El Ayuntamiento no debe asumir las escuelas infantiles mientras no se garantice un servicio público de calidad

Los servicios públicos que han sido transferidos se gestionan bastante peor que antes. Hoy, en Castilla y León, cualquier profesional o usuario del sistema educativo o de la sanidad pública añora los tiempos en que estaban dirigidos por el Gobierno de la Nación.

El problema no reside en Valladolid o en el consejero Villanueva que, por cierto, es el más eficiente de todos los miembros de gobierno regional. El problema es estructural y radica en la concepción que se tiene de la política. Se ha apostado por órganos centralizados e hiperpolitizados al servicio del partido gobernante.

La política local española no es homologable a la media Europea. La Administración General del Estado representa el 53,5% del gasto del sector público, las Comunidades Autónomas suponen el 33,4% y los ayuntamientos el 13%, cifra igual a la de 1988, mientras que la media de la Unión se sitúa por encima del 20%. El gasto local anual por habitante en España es de 740 euros, mientras que en Holanda, Italia, Reino Unido, Austria, Francia o Irlanda se sitúa por encima de los 2.000 euros.

Muchos servicios públicos los puede prestar con mayor eficiencia el Ayuntamiento de Burgos que la Junta de Castilla y León. La aplicación de los principios de autonomía, suficiencia financiera y subsidiariedad que se incluyen en la Carta de Autonomía Local implica que se deben traspasar competencias en favor de las Corporaciones Locales en materias tales como seguridad ciudadana, justicia local o de proximidad, empleo, vivienda, cultura, educación, desarrollo sostenible, derechos sociales y prestaciones básicas de servicios sociales e integración social de inmigrantes.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Burgos no debe asumir las escuelas infantiles que la Junta quiere transferir, porque no existe la seguridad de que vengan acompañadas de los recursos económicos suficientes ni de las garantías necesarias para evitar que se privatice este servicio público.

El PP no cree en el valor educativo de las escuelas infantiles cuando las adscribe a la Consejería de Familia. Las considera un recurso social incómodo a privatizar para reducir costes. Esto es lo que subyace tras la propuesta de transferencia a los ayuntamientos y, por este motivo, no se puede aceptar.