Los presupuestos municipales de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 han sido anulados por los tribunales por dedicar el producto de la venta del suelo público a fines no amparados por la Ley.
Todos los presupuestos elaborados por Aparicio han sido ilegales. No tengo ninguna duda de ello porque los de 2008 y 2009 incurren en las mismas irregularidades que los anteriores.
Las resoluciones judiciales son claras. El fruto de la enajenación de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) sólo se puede dedicar a la conservación y ampliación del PMS que tienen como finalidad la realización de una política de suelo orientada a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de la regulación del mercado de terrenos de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y de forma que la comunidad participa de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Como dice el Tribunal Supremo en sus sentencias “no es justo ni coherente con el contenido del art 47 de la Constitución que las Entidades Locales utilicen sus terrenos para resolver sus problemas de financiación, ni para la realización de otros intereses urbanísticos, siendo la esencia de la institución -en cuanto vinculada al art 47 CE y en el marco de un Estado social (art 1.1 Constitución) como el nuestro- que se utilice por la Administración para intervenir en el mercado de terrenos removiendo los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (a& 9.2CE)”
Al PP nunca le ha preocupado la lucha contra la especulación ni desarrollar una política efectiva de vivienda. Cuando ha tenido oportunidad, en el Gobierno de la Nación y en el Ayuntamiento, su política ha fomentado la especulación y la privatización, de hecho, de la política urbanística.
En estos años se ha despilfarrado el suelo público. Se han obtenido 23 millones de euros por su venta que se han dedicado a rotondas o urbanizaciones, muchas veces innecesarias, en el centro de la ciudad. 23 millones de euros que se tenían que haber destinado a una política eficaz de construcción de viviendas de protección pública se han utilizado para satisfacer los intereses electorales del PP.
Ante esta sentencia la reacción de Aparicio ha sido la habitual: ha culpabilizado a las víctimas de sus irregularidades. Se atreve a criticar a quien exige el cumplimiento de la legalidad y solicita el amparo de los tribunales ante su contumacia en el error. Es lo típico en posturas intolerantes. En lugar de culpabilizar a las víctimas Aparicio debiera pedir perdón a todos los burgaleses que no han podido obtener una vivienda digna por su política, rectificar los presupuestos de 2009 y hacer una política de promoción de viviendas públicas, fundamentalmente en alquiler, eficaz.
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