Aunque tenga unos efectos limitadísimos, quiero aplaudir la decisión de Aparicio de eliminar la fianza provisional a las empresas que participen en las licitaciones municipales. El artículo 91 de la Ley de contratos del sector público posibilita que el Ayuntamiento exija a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía responderá también del cumplimiento del resto de las obligaciones que señala la legislación.
El importe de esta garantía no puede exceder del 3% del contrato, siendo potestativo para el Ayuntamiento su exigencia o no. Es perfectamente legal, por tanto, esta nueva medida incluida en la ley de 2007 que modifica la norma anterior en la que la fianza provisional era obligatoria.
Uno de los mayores problemas que tienen las empresas en este momento es la dificultad de financiación. La propuesta que comentamos es una gota de agua en el proceloso mar de la gestión económica del Ayuntamiento, que está asfixiando a los proveedores municipales porque tardan en cobrar más tiempo de lo razonable y de lo legalmente previsto.
La mayoría de las facturas municipales se pagan con más de 60 días de retraso. Esta tardanza se produce por incapacidad de gestión, pues el equipo de Gobierno no pone los medios suficientes para pagar a tiempo. No hay ningún problema de liquidez. Es pura gestión y, por lo tanto, responsabilidad exclusiva de quien gobierna el Ayuntamiento.
Ante esta grave situación, Aparicio incumple la ley y las empresas que contratan con el la administración municipal renuncian a sus derechos. Si se tarda más de 60 días en pagar una factura, el Ayuntamiento tiene la obligación legal de declarar de oficio los intereses por la tardanza. No hacerlo ¿no es un incumplimiento claro de ley?
La mayoría de las empresas perjudicadas no reclaman intereses. ¿Tienen miedo a represalias? En la situación actual, en la que ninguna empresa está sobrada de financiación, no reclamar intereses por la tardanza municipal en pagar las facturas es una irresponsabilidad, salvo que el temor esté fundado.
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