lunes, 31 de agosto de 2009

La verdad del IBI y la revisión catastral

El gobierno municipal del PP lleva tiempo manipulando la información en el sentido de intentar convencer a los burgaleses de que, por imperativo legal, será inevitable que en el año 2010 suba el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Lo único cierto de lo que dice es que es obligatoria la revisión de los valores catastrales ya que han transcurrido más de diez años desde que se hizo la última. Estos valores es lógico que tengan cierta proporción con el valor del mercado por lo que es razonable la previsión legal de efectuar revisiones cada diez años.

No es cierto que esta revisión implique, necesariamente, que lo que todos los burgaleses pagamos por la llamada contribución tenga que subir. En estos últimos años el PP ha tergiversado la información y engañado a la opinión pública con relación a su política impositiva pues, por este concepto, casi siempre ha aplicado una doble subida: la experimentada por la base imponible a consecuencia de la revisión establecida en los presupuestos generales del estado de cada año y el incremento del tipo impositivo que el PP ha aplicado sin tener ninguna obligación legal de hacerlo.

Ahora hay que hacer justo lo contrario. Como los valores catastrales van a subir hay que reducir el tipo impositivo para que los burgaleses no paguen más impuestos.

Con la revisión, el valor catastral medio actual, pasa de 51.034,35 euros a 78.902,50 con una subida promedio del 54,61%.
En estos momentos en los que las economías domésticas sufren las consecuencias de la crisis económica hay que bajar el tipo para que el impacto de la revisión sea nulo en los tres primeros años y para que la subida media al finalizar los diez años pasara del 54,61 al 33% sin perjuicio de que en el año 2012 se redujera aún este impacto utilizando las bonificaciones previstas en la ley.

Para ello habría que reducir el tipo del 0,462% actual al 0,438% en 2010, al 0,413% en 2011 y al 4% en 2012. El 4% es el mínimo que marca la Ley así que a partir de 2013, si no se introducen bonificaciones, se producirían incrementos en los recibos hasta llegar al 33% en el año 2019.

El PP anuncia que congelará el tipo en 2010. Esto significa que se producirá un incremento del IBI muy por encima de lo razonable.

sábado, 29 de agosto de 2009

El Gobierno de España subvenciona la construcción del auditorio de Burgos

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de hoy, el Real Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones directas a la construcción de los palacios de congresos de León, Córdoba y Burgos.

El Gobierno ha aprobado una subvención directa a la construcción de los palacios de congresos de estas tres ciudades por un importe de un millón y medio de euros a cada una de ellos.

De esta manera se incluye el palacio de congresos de Burgos entre los objetivos prioritarios de la política económica, comercial y turística de España por la importancia del proyecto científico – cultural de Atapuerca.

El presidente Zapatero cumple con el compromiso que adquirió con la ciudad de Burgos de apoyar la construcción del auditorio.
El portavoz municipal del PSOE, Ángel Olivares, considera muy positiva la aportación del Gobierno a la construcción de una de las infraestructuras más importantes de la ciudad. La declaración de su importancia nacional es un reconocimiento más de la visión que tuvo el PSOE y la ciudad de Burgos al impulsar la realización de este importante proyecto.

El portavoz socialista ha reiterado su petición a la Junta de Castilla y León para que incremente su aportación por ser una competencia de la Junta de Castilla y León. El complejo que se está construyendo en el solar de la evolución humana es un proyecto regional que la Junta debiera construir asumiendo la práctica totalidad de su importe y no el minoritario 40% que es la subvención comprometida en el auditorio. No es justo que el ayuntamiento de Burgos tenga que hacer el esfuerzo financiero de asumir el 60% del importe de la construcción cuando la Junta ha pagado el 100% de la construcción de un auditorio semejante en Valladolid.

jueves, 27 de agosto de 2009

¿Sanidad pública o sanidad privada?

En el blog que Vicenç Navarro tiene en el diario Público ha escrito un artículo sobre la sanidad comparando la eficiencia entre los sistemas públicos y privados. Teniendo en cuenta el interés que este asunto tiene para la ciudad de Burgos me permito reproducirle íntegramente.

¿Sanidad pública o sanidad privada?
“Vicenç Navarro

La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339) que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y otros países sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Este consiste en el análisis de 82 estudios de investigación que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de tres millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro).


Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían: 1) las cualificaciones del personal de las instituciones; 2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico; 3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención; y 4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios. En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán.

La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.

No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de los expertos de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que, si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, en la que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea a quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la UE. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que, para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España entre representantes y representados y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1504/%c2%bfsanidad-publica-o-privada/

miércoles, 26 de agosto de 2009

Hay que mantener Electrosonic

Si queremos que Electrosonic continúe siendo una de los grandes actividades culturales de la ciudad es imprescindible trasladar su lugar de celebración a otro sitio que sea compatible con el medioambiente y el descanso de los vecinos.

Hace años el PSOE ya dijo que Fuentes Blancas no era el sitio apropiado para celebrar este acontecimiento que, por su propia naturaleza, implica altos sonidos y lugares apropiados para acampar.

Como es lógico, el éxito lleva aparejado mayores exigencias técnicas y más espacios libres. Este año, en prácticamente toda la ciudad se ha escuchado la música de Electrosonic impidiendo el descanso vecinal.

Ante el problema el PP, como es habitual, da respuestas evasivas. Ahora se le ocurre que hay que hacer un mapa de ruido. Con ello está diciendo a todos los burgaleses que no va a hacer nada pues es evidente que no se va a poner remedio a las molestias ocasionadas.

En el término de Burgos o en municipios vecinos existen lugares mucho más apropiados que Fuentes Blancas. Buen transporte público y una pequeña inversión en infraestructura es lo único necesario para salvar los inconvenientes que tiene sacarlo de una zona densamente poblada.

La celebración de Electrosonic es un gran atractivo para la ciudad y hay que mantenerle. La postura del PP está arruinando el futuro de esta actividad.

domingo, 23 de agosto de 2009

Todos contra la SGAE

Criticar a la SGAE se ha convertido en un deporte nacional. Se habla de afán recaudatorio olvidando que ésta es una entidad gestora que cobra unos derechos que pertenecen a un autor. Merece la pena aclarar que cuando la SGAE cobra los derechos que la ley reconoce por las representaciones de Fuenteovejuna o el Cronicón de Oña es para retribuir a los autores de los guiones que se representan.

En este debate no incluyo todo lo relativo al canon digital que tiene otras características. Me refiero en exclusiva a la reiterada crítica que se hace de la SGAE por el cobro de los derechos de autor. Estoy convencido que la Sociedad General de Autores ha supuesto un avance considerable para conseguir una retribución digna de los artistas.

La polémica me parece totalmente distorsionada. Se critica a la SGAE y se deja al margen a los autores que son los que cobran los derechos. Si se organiza un concierto benéfico se pide al autor que ordene a la SGAE que devuelva el importe de sus derechos y se acabó el problema. Lógicamente también se debiera pedir que devolvieran sus beneficios a los que alquilan los locales, a los que venden bebidas, a los equipos de producción, etc. De no ser así ¿qué se pretende? ¿Expropiar sin pagar el justo precio los derechos de propiedad intelectual que son elementales en cualquier país democrático?.

No me parece razonable la polémica. La creación artística tiene que ser retribuida y de no serlo entrará en grave crisis.

Quien no quiera pagar a la SGAE tiene una solución fácil. Que programe la representación de miles de obras de teatro o la interpretación de piezas musicales que no tienen derechos de autor. Lo que no parece lógico es que se utilicen las obras para atraer al público y que al autor no se le retribuya con los derechos que la ley le reconoce o que se pretenda el altruismo de los autores mientras que el resto de los agentes culturales sí que obtienen retribución.

sábado, 15 de agosto de 2009

Parques urbanos abandonados

Los burgaleses podemos estar orgullosos de nuestra ciudad. Uno de los motivos es que disponemos de zonas verdes de gran calidad cercanos a las zonas residenciales. El río y las zonas verdes configuran un paseo lineal envidia de muchas otras ciudades.

Ello es fruto de nuestra historia y del cuidado que hemos tenido todos los burgaleses en mantener e incrementar los jardines y parques urbanos. Por este motivo los vecinos reaccionan espontáneamente al comprobar que se quiere actuar en el paseo de la Isla con unos criterios rechazables y sin motivos que lo justifiquen.

A nuestros amigos y visitantes les enseñamos ufanos parques urbanos como Fuentes Blancas y el Castillo. Sin embargo estamos a punto de que el orgullo se convierta en vergüenza al comprobar el estado en el que se encuentran el pinar de Cortes o el Castillo.

Parecen parques abandonados. Árboles caídos hace años, maleza, restos de poda que no se ha retirado y una infinita suciedad es la situación que puede apreciar cualquier ciudadano que pretenda disfrutar de estas zonas.
¡Qué falta de sensibilidad del equipo de gobierno! Han tenido la oportunidad de adecentar estos espacios con dinero del Gobierno de la Nación y no han querido prefiriendo utilizar estos recursos en obras que, en algunos casos, son manifiestamente innecesarias.

Lo más rentable, económica y socialmente, es mantener las infraestructuras existentes. El PP prefiere la fotografía de las inauguraciones antes que ser eficaz en la gestión pública.

martes, 4 de agosto de 2009

Aparicio acierta

Acierta cuando rectifica. Desde el año 2005 se han cometido muchas ilegalidades que han perjudicado a todos los burgaleses. Ahora se ha dado cuenta que el PSOE tenía razón, nos ha hecho caso, y ha decidido cumplir la sentencia que anula el convenio que permutaba el Peña Amaya por un solar municipal.

Teniendo en cuenta el gran sacrificio que le supone al PP rectificar hay que reconocer que esta decisión tiene su mérito. Se han resistido como gato panza arriba. Han entretenido a los burgaleses, gastándose el dinero que haya sido preciso, para intentar venderles la idea de que las sentencias que restablecían la legalidad eran papel mojado. Haciendo gala de una gran desfachatez anunciaron, con grandes titulares, la conversión del edificio en 78 viviendas para jóvenes prometiendo que en el mes de julio estaría aprobado el pliego de condiciones para adjudicar su explotación durante cuarenta años.

Sin embargo, la Junta de Gobierno Local ha entrado en razón y, en la reunión celebrada el 31 de julio de 2009, acordó cumplir en sus propios términos la sentencia que anulaba el convenio de permuta devolviendo a su propietario el Peña Amaya y requiriendo a Inizia Gestión Inmobiliaria para que devuelva al Ayuntamiento la parcela de propiedad municipal que fue ilegalmente permutada.

De esta manera el Ayuntamiento se libera de este inservible inmueble y recupera un suelo que debe destinarse a la construcción de viviendas de protección oficial.

miércoles, 29 de julio de 2009

Firmeza

El atentado de hoy en las inmediaciones de la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos nos llena de dolor e indignación.

Asistimos, una vez más, a la barbarie de quienes no tienen otra finalidad que causar daño e intentar sembrar el desconcierto y la desazón entre los españoles.

Estas circunstancias no deben alterar los dos principios básicos, unánimemente admitidos, que posibilitarán acabar con el terrorismo: actuación eficaz de la policía que tiene que contar con el apoyo de todos los ciudadanos y unidad de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y todos los vecinos que deben expresar con firmeza su condena de la violencia.

Expreso mi apoyo y solidaridad con todas las víctimas y con los que han sufrido pérdidas en sus bienes materiales.

miércoles, 22 de julio de 2009

Retrasos razonables

Que las grandes obras se retrasen superando los plazos de ejecución inicialmente previstos es razonable. Seguramente el retraso será directamente proporcional al tiempo que se haya pretendido reducir en la elaboración, supervisión y aprobación del proyecto.

Lo que no es razonable es convertir la gestión pública en pura propaganda o intentar engañar a los ciudadanos.

En el año 2007, Juan Vicente Herrera comprometió su palabra diciendo que el 29 de junio de 2009 ingresaría el primer paciente en el nuevo hospital de Burgos. Además, manifestó que la “privatización” de la construcción y gestión del nuevo hospital era la garantía de que se iban a cumplir escrupulosamente los plazos de construcción.

Ahora se ha demostrado que lo dicho por Herrera no era verdad. Las obras acumulan un retraso de un año y, lo que queda….. Dependiendo de qué obra se trate y de quien la gestione algunos comentaristas califican los retrasos como expresión clara e indubitada de la ineficacia del político de turno y del abandono al que estamos sometidos los burgaleses o como detalle menor que no nos debe llevar a menospreciar el esfuerzo que se ha hecho para acelerar al máximo las obras.

Herrera debe hoy asumir sus responsabilidades y rendir cuentas explicando las razones de sus palabras. Lo que dijo fue, como mínimo, una tontería. Ruego que me disculpe quien se sienta molesto con este calificativo pero es el término más suave que se me ocurre. Que la obra sea gestionada por una empresa privada o por la administración pública no significa que se reduzcan los plazos de construcción. Las empresas constructoras, los obreros y los técnicos serían los mismos y sólo cambiarían los gestores. Tanto en la empresa privada como en la pública hay buenos y malos gestores.

No tengo duda de que la empresa concesionaria ha colocado al frente de la obra a gestores acreditados; también sé que en la administración pública existen gestores suficientes de valía sobrada. Ciertamente, en ocasiones la tramitación administrativa ralentiza las obras porque los responsables públicos no le dedican la prioridad debida. Supongo que no sería este el caso.

Ante estas evidencias se plantean las dudas sobre los motivos que tuvo Herrera para decir lo que dijo. Muchas razones existen para explicar que el PP haya optado por esta fórmula: su deseo de enmascarar la deuda pública, el deseo de abrir el camino a la sanidad privada en la gestión de la sanidad pública, su absoluta desconfianza en la capacidad gestora de la administración regional al ser conscientes de que han llenado los servicios centrales de las consejerías con políticos-funcionarios de incapacidad probada, etc. Herrera tiene la palabra.

De momento se ha demostrado que esta “privatización” de la sanidad pública no consigue reducir los plazos para construir el nuevo hospital.

En unos meses se comprobará que la fórmula elegida tampoco sirve para que los costes se ajusten al presupuesto aprobado. En el año 2012 ya sabremos que esta fórmula supondrá un incremento considerable del gasto como ya se ha puesto de manifiesto internacionalmente y así ha sido ratificado por la OMS y, finalmente, se demostrará que empeora la calidad del servicio público sanitario.

Herrera no ha hablado en la visita a las obras. Él sabe que lo que aquí digo es cierto.

miércoles, 15 de julio de 2009

¡Viva Gamonal independiente!

Es recurrente el argumento de la derecha de que los intereses territoriales deben primar sobre los intereses de partido. Me gustaría que explicaran públicamente lo que quieren decir porque lo que yo percibo es un mensaje profundamente antidemocrático.

El dictador Franco se declaraba apolítico. Situación imposible, pues la vida es política. Es probable que en España todavía existan reminiscencias que animan a algunas personas a iniciar una conversación política confesándose apolíticos. Mi experiencia personal es que esas personas, siempre, son políticamente de derechas o como ahora se les quiera denominar.

Cuando se intenta identificar un territorio con una ideología también suelen estar en juego intereses particulares que son los que justifican esa proclama. ¿Cuáles son los intereses de Burgos? ¿Quién los define? ¿Son los mismos los de un mirandés que los de un arandino, los de un vecino de Villasana de Mena que los de alguien que viva en Quintanar de la Sierra?

Considerar que la división administrativa realizada en 1833 configura un factor identitario no tiene mucho fundamento. A esos efectos, la provincia de Burgos es una entelequia, al igual que lo es Castilla y León.

Si llevamos a sus últimas consecuencias el argumento, siempre encontraremos disculpas para criticar a todos los partidos políticos y animar a que se creen otros. Eso sí, cada vez más pequeños. Conviene insistir en que sin partidos políticos no hay democracia y es deseable que éstos sean lo más fuertes posible.

Esta misma línea argumental justificaría decenas de divisiones territoriales diferentes en España y también autonomías uniprovinciales o que se pida la segregación de municipios. En Burgos, la inversión por habitante en Gamonal es muy inferior a la que se realiza en el centro o en la Castellana. ¿Qué dicen los burgalesistas? ¿Hay que segregar Gamonal como municipio independiente? y ¿San Pedro la Fuente? y ¿San Pedro y San Felices?

Reconozco que, desgraciadamente, cada vez hay más arribistas en la política. Personas que se aprovechan de los partidos para vivir de la política y no para la política. Es su medio de vida y sus intereses personales priman sobre las ideologías. Pongamos los medios para evitar su perniciosa influencia.

A pesar de todo, las personas que militamos en un partido político tenemos más y mejores medios para transformar la sociedad que aquellas que no lo hacen, tenemos más posibilidades de ejercer la solidaridad con quien lo necesita y es más fácil comprometernos con la sociedad en la que vivimos. La militancia en un partido no supone merma en la libertad e independencia personal. Posibilita compartir ideas, valores y proyectos de sociedad.

Felicito a José Luis López, alcalde de Trespaderne, por su decisión de no darse de baja en el PSOE. Yo tampoco comparto lo que ha hecho el Gobierno con relación a la central nuclear de Santa María de Garona, pero de ninguna manera esta discrepancia justificaría, racionalmente, el abandono de la militancia política. Es lógico y deseable que en los partidos políticos existan opiniones diferentes. Quien dramatiza esta situación hace un flaco favor a la democracia, al igual que tampoco favorece a la cohesión social que se contrapongan las ideas a los territorios.

También hay que felicitar al alcalde de Trespaderne porque, utilizando un término usado por Diario de Burgos, se está mejor en el "redil" -situación de quien continúa en un lugar o estado, o bien regresa a él, tal y como recoge el avance de la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua- de un partido político que no aislado socialmente o emitiendo opinión con la limitación de no poder hacerlo en contra de los intereses del propietario del medio de comunicación en el que se trabaje.