En lo que comúnmente se conoce como vandalismo, se incluyen actos que tanto pueden calificarse de chiquilladas como acciones que se encuentran recogidas en el código penal. Ciertamente, es un fenómeno muy generalizado, especialmente en las zonas urbanas.
El patrimonio público y el privado se deterioran originando cuantiosos gastos que deben afrontarse con los presupuestos públicos. Toda la sociedad tiene la obligación de tomar medidas para evitar este problema, no sólo por los efectos económicos que provoca sino, también, porque genera un amplio desánimo social.
La primera medida a adoptar, seguramente la más importante, ha de centrarse en el fortalecimiento de la educación cívica en el ámbito del sistema educativo, de la familia y de las organizaciones sociales. Formar buenos ciudadanos en la infancia es la mejor medida preventiva.
No debemos minusvalorar el efecto negativo que tiene el descrédito de lo público. Que se admiren a los defraudadores de la hacienda pública, que se esté continuamente denigrando la vida pública, dando mal ejemplo o participando de esa especie de deporte nacional en el que a veces se convierte la propagación de rumores sin fundamento, no es el mejor caldo de cultivo para aprender a respetar el patrimonio colectivo.
Sin duda, la Policía debe desarrollar un eficaz papel para impedir el vandalismo. Su inserción en la sociedad permite generar confianza entre la población para que los ciudadanos se conviertan en colaboradores de estos servidores públicos con el objetivo de que, entre todos, contribuyamos a evitar actos anti sociales. Si las políticas preventivas desarrolladas mediante el incremento de la presencia policial en la calle no son suficientes, hay que aplicar las medidas punitivas previstas en la legislación.
Si no podemos evitar estos actos, remediemos los perjuicios ocasionados a la mayor brevedad. Por ejemplo, las pintadas buscan notoriedad. Si evitamos que permanezcan, se estará disminuyendo el interés por dejar la firma allá por donde pasan.
Es un problema importante que no tiene fácil solución. No es tiempo para el desánimo, sino el momento de demostrar una firme voluntad de defensa del patrimonio público.
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