no se aprueben en las fechas que la Ley obliga.
· Poco respeto a las leyes. La obligación es clara y sólo el menosprecio de la ley explica la actuación municipal.
· Un escaso talante democrático. Aparicio afronta el debate presupuestario como un trámite del que hay que huir en la medida de lo posible. En contraste con lo que sucede en las Cortes Generales y en las de Castilla y León, en Burgos se obliga a los ciudadanos y a los grupos políticos a estudiar el proyecto de presupuestos en una semana sin posibilidad alguna de debatir en profundidad las diferentes políticas municipales y que los burgaleses puedan conocer las políticas que se pretenden aplicar.