A raíz de la celebración, el día 29 de abril, de la manifestación para reclamar un hospital público de calidad y el rescate de la concesión, Diario de Burgos y El Correo de Burgos, en sendos editoriales, se preguntaban cómo es posible que la Junta no sepa explicar a los ciudadanos que se está construyendo un hospital magnífico (el mejor de España) y que la gestión del mismo será pública, por mucho que se intente confundir a la opinión pública.
La Junta de Castilla y León ha encontrado nuevos portavoces para defender su política. A las empresas que integran la concesionaria del nuevo hospital les hace un flaco favor, pues las coloca en el centro de la polémica en un papel bastante incómodo. Estos medios de comunicación deben considerar que los burgaleses son menores de edad y mucho más incultos que los autores de los editoriales y que, por ese motivo, están equivocados y participan, injustamente, en una manifestación que no se debiera producir.
Craso error, porque los ciudadanos sí saben lo que quieren. Exigen una sanidad pública de calidad que no esté mediatizada por el beneficio y el lucro empresarial. Y lo exigen así porque por mucho que se quiera ocultar conocen perfectamente que EEUU, porcentualmente, se gasta mucho más en la sanidad que en España y, sin embargo, es peor y deja sin asistencia a millones de ciudadanos; porque saben que el sistema empleado para la construcción del hospital es una copia del sistema utilizado en Gran Bretaña hace 30 años, origen del declive de la sanidad pública y la quiebra de hospitales hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que no se utilicen estos procedimientos. También conocemos que la sanidad pública en Madrid y en Valencia ha incrementado sensiblemente sus costes y ha empeorado la calidad, aunque se intente favorecer arbitrariamente a los hospitales gestionados por empresas privadas.
La construcción del nuevo hospital hubiera tardado el mismo tiempo que si lo hubiera realizado directamente la Junta de Castilla y León. Precisamente, el retraso que experimenta la obra no es por culpa de las empresas sino por las insuficiencias del proyecto y por los cambios que las autoridades sanitarias están introduciendo. Es decir, la misma dinámica que se produce habitualmente entre la administración pública y las empresas contratistas. La gestión privada de la construcción no representa ninguna ventaja para la sanidad pública.
El equipamiento será el que decida la Junta de Castilla y León. Posiblemente, sí, pero más caro que si lo comprara directamente y mediatizado por los vínculos que pueda tener la concesionaria con las empresas propietarias de las diferentes tecnologías. Con el sistema elegido por el PP, la compra de equipamiento no se beneficiará de la unificación de compras que han decidido las Comunidades Autónomas y su precio se incrementará con los gastos de gestión de la concesionaria más el 17% de beneficio industrial. ¿Dónde está el beneficio público?
Los servicios externalizados (limpieza, vigilancia, comedor, etc.) no serán mejores que los actuales, contratados mediante concursos públicos y que cuentan con un alto grado de especialización. ¿Será así en el futuro o estos servicios serán prestados por alguna de las empresas que integran la concesionaria?
La gestión directa del hospital implica el sometimiento de los responsables públicos al control permanente del parlamento y de la opinión pública. Estos controles pasan a un segundo nivel con gestión privada del hospital.
Los profesionales sanitarios mantenían una relación directa con las autoridades públicas para decidir el equipamiento necesario para el ejercicio de su profesión y el desempeño de una sanidad de calidad. Con el sistema que se pretende, se introduce un nuevo interlocutor, que es la concesionaria y todos sus condicionantes económico y tecnológicos.
Las empresas que forman parte de la concesión del nuevo hospital tienen la obligación de ganar dinero, de obtener beneficios para retribuir el capital invertido y repartir dividendos a sus accionistas. Nada que objetar. Todo lo contrario.
Sin embargo, estos afanes no son los mejores consejeros para gestionar la sanidad pública. Así se ha demostrado con todas las experiencias que se conocen en el mundo y, por este motivo, los burgaleses nos manifestamos a favor de que la Junta de Castilla y León, a pesar de ser unos pésimos gestores, rescate la concesión del nuevo hospital de Burgos.
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