El presidente de la Junta de Castilla y León ha convocado para el próximo viernes un acto propagandístico en el que pretende utilizar a los jefes de servicio de la sanidad pública burgalesa como coro que aplauda su intervención.
Cuando la desinformación ha sido la norma general y el menosprecio a la intervención de los médicos en la definición del plan funcional del nuevo hospital la pauta dominante, a la Junta de Castilla y León sólo se le ocurre hacer un acto propagandístico y contratar una costosa campaña publicitaria para intentar acallar las voces de gran parte de los profesionales sanitarios que están muy preocupados por el futuro de la sanidad pública en las nuevas instalaciones.
La construcción realizada tiene graves deficiencias que han sido denunciadas por responsables de los diferentes servicios sanitarios. El cauce para transmitir a la Consejería sus peticiones no ha podido ser más deficiente: han tenido que utilizar, como único interlocutor, al subdirector de gestión del hospital, que no ha tenido ningún eco en la Consejería de Sanidad, pues le ha remitido constantemente a un empleado de la concesionaria con poca capacidad de decisión y cuya máxima preocupación era quién iba a pagar las modificaciones solicitadas para corregir los errores cometidos en la construcción.
La Consejería de Sanidad, y no la empresa concesionaria, debe dar explicaciones serias que despejen las dudas del personal sanitario y de los ciudadanos de Burgos. En su lugar, convoca un acto propagandístico.
De todas las maneras, espero que el presidente de la Junta, dé respuesta a las siguientes preguntas.
• La concesión se realizó, hospital llave en mano con equipamiento incluido. por un importe de 243 millones de euros. Según los rumores, no aclarados por la Junta de Castilla y León, el importe de la obra ejecutada es de 346 millones a los que hay que añadir otros 94 millones en concepto de equipamiento. Total, 440 millones de euros (81% de incremento). ¿Son estos datos ciertos? ¿Cuánto costará el nuevo hospital? ¿Qué procedimiento administrativo se ha utilizado para aprobar esta desviación?
• El incremento del coste repercutirá en el aumento del canon anual que debe pagar la Junta de Castilla y León a la concesionaria. ¿Cuál es este importe? ¿Qué beneficio industrial se garantiza a la concesionaria?¿Qué rendimiento obtiene el capital invertido por la empresa privada?
• La privatización encubierta que de hecho supone esta nueva fórmula de gestión incrementará el gasto sanitario sin que mejore la calidad. ¿Cuál va a ser el coste por habitante? ¿Qué porcentaje del gasto sanitario representa el nuevo hospital con relación al presupuesto general de la sanidad pública en Castilla y León?
• Médicos y personal sanitario han denunciado las deficiencias existentes en la construcción y en el plan de equipamiento del nuevo hospital. El descontento es generalizado, hasta el punto de que no sería extraño que, si hoy se les diera a elegir, la mayoría optaría por permanecer en el viejo hospital Yagüe antes que trasladarse al nuevo hospital. ¿Ha previsto la Junta de Castilla y León la constitución de mesas de trabajo con los diferentes servicios hospitalarios para solucionar las deficiencias detectadas? ¿Cuándo va a acordar con los responsables de los servicios el plan de traslado a las nuevas instalaciones?
El PP, ante los rumores, ha optado por el silencio, con lo que se incrementa la desinformación. Lo más probable es que su actitud sea debida a la dificultad que tengan para explicar lo inexplicable o para justificar decisiones que echan por tierra todos sus argumentos a favor de esta privatización encubierta.
Ahora Herrera tiene la oportunidad de rectificar. Los burgaleses exigen información y quien tiene la responsabilidad de gestionar un servicio público esencial tiene la obligación de facilitar toda la información.
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