En esta obra del puente Gasset se manifiestan con toda su crudeza los errores de la política municipal del PP, que consisten en despilfarrar el dinero público, fomentar la especulación del suelo, someter a riesgos innecesarios a las empresas y privar a los burgaleses de su derecho a una vivienda digna.
El proyecto se adjudicó a la única empresa que se presentó, lo que ya de por sí da mucho que pensar, pues lo normal es que existan abundantes licitadores en todas los concursos que convoca el Ayuntamiento. Se establece, ilegalmente, que se pagará la obra con suelo público. Ahora la firma alega que no tiene financiación suficiente para ejecutar la obra. En esta tesitura, el Ayuntamiento debe velar por el interés público solucionando el problema con equidad y aplicando la ley.
Los primeros pasos dados por el equipo de Gobierno son muy preocupantes porque indican que, en este caso, quiere aplicar medidas que no ha tenido en cuenta en otros supuestos semejantes. Da la sensación de que ello es así por ser quien es el titular de la sociedad. No obstante, la decisión de parar la obra es prudente y puede evitar males mayores.
La empresa no está en concurso de acreedores. No existen motivos para la resolución del contrato. Si éste se quiere resolver de mutuo acuerdo, la entidad debe indemnizar al Ayuntamiento por los perjuicios causados y por los gastos originados. La obra ya ejecutada debe pagarse con parte del suelo comprometido, pues la compañía asumió el riesgo y ventura de la operación y lo mismo que, cuando en otras ocasiones, se obtienen escandalosos beneficios traficando irregularmente con bienes públicos y éstos no se reparten, ahora no sería de recibo que se pretendiera socializar la pérdida de valor de los bienes. No se puede actuar de otra manera salvo que el equipo de Gobierno declare lesivo el concurso admitiendo la ilegalidad del procedimiento.
En todo caso, hay que aprovechar la oportunidad para conservar el puente Gasset, mejorándolo en lo que sea preciso, pero sin construir uno nuevo por ser totalmente innecesario.
2 comentarios:
Según mis informaciones, la empresa Begar pertenece a José Luis Ulibarri, implicado en la trama Gürtel y propietario de El Correo de Burgos, además de socio de Promecal en la nueva tele de Castilla y León. No me creo que el PP en Burgos vaya a hacer nada que perjudique a este personaje y me parece vergonzoso todo lo que se trasluce de esta adjudicación, otra más que huele a podrido y en la que hay mucha pasta para sacar del erario público. Pienso que tienes razón en lo que dices y que el tráfico de suelo por dotaciones tiene más peros de los que el ciudadano conoce, en este caso particular agravado por esta situación sobrevenida que debiera recaer sobre la empresa, pero que pagaremos entre todos. Saludos.
Me parece claro que se ha intentado dar un trato de favor a Begar. Mejor que a otras empresas.
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