Burgos decide

En los últimos meses, hemos vivido un intenso debate sobre la integración de las seis Cajas de Ahorro de la región para afrontar en las mejores condiciones el futuro. Quiero expresar mi opinión personal, pues me siento obligado por la confianza que he recibido de muchos ciudadanos que, reiteradamente, me han pedido que me pronuncie nuevamente al respecto para completar las opiniones que he manifestado en diferentes ocasiones.

 

En este tiempo de debate no he encontrado ningún argumento diferente al expuesto en el esquemático y simple documento que inició el proceso. Ninguna luz se ha añadido a la penumbra inicial.

 

Mi perspectiva para participar en la discusión no tiene nada que ver con el ámbito autonómico pues, si ya me es difícil hablar de economía española sin tener en cuenta la política económica de la Unión Europea y del resto del mundo, aceptar acríticamente términos como músculo financiero de la Comunidad o economía de Castilla y León me resulta prácticamente imposible. No encuentro ningún argumento sólido a favor de que el Gobierno autonómico deba controlar a las Cajas de Ahorro ni que éste necesite un apéndice financiero para llevar a cabo su política. No creo que ahora el PP esté defendiendo una especie de nacionalización, en este caso regionalización pública, de las Cajas de Ahorro.

 

No he encontrado a nadie, ni socialista ni de derechas, que me haya explicado las ventajas que esta integración tendría para Burgos. IU y Tierra Comunera la han defendido, pero no han expuesto sus argumentos favorables.

 

Hablo exclusivamente de Burgos porque es la única perspectiva que me interesa. No lo digo porque comparta la antidemocrática e irreal opinión de que Burgos está por encima de los partidos políticos, dado que las ideologías impregnan todas las actuaciones humanas sin que el territorio configure un conjunto de ideas que nos permita vivir relacionándonos con los demás. Lo señalo precisamente porque, desde el punto de vista ideológico, el proyecto no responde a ningún interés público, restringe la competencia y encubre ineficiencias que no son defendibles desde una óptica progresista. Nadie ha argumentado ningún motivo de interés general por el que las cajas de Burgos deban ceder parte de su mercado, de su autonomía o asumir costes sociales.

 

La integración de las seis cajas de la región no beneficia a las cajas de Burgos, por el contrario, las perjudica seriamente. Limita sus posibilidades de expansión, implica unos costes sociales muy importantes, reduce su autonomía y sus índices de eficiencia se reducen a la media de la región cuando ahora están por encima. Así lo entiendo yo y creo que así lo ve la mayor parte de la sociedad burgalesa.

 

Este proceso ha sido muy mal gestionado. En lugar de generar esperanza e ilusión, ha creado rechazo en las plantillas e inquietud en la sociedad. Es hora de cerrarlo y de no aplazar por más tiempo la decisión final que, si de mi dependiera, sería claramente contraria a la integración de las seis Cajas.

 

Sin embargo, este debate sí que ha posibilitado que se produzcan reflexiones importantes con relación al sistema financiero y al tamaño de las entidades financieras en España. Se ha comprobado que el tamaño no garantiza nada. La quiebra de grandes entidades financieras de ámbito mundial así lo demuestra. Pero también existen sólidos argumentos a favor de una racionalización y reducción del número de entidades que operan en España.

 

En este sentido, comparto la opinión de autoridades económicas de gran relieve en España cuando se han manifestado a favor de procesos de integración de Cajas de Ahorro con sede en diferentes Comunidades Autónomas.

 

En una situación cambiante como la que vivimos, procedería que los promotores retiraran el proyecto. En un marco de mayor tranquilidad, se podría analizar mejor la situación nacional e internacional, hacer una prospección de cuáles son las mejores alternativas para las Cajas burgalesas y que el Gobierno de España y el de Castilla y León modificaran la legislación posibilitando procesos de diálogo sin ninguna limitación territorial. Porque el único interés a defender es el de las localidades que crearon las Cajas de Ahorro y el de sus impositores.