El PP ha decidido prorrogar un año más el convenio con la Fundación de Derechos Civiles mediante el que esta entidad, que sólo contrata con ayuntamientos gobernados por el PP, mantiene la Oficina Municipal de Vivienda.
Da la impresión de que esta Fundación se especializa en aquellos asuntos que interesan a los ayuntamientos con los que contrata que pueden ser gestionados mediante convenios y nunca a través del concurso público. Hace años constituyeron las oficinas municipales de atención al soldado y ahora se dedican a la vivienda.
En Burgos, el PP encubre su falta de política de vivienda con el mantenimiento de esta oficina que nadie sabe para qué sirve.
Ciertamente sus servicios no son baratos. 120.000€ para atender 4.000 visitas (30€ por visita). Además, como el PP debe pensar que en Burgos no hay profesionales suficientes para atender esta función, esta oficina es atendida por personas residentes en Madrid que, lógicamente, facturan dietas.
La política municipal de vivienda se reduce al mantenimiento de esta Fundación y a malgastar el suelo público que se destina a pagar inversiones ordinarias. De esta manera, el Ayuntamiento no cumple con la obligación que tiene de desarrollar una política urbanística que frene la especulación, recupere las plusvalías para la comunidad y que facilite el acceso a una vivienda digna, a precios asequibles, a todos los burgaleses que la necesiten.
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