El equipo de Gobierno de Aparicio ha despilfarrado este suelo para hacer rotondas y otras inversiones, en muchas ocasiones innecesarias. Su persistencia en el error ha provocado que los tribunales hayan anulado los presupuestos de 2004, 2005, 2006 y 2007 y, seguramente, también se anule el de 2008. A los burgaleses que necesitan una vivienda, Aparicio les debe 23 millones de euros que ha destinado, ilegalmente, a otras finalidades.
Este debate ha sido zanjado por el Tribunal Supremo que, en diferentes sentencias, ha declarado que el dinero obtenido por la venta del suelo público sólo puede destinarse a conservar e incrementar el PMS. Sus argumentos son tan consistentes que no es necesario hacer más comentarios. El Tribunal Supremo dice: “no es justo ni coherente con el contenido del art. 47 de la Constitución que las Entidades Locales utilicen sus terrenos para resolver sus problemas de financiación, ni para la realización de otros intereses urbanísticos, siendo la esencia de la institución que se utilice por la Administración para intervenir en el mercado de terrenos removiendo los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (art. 9.2CE)”.
También se debate sobre el destino al que se puede destinar el suelo público. En mi opinión, el uso debe ser la construcción de viviendas con algún régimen de protección y, sólo excepcionalmente, a otros usos de interés social conforme prevé la legislación. Pero, lo que está muy claro en la ley es que si el suelo público se enajena lo que se obtenga debe ser reinvertido en el propio PMS.
Este asunto está claro en la Constitución y las leyes. Sólo falta que el PP cumpla la ley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario