Las privatizaciones realizadas, y las recientemente anunciadas, ponen de manifiesto la incapacidad del PP para gestionar los asuntos públicos además de expresar su clásica política tendente a socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. No creen en las administradores públicas prestadoras de servicios que redistribuyen la riqueza para dejar limitada a la administración pública como un ente que tutela y controla a los ciudadanos.
Si el Ayuntamiento no tuviera claro que el servicio de deportes fuera a perdurar indefinidamente entre las competencias municipales sería razonable que este servicio público se prestara a través de una empresa externa pues no es prudente cargar la estructura fija para atender necesidades temporales. No es el caso, porque el deporte es un servicio público esencial que, conforme pasan los años, incrementará su importancia.
Si la gestión del deporte o de los autobuses exigiera una tecnología o unos conocimientos muy especializados que desbordaran la capacidad municipal o cuya evolución tecnológica siguiera unos ritmos inasumibles para la administración, también sería razonable que este servicio se prestara por una empresa privada. Esta es la razón evidente por la que el mantenimiento de determinadas instalaciones muy complejas está externalizada.
Si la legislación administrativa supusiera un corsé que impidiera una presencia eficiente en un mercado en el que existe competencia o impusiera una rigidez en la gestión incompatible con la flexibilidad exigida por el servicio público, sería razonable que se constituyera una empresa, con capital 100% público, que se rigiera por la legislación mercantil. Este es la razón por la que la Junta de Andalucia, por ejemplo, ha constituido empresas públicas para gestionar algunos hospitales a diferencia de lo realizado por la Junta de Castilla y León que ha privatizado servicios esenciales en el nuevo hospital de Burgos.
También es posible que la legislación que regula las cuentas públicas impida, de hecho, la realización de cuantiosas inversiones que son imprescindibles. En este supuesto se ha utilizado con frecuencia la constitución de empresas públicas que, soslayan estas limitaciones legales. Esta es la razón fundamental por la que se constituyeron la mayor parte de las empresas que gestionan el agua en España. En Burgos el ejemplo más evidente son los consorcios para la construcción de polígonos industriales y para la realización de la variante ferroviaria.
No existiendo en la administración pública las razones fiscales que pueden justificar esta política en las empresas privadas, en ningún caso se justifican estas privatizaciones en que se reducen costes porque es un argumento falso.
Aún en el supuesto de que se considerara necesario reducir los costes salariales tampoco sería más barato el servicio prestado por una empresa privada. Sería muy duro que el PP reconociera la conveniencia de que empeoraran las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores para prestar el servicio público. Aunque lo intentara no se produciría ahorro porque la necesidad de retribuir servicios generales más caros que los municipales y el beneficio industrial superarían esos presuntos ahorros salariales.
La privatización del servicio de deportes supondrá un sensible encarecimiento del servicio que tendrán que pagar todos los ciudadanos. Los costes se trasladan del capítulo 1 al 2 incrementándose con los beneficios de la empresa concesionaria. Ya se ha demostrado en los autobuses urbanos y se volverá a demostrar ahora.
Tampoco se producirá un incremento de la calidad. Es evidente que una administración pública mal gestionada prestará un peor servicio público que una empresa privada regularmente gestionada. Es un problema de organización y de dirección. Por ejemplo, el servicio de aguas municipal de Burgos ha demostrado durante muchos años que es tan eficiente o más que cualquiera de las empresas concesionarias de los servicios de aguas en otras ciudades españolas.
Propongo a los medios de comunicación este titular a cinco columnas: “Aparicio reconoce su incapacidad para gestionar el ayuntamiento.” Es mucho más real que aquellas noticias que, fundamentadas en falsedades, afirman que el ayuntamiento ahorrará externalizando servicios públicos.
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