Cuarta anulación de los presupuestos municipales

Los presupuestos municipales de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 han sido anulados por los tribunales por dedicar el producto de la venta del suelo público a fines no amparados por la Ley.

Todos los presupuestos elaborados por Aparicio han sido ilegales. No tengo ninguna duda de ello porque los de 2008 y 2009 incurren en las mismas irregularidades que los anteriores.

Las resoluciones judiciales son claras. El fruto de la enajenación de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) sólo se puede dedicar a la conservación y ampliación del PMS que tienen como finalidad la realización de una política de suelo orientada a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de la regulación del mercado de terrenos de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y de forma que la comunidad participa de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Como dice el Tribunal Supremo en sus sentencias “no es justo ni coherente con el contenido del art 47 de la Constitución que las Entidades Locales utilicen sus terrenos para resolver sus problemas de financiación, ni para la realización de otros intereses urbanísticos, siendo la esencia de la institución -en cuanto vinculada al art 47 CE y en el marco de un Estado social (art 1.1 Constitución) como el nuestro- que se utilice por la Administración para intervenir en el mercado de terrenos removiendo los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (a& 9.2CE)”

Al PP nunca le ha preocupado la lucha contra la especulación ni desarrollar una política efectiva de vivienda. Cuando ha tenido oportunidad, en el Gobierno de la Nación y en el Ayuntamiento, su política ha fomentado la especulación y la privatización, de hecho, de la política urbanística.

En estos años se ha despilfarrado el suelo público. Se han obtenido 23 millones de euros por su venta que se han dedicado a rotondas o urbanizaciones, muchas veces innecesarias, en el centro de la ciudad. 23 millones de euros que se tenían que haber destinado a una política eficaz de construcción de viviendas de protección pública se han utilizado para satisfacer los intereses electorales del PP.

Ante esta sentencia la reacción de Aparicio ha sido la habitual: ha culpabilizado a las víctimas de sus irregularidades. Se atreve a criticar a quien exige el cumplimiento de la legalidad y solicita el amparo de los tribunales ante su contumacia en el error. Es lo típico en posturas intolerantes. En lugar de culpabilizar a las víctimas Aparicio debiera pedir perdón a todos los burgaleses que no han podido obtener una vivienda digna por su política, rectificar los presupuestos de 2009 y hacer una política de promoción de viviendas públicas, fundamentalmente en alquiler, eficaz.

24 horas tarda el PP en reconocer su engaño. No tiene ninguna intención que la Junta promueva viviendas de protección pública a corto plazo.

Un día le ha durado al PP su falsa promesa. Ni a corto ni a medio plazo tiene intención de que la Junta de Castilla y León promueva viviendas de protección pública en los próximos años. Lo que seguro que sí va a hacer es intentar justificar  que se reclasifiquen terrenos para favorecer a sus propietarios y para revalorizar los suelos comprendidos entre estas reclasificaciones y la trama urbana. Esas son las intenciones que se adivinan en alguna de las propuestas realizadas con motivo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que en este momento está sometido a información pública.

La Junta ha publicado una nota en la que utiliza unos argumentos que descubren su trampa. El solar en el que se encuentra el parque de maquinaria, (c/ Madrid 51) están clasificados como urbanos con ordenación detallada desde el año 1999. En estos nueve años ninguna actuación ha desarrollado la Junta para construir aquí VPO a pesar de que de esta manera prestaría un buen servicio a la ciudad. Todavía está a tiempo. En un año o poco más, es decir inmediatamente, podría encargar los proyectos necesarios para construir un nuevo parque en suelo industrial y edificar aquí viviendas.

En el sector S 24, que tiene 607.500 m2 en los que se pueden construir 1.176 viviendas, la Junta tiene importantes propiedades. También está aprobado como suelo urbanizable desde 1999 sin que la Comunidad Autónoma haya hecho nada para desarrollarle. Este es un sector que debido a su bajísima densidad, 20 viviendas por hectárea, merecería ser modificado para dotarle de una densidad más sostenible. También se podría realizar esta modificación  en breve plazo o también podría cambiar la Junta suelo de su propiedad en el que se pueden construir viviendas libres por otro en el que se construyan viviendas protegidas en la proporción de 1 libre por 2,5 protegidas.

Por último, el PP no menciona el Patrimonio Municipal del Suelo que ya está urbanizado. La cesión de este suelo a la Junta posibilitaría la construcción inmediata de VPO si esa fuera su real voluntad.

No es legítimo que un asunto tan serio como la obligación que tiene la Junta de construir viviendas protegidas se reduzca a declaraciones propagandísticas y a una dejación total de sus responsabilidades.

El timo de la oficina municipal de vivienda del PP

El PP ha decidido prorrogar un año más el convenio con la Fundación de Derechos Civiles mediante el que esta entidad, que sólo contrata con ayuntamientos gobernados por el PP, mantiene la Oficina Municipal de Vivienda.

Da la impresión de que esta Fundación se especializa en aquellos asuntos que interesan a los ayuntamientos con los que contrata que pueden ser gestionados mediante convenios y nunca a través del concurso público. Hace años constituyeron las oficinas municipales de atención al soldado y ahora se dedican a la vivienda.

En Burgos, el PP encubre su falta de política de vivienda con el mantenimiento de esta oficina que nadie sabe para qué sirve.

Ciertamente sus servicios no son baratos. 120.000€ para atender 4.000 visitas (30€ por visita). Además, como el PP debe pensar que en Burgos no hay profesionales suficientes para atender esta función, esta oficina es atendida por personas residentes en Madrid que, lógicamente, facturan dietas.

La política municipal de vivienda se reduce al mantenimiento de esta Fundación y a malgastar el suelo público que se destina a pagar inversiones ordinarias. De esta manera, el Ayuntamiento no cumple con la obligación que tiene de desarrollar una política urbanística que frene la especulación, recupere las plusvalías para la comunidad y que facilite el acceso a una vivienda digna, a precios asequibles, a todos los burgaleses que la necesiten.

 

Acción conjunta del Gobierno y algunos ayuntamientos en contra del acoso inmobiliario

El Ministerio de la Vivienda ha firmado un convenio con los ayuntamientos de Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, La Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas para poner en marcha la experiencia piloto contra el acosoinmobiliario.
Los convenios se enmarcan en el compromiso adquirido el pasado mes de diciembre entre la ministra de Vivienda y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias para llevar a cabo actuaciones y programas conjuntos contra el acoso inmobiliario.
El Ministerio pone al servicio de los ayuntamientos que firmen el protocolo un servicio telefónico gratuito (900 900 707) al que cualquier víctima puede llamar. La primera solución a los problemas cotidianos de la gente en muchos casos está, sencillamente, en tener a alguien a quien llamar para explicar su problema. Posteriormente, el Ministerio pondrá en conocimiento del municipio de manera inmediata el caso y el Ayuntamiento lo estudiará y buscará asistencia social y jurídica gratuitas para el afectado. Los ayuntamientos que han firmado el convenio y los que se sumarán en breve, pondrán en marcha las actuaciones necesarias para dar asistencia, asesoramiento y apoyo a las víctimas del acoso inmobiliario, en colaboración con todas las Administraciones Públicas, asociaciones ciudadanas y colegios profesionales que sumarán sus esfuerzos.
El llamado mobbing inmobiliario ha adquirido tal dimensión que ha merecido la atención de Naciones Unidas. El relator especial para la Vivienda de Naciones Unidas Miloon Kothari ha declarado que "el estado del mobbing inmobiliario en España es particularmente grave y representa una vergüenza para el país, ya que no se registran casos tan graves en otras regiones del mundo desarrollado". También dijo que, junto con el acoso inmobiliario, "la falta de viviendas de protección oficial, la necesidad de promover el mercado de alquiler y el alto porcentaje de fincas vacías son otros de los problemas que hay que resolver".
No me ha extrañado la ausencia del Ayuntamiento de Burgos en este convenio. No porque a Aparicio le cueste viajar a Madrid, sino porque en este problema el Ayuntamiento que él gobierna siempre esta de acuerdo con el acosador.
Mucha población tradicional ha sido silenciosamente expulsada del casco histórico. Muchos inmuebles se deterioran con la complicidad municipal, que hace caso omiso de denuncias y tolera que los propietarios de los inmuebles no cumplan con sus obligaciones de conservación y mantenimiento de los edificios. La pasividad municipal culmina con un expediente de ruina en el que el Ayuntamiento fácilmente declara la ruina económica o técnica del edificio. La complicidad municipal con los promotores llega hasta el extremo de asumir sus intereses particulares como si fueran públicos para facilitarles la expulsión de los propietarios de las viviendas como está sucediendo en la Plaza de Vega.

El Ayuntamiento no ha construido ninguna vivienda de protección oficial

La política de vivienda del PP en el Gobierno de la Nación, de 1996 a 2003, provocó una espectacular caída en construcción de VPO en España. Se bajó del 41% al 9%. En Burgos, los datos eran peores, pues sólo un 4% de las viviendas tenían protección pública.

La situación en la ciudad podría haber cambiado radicalmente gracias a la nueva política del Gobierno de la Nación y a la gestión urbanística realizada por el Gobierno municipal del PSOE, que dejó a Aparicio una magnífica herencia. Sin embargo, el fracaso es estrepitoso.

Actualmente, el 30% de las viviendas que se construyan tienen que ser de protección oficial. Esta decisión, adoptada en el año 1999, necesita ir acompañada de la actividad pública para ser plenamente eficaz. Que el suelo se construya y urbanice en los plazos previstos y que el Ayuntamiento impulse la gestión del planeamiento urbanístico son condiciones necesarias que están siendo incumplidas por el Ayuntamiento, que prefiere dejar en manos de los promotores estas decisiones.

Al tomar posesión como alcalde, me encontré con un patrimonio municipal del suelo esquilmado y con el que resultaba imposible hacer frente a las obligaciones municipales contraídas. A Aparicio le dejé suelo gestionado para construir 12.136 viviendas, de las cuales 3.640 han de ser VPO. El Patrimonio Municipal del Suelo estaba formado por propiedades para edificar 2.389 viviendas públicas.

Esta formidable herencia ha sido dilapidada. La mayor parte de este suelo se ha destinado a financiar inversiones ordinarias como la compra del albergue Peña Amaya o el túnel de Islas Baleares, que tenían que haber sido pagadas con los ingresos del presupuesto municipal. Otra parte del patrimonio se ha malvendido sin ningún control, como se ha demostrado al adjudicarse viviendas a personas que ya eran propietarias de otra o al no impedirse la venta de pisos a precio superior al legal.

Un Ayuntamiento comprometido con la ciudad hubiera conseguido que la vivienda en Burgos no continuara siendo uno de sus principales problemas.

El PP no quiere construir VPO

La ciudad no debe planificarse atendiendo a quien es el propietario de los terrenos. Que históricamente se haya hecho así en los diferentes gobiernos del PP no significa que debamos volver a cometer el mismo error.

Tradicionalmente, las propiedades públicas han sido maltratadas en el planeamiento urbanístico, por cuanto asume todas las cargas dejando los beneficios para los particulares que, en la mayoría de las ocasiones, son especuladores.

Para cambiar esta tendencia, no es necesario densificar al máximo los terrenos públicos sino utilizar los instrumentos que garantizan el justo reparto de cargas y beneficios, de tal manera que no existan privilegios dependiendo de la propiedad.

Incrementar sustancialmente la construcción de VPO tampoco necesita ninguna actuación pública excepcional. Sólo es necesario que el Ayuntamiento cumpla la Ley y exija que se construya en los plazos previstos. Con esta medida ya se incrementaría sustancialmente el número de viviendas construidas, dado que en los nuevos sectores el 30% de las viviendas deben ser de protección oficial.

La Junta de Castilla y León no tiene entre sus prioridades la construcción de viviendas. Su balance en Burgos es paupérrimo y está muy por debajo de las necesidades. Si decidiera cambiar esta tendencia, el Ayuntamiento de Burgos tiene suelo suficiente para cederlo gratuitamente a la Junta para que cumpla con sus obligaciones.

El hospital militar fue cerrado, en contra de la lógica y de la razón, por un capricho de Trillo, con el beneplácito de sus compañeros Aparicio y Herrera, para mantener abierto el hospital de su pueblo: Cartagena. Además de aplaudir esta decisión, el PP de Burgos le regaló al Gobierno 18 millones de euros.

El colmo de este disparate es que se supriman los espacios libres construyendo viviendas. Mantengamos el antiguo hospital militar como dotación sanitaria o social y dejemos los espacios libres para disfrute de los vecinos.