Políticos profesionales que sólo defienden sus intereses.

Las personas que hacen de la política su profesión convirtiéndola en su único medio de vida colocan sus intereses personales por delante de los intereses de los ciudadanos a los que representan, consideran que los valores éticos y morales propios de la política son adornos de los que se pueden prescindir, son unos obsesos de su propia imagen hasta el punto de convertirse en unos títeres fácilmente manipulables por los medios de comunicación y sólo se preocupan en cómo les afectan a ellos sus propios actos de elección en elección.
Viene a cuento esta reflexión porque ahora estamos pagando las consecuencias de las irresponsables decisiones que el PP, Aparicio a la cabeza, adoptó en el año 1998. No se trata de mirar atrás sino de conocer que muchas decisiones que se adoptan en el ayuntamiento despliegan sus efectos durante muchos años por lo que es exigible que los políticos que toman estas decisiones tengan en cuenta sus consecuencias posteriores.
En el año 1998, estando próximas las elecciones municipales y siendo Aparicio parte del gobierno de la Nación y dirigente provincial del PP en Burgos, el PP, sorpresivamente cambia el proyecto de soterramiento del ferrocarril por el desvío. Los burgaleses todavía no conocemos los motivos reales por los que se toma esta decisión pues en los archivos del Ayuntamiento no existe ningún informa oficial que lo justifique y los informes realizados por empresas constructoras por encargo del PP han desaparecido.
Con este escaso bagaje, el Ayuntamiento firma un convenio con el Gobierno que es el peor que ha firmado cualquier ayuntamiento en toda España en los últimos 30 años.
Con el único soporte de los informes particulares, no compartidos por los técnicos del Ministerio de Fomento, el ayuntamiento asume el riesgo de pagar en solitario todo el importe que supere los 114 millones de euros.
De 1999 a 2004, cuando el gobierno lo presidía Aznar, el PP se niega a apoyar la propuesta que hice en nombre del PSOE de renegociar el convenio para suprimir esta leonina cláusula. Por culpa del PP se perdió esta oportunidad perfectamente realizable cuando aún no habían comenzado las obras y otras ciudades españolas ya habían demostrado que se podían firmar convenios mucho mejores que el que se rubricó en Burgos.
Ayer, sin avergonzarse por ello y sin pedir excusas por su actuación, Aparicio utilizó estos mismos argumentos para pedir la renegociación porque las cuentas empiezan a no cuadrar.
Después de haber vendido los terrenos en pública subasta contribuyendo al encarecimiento del precio de la vivienda, después de haber dilapidado gran número de VPO que no cumplirán la función social que les corresponde, Aparicio se entera, con 10 años de retraso, que esta operación va a hipotecar gravemente al ayuntamiento.
El coste final del proyecto se aproximará a los 200 millones de euros. Según el engaño promovido por Aparicio el Ayuntamiento deberá asumir el pago 143 millones de euros. 57 por su parte de los 114 en colaboración con el ministerio y Junta de Castilla y León y 87 por aplicación de la cláusula citada.
Ahora Aparicio quiere incumplir una vez más sus compromisos e implora al Gobierno para que rectifique el convenio que él promovió.
Espero que la generosidad de este gobierno, de su ministra Alvarez que es tan criticada por quien ha hecho muy poco por esta ciudad, contribuya a solucionar este desastre que sólo Aparicio y el PP ha creado. Estoy seguro de que si el presidente fuera Aznar o Rajoy y Aparicio formara parte del Gobierno las peticiones del ayuntamiento de Burgos no serían tenidas en cuenta.
Está claro que estos políticos necesitan volver a su trabajo, si lo tienen, para asumir el sentido de la responsabilidad que les falta situándose al mismo nivel que los ciudadanos que pagan las consecuencias de sus actos.