Nuevos lugares para las barracas y los conciertos en fiestas

Se ha publicado que la ubicación de las barracas en el polígono docente de la Avenida de Cantabria es un acierto del equipo de gobierno y que goza de gran popularidad. También se ha dicho que para el próximo año se buscará un nuevo lugar para celebrar los conciertos durante las fiestas de San Pedro.
No conozco ningún estudio sociológico que avale si estos sitios gozan de gran apoyo popular pero, en lo que afecta a este comentario, ello es irrelevante porque una de las grandezas de un Estado de Derecho es que la mayoría no puede privar de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a la minoría que, en este caso, son los vecinos afectados por el ruido que provocan estas actividades.
Aparicio ha demostrado una gran insensibilidad hacia estos vecinos desoyendo reiteradamente sus justificadas quejas. Es evidente que no les merece la misma consideración que los vecinos de Villa Pilar ya que éstos, sin manifestaciones públicas de ningún tipo consiguieron convencer al Ayuntamiento para que quitara las barracas de la Quinta y las llevara a la Milanera. En Rio Vena y en la Avenida de Castilla y León viven familias que no tienen esa influencia y tendrán que convencer al PP de la justicia de sus peticiones mediante la movilización social o recurriendo al amparo de los tribunales.
Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo y diferentes Tribunales Superiores han amparado los derechos de los vecinos ante la agresión que producía el ruido provocado por actividades tan populares como los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, la Semana Negra de Gijón, las campanas de la catedral de Jaén o por el funcionamiento de servicios públicos esenciales como la limpieza urbana en Bilbao.
El Convenio Europeo de Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales de 1950, los artículos 15, 18 y 45 de la Constitución Española amparan el derecho de los vecinos a no ser molestados y, por lo tanto, a exigir que las barracas y los conciertos se trasladen a un lugar en el que no molesten al vecindario.
El ruido, en la sociedad de nuestros días, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tiene sobre la salud de las personas así como sobre su conducta social en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas.
La contaminación acústica, aún en el caso de que no ponga en peligro la salud de las personas, puede atentar contra el derecho al respeto de la vida privada y familiar, privándolas del disfrute de su domicilio.
Si jurídicamente está clara esta cuestión también lo está en términos sociales y políticos.
Nadie ha justificado que el lugar elegido para las barracas sea el mejor o el único posible. No es de recibo que se impongan limitaciones a las actividades de los centros docentes o se moleste a los vecinos colindantes porque el Ayuntamiento no quiera trasladar estas atracciones a una zona no urbanizada que esté excelentemente atendida por el transporte público.
La celebración de los conciertos en el aparcamiento de Alcampo tiene menos justificación aún pues el único motivo es económico para evitar montar dos o más escenarios. Es evidente que escoger la solución más económica por el Ayuntamiento no sólo es posible, sino aconsejable, pero no cuando dicha elección supone poner en riesgo la salud o la intimidad del domicilio de los ciudadanos, de tal suerte que, es al Ayuntamiento como competente, a quien corresponde compatibilizar el servicio público que presta, con estos derechos fundamentales.
Estoy seguro que celebrar 7 conciertos en cuatro o más sitios sería asumido por lo vecinos sin generar reclamaciones. Lo que nadie puede pretender es que a los ciudadanos afectados se les prive de su domicilio durante siete días seguidos, desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, que es el tiempo empleado por los ensayos y los conciertos.
Soluciones existen. Sólo hace falta que el equipo de gobierno del PP demuestre un poco de sensibilidad.