La irresponsabilidad de Aparicio costará a la ciudad más de 130 millones de euros. En el año 1998, siendo ministro y presidente provincial del PP, el Gobierno de la Nación, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos -administraciones todas ellas gobernadas por los populares- firmaron el convenio para financiar el desvío ferroviario. El municipio asumía la obligación de pagar en solitario todas las cantidades que excedieran de 114 millones de euros. A día de hoy, podemos calcular que esta obra se liquidará en 247 millones, por lo que el Ayuntamiento deberá asumir 130 millones, además de otros 64 que corresponden a cada una de las tres administraciones. Es decir, el Ayuntamiento va a pagar 194 millones de euros, lo que representa el 78% de una obra de interés general.
Este leonino convenio es único en España. Fue impuesto por el PP burgalés por motivos estrictamente políticos contrarios a los intereses de la ciudad. Con el único sustento de un informe realizado por una constructora privada, el PP forzó su firma en contra de la opinión de los técnicos del Ministerio de Fomento quienes, para salvaguardar sus responsabilidades, exigieron que se incluyera la cláusula que endosaba al Ayuntamiento los posibles sobrecostes de la obra. Esta irresponsable decisión de Aparicio sólo se puede explicar por su interés en beneficiar políticamente a su partido en Burgos y, tal vez, por fomentar un pelotazo urbanístico de escándalo. ¿Quién era el beneficiario?
Durante cuatro años pedí insistentemente, desde la Alcaldía, que se renegociara el convenio. Aparicio lo impidió negando el pan y la sal al Ayuntamiento. Llegó, incluso, a parar las obras generando una importante alarma social.
Afortunadamente, ahora tenemos un Gobierno de España leal en sus relaciones institucionales y sensible a los problemas de los burgaleses. Los socialistas estamos dispuestos a arreglar este desaguisado, aunque nos parece que zanjarlo sin exigir responsabilidades políticas es una burla al Estado de Derecho y a la democracia. ¿Es gratis perjudicar al patrimonio municipal en más de 130 millones de euros? ¿Se puede tolerar que quien causa los problemas quiera aparecer como la víctima? ¿Es asumible que del engaño se beneficie su autor?
La decencia política y un mínimo de dignidad exigen la dimisión de Aparicio. Los pactos se firman para cumplirse y los errores se pagan.
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