El presidente de la Junta de Castilla y León ha convocado para el próximo viernes un acto propagandístico en el que pretende utilizar a los jefes de servicio de la sanidad pública burgalesa como coro que aplauda su intervención.
Cuando la desinformación ha sido la norma general y el menosprecio a la intervención de los médicos en la definición del plan funcional del nuevo hospital la pauta dominante, a la Junta de Castilla y León sólo se le ocurre hacer un acto propagandístico y contratar una costosa campaña publicitaria para intentar acallar las voces de gran parte de los profesionales sanitarios que están muy preocupados por el futuro de la sanidad pública en las nuevas instalaciones.
La construcción realizada tiene graves deficiencias que han sido denunciadas por responsables de los diferentes servicios sanitarios. El cauce para transmitir a la Consejería sus peticiones no ha podido ser más deficiente: han tenido que utilizar, como único interlocutor, al subdirector de gestión del hospital, que no ha tenido ningún eco en la Consejería de Sanidad, pues le ha remitido constantemente a un empleado de la concesionaria con poca capacidad de decisión y cuya máxima preocupación era quién iba a pagar las modificaciones solicitadas para corregir los errores cometidos en la construcción.
La Consejería de Sanidad, y no la empresa concesionaria, debe dar explicaciones serias que despejen las dudas del personal sanitario y de los ciudadanos de Burgos. En su lugar, convoca un acto propagandístico.
De todas las maneras, espero que el presidente de la Junta, dé respuesta a las siguientes preguntas.
• La concesión se realizó, hospital llave en mano con equipamiento incluido. por un importe de 243 millones de euros. Según los rumores, no aclarados por la Junta de Castilla y León, el importe de la obra ejecutada es de 346 millones a los que hay que añadir otros 94 millones en concepto de equipamiento. Total, 440 millones de euros (81% de incremento). ¿Son estos datos ciertos? ¿Cuánto costará el nuevo hospital? ¿Qué procedimiento administrativo se ha utilizado para aprobar esta desviación?
• El incremento del coste repercutirá en el aumento del canon anual que debe pagar la Junta de Castilla y León a la concesionaria. ¿Cuál es este importe? ¿Qué beneficio industrial se garantiza a la concesionaria?¿Qué rendimiento obtiene el capital invertido por la empresa privada?
• La privatización encubierta que de hecho supone esta nueva fórmula de gestión incrementará el gasto sanitario sin que mejore la calidad. ¿Cuál va a ser el coste por habitante? ¿Qué porcentaje del gasto sanitario representa el nuevo hospital con relación al presupuesto general de la sanidad pública en Castilla y León?
• Médicos y personal sanitario han denunciado las deficiencias existentes en la construcción y en el plan de equipamiento del nuevo hospital. El descontento es generalizado, hasta el punto de que no sería extraño que, si hoy se les diera a elegir, la mayoría optaría por permanecer en el viejo hospital Yagüe antes que trasladarse al nuevo hospital. ¿Ha previsto la Junta de Castilla y León la constitución de mesas de trabajo con los diferentes servicios hospitalarios para solucionar las deficiencias detectadas? ¿Cuándo va a acordar con los responsables de los servicios el plan de traslado a las nuevas instalaciones?
El PP, ante los rumores, ha optado por el silencio, con lo que se incrementa la desinformación. Lo más probable es que su actitud sea debida a la dificultad que tengan para explicar lo inexplicable o para justificar decisiones que echan por tierra todos sus argumentos a favor de esta privatización encubierta.
Ahora Herrera tiene la oportunidad de rectificar. Los burgaleses exigen información y quien tiene la responsabilidad de gestionar un servicio público esencial tiene la obligación de facilitar toda la información.
Ángel Olivares Ramírez
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jueves, 14 de octubre de 2010
jueves, 17 de junio de 2010
El despropósito sanitario del PP
En el año 2005 Juan Vicente Herrera dijo que el 29 de junio de 2009 ingresaría el primer paciente en el nuevo hospital.
Exultante porque había conseguido privatizar una parte muy importante de la sanidad pública, a Herrera se le nubló el juicio creyéndose los falsos e inconsistentes argumentos que había esgrimido para defender que el nuevo hospital de Burgos fuera gestionado por empresas privadas.
Las promesas de Herrera no se han hecho realidad y, de momento, ya llevamos un retraso de un año.
Lo grave de la situación es que el Consejero de Sanidad diga que el no es el responsable de la construcción del nuevo hospital y se niegue a facilitar información a la opinión pública sobre las nuevas previsiones de su entrada en funcionamiento.
La inquietud en la sociedad burgalesa y, en especial, entre los profesionales sanitarios, es generalizada. Las declaraciones del Consejero incrementan nuestra preocupación. ¿Qué ocultan? ¿No le parece a Herrera que los burgaleses tenemos derecho a conocer los problemas que existen en la construcción del nuevo hospital y a saber cuándo va a ser terminado?.
Herrera debe dar explicaciones urgentemente. El día de San Pedro, que se cumple el aniversario de su promesa incumplida, puede ser un buen día para que dé explicaciones públicas.
Exultante porque había conseguido privatizar una parte muy importante de la sanidad pública, a Herrera se le nubló el juicio creyéndose los falsos e inconsistentes argumentos que había esgrimido para defender que el nuevo hospital de Burgos fuera gestionado por empresas privadas.
Las promesas de Herrera no se han hecho realidad y, de momento, ya llevamos un retraso de un año.
Lo grave de la situación es que el Consejero de Sanidad diga que el no es el responsable de la construcción del nuevo hospital y se niegue a facilitar información a la opinión pública sobre las nuevas previsiones de su entrada en funcionamiento.
La inquietud en la sociedad burgalesa y, en especial, entre los profesionales sanitarios, es generalizada. Las declaraciones del Consejero incrementan nuestra preocupación. ¿Qué ocultan? ¿No le parece a Herrera que los burgaleses tenemos derecho a conocer los problemas que existen en la construcción del nuevo hospital y a saber cuándo va a ser terminado?.
Herrera debe dar explicaciones urgentemente. El día de San Pedro, que se cumple el aniversario de su promesa incumplida, puede ser un buen día para que dé explicaciones públicas.
martes, 4 de mayo de 2010
Sabemos lo que queremos
A raíz de la celebración, el día 29 de abril, de la manifestación para reclamar un hospital público de calidad y el rescate de la concesión, Diario de Burgos y El Correo de Burgos, en sendos editoriales, se preguntaban cómo es posible que la Junta no sepa explicar a los ciudadanos que se está construyendo un hospital magnífico (el mejor de España) y que la gestión del mismo será pública, por mucho que se intente confundir a la opinión pública.
La Junta de Castilla y León ha encontrado nuevos portavoces para defender su política. A las empresas que integran la concesionaria del nuevo hospital les hace un flaco favor, pues las coloca en el centro de la polémica en un papel bastante incómodo. Estos medios de comunicación deben considerar que los burgaleses son menores de edad y mucho más incultos que los autores de los editoriales y que, por ese motivo, están equivocados y participan, injustamente, en una manifestación que no se debiera producir.
Craso error, porque los ciudadanos sí saben lo que quieren. Exigen una sanidad pública de calidad que no esté mediatizada por el beneficio y el lucro empresarial. Y lo exigen así porque por mucho que se quiera ocultar conocen perfectamente que EEUU, porcentualmente, se gasta mucho más en la sanidad que en España y, sin embargo, es peor y deja sin asistencia a millones de ciudadanos; porque saben que el sistema empleado para la construcción del hospital es una copia del sistema utilizado en Gran Bretaña hace 30 años, origen del declive de la sanidad pública y la quiebra de hospitales hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que no se utilicen estos procedimientos. También conocemos que la sanidad pública en Madrid y en Valencia ha incrementado sensiblemente sus costes y ha empeorado la calidad, aunque se intente favorecer arbitrariamente a los hospitales gestionados por empresas privadas.
La construcción del nuevo hospital hubiera tardado el mismo tiempo que si lo hubiera realizado directamente la Junta de Castilla y León. Precisamente, el retraso que experimenta la obra no es por culpa de las empresas sino por las insuficiencias del proyecto y por los cambios que las autoridades sanitarias están introduciendo. Es decir, la misma dinámica que se produce habitualmente entre la administración pública y las empresas contratistas. La gestión privada de la construcción no representa ninguna ventaja para la sanidad pública.
El equipamiento será el que decida la Junta de Castilla y León. Posiblemente, sí, pero más caro que si lo comprara directamente y mediatizado por los vínculos que pueda tener la concesionaria con las empresas propietarias de las diferentes tecnologías. Con el sistema elegido por el PP, la compra de equipamiento no se beneficiará de la unificación de compras que han decidido las Comunidades Autónomas y su precio se incrementará con los gastos de gestión de la concesionaria más el 17% de beneficio industrial. ¿Dónde está el beneficio público?
Los servicios externalizados (limpieza, vigilancia, comedor, etc.) no serán mejores que los actuales, contratados mediante concursos públicos y que cuentan con un alto grado de especialización. ¿Será así en el futuro o estos servicios serán prestados por alguna de las empresas que integran la concesionaria?
La gestión directa del hospital implica el sometimiento de los responsables públicos al control permanente del parlamento y de la opinión pública. Estos controles pasan a un segundo nivel con gestión privada del hospital.
Los profesionales sanitarios mantenían una relación directa con las autoridades públicas para decidir el equipamiento necesario para el ejercicio de su profesión y el desempeño de una sanidad de calidad. Con el sistema que se pretende, se introduce un nuevo interlocutor, que es la concesionaria y todos sus condicionantes económico y tecnológicos.
Las empresas que forman parte de la concesión del nuevo hospital tienen la obligación de ganar dinero, de obtener beneficios para retribuir el capital invertido y repartir dividendos a sus accionistas. Nada que objetar. Todo lo contrario.
Sin embargo, estos afanes no son los mejores consejeros para gestionar la sanidad pública. Así se ha demostrado con todas las experiencias que se conocen en el mundo y, por este motivo, los burgaleses nos manifestamos a favor de que la Junta de Castilla y León, a pesar de ser unos pésimos gestores, rescate la concesión del nuevo hospital de Burgos.
La Junta de Castilla y León ha encontrado nuevos portavoces para defender su política. A las empresas que integran la concesionaria del nuevo hospital les hace un flaco favor, pues las coloca en el centro de la polémica en un papel bastante incómodo. Estos medios de comunicación deben considerar que los burgaleses son menores de edad y mucho más incultos que los autores de los editoriales y que, por ese motivo, están equivocados y participan, injustamente, en una manifestación que no se debiera producir.
Craso error, porque los ciudadanos sí saben lo que quieren. Exigen una sanidad pública de calidad que no esté mediatizada por el beneficio y el lucro empresarial. Y lo exigen así porque por mucho que se quiera ocultar conocen perfectamente que EEUU, porcentualmente, se gasta mucho más en la sanidad que en España y, sin embargo, es peor y deja sin asistencia a millones de ciudadanos; porque saben que el sistema empleado para la construcción del hospital es una copia del sistema utilizado en Gran Bretaña hace 30 años, origen del declive de la sanidad pública y la quiebra de hospitales hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que no se utilicen estos procedimientos. También conocemos que la sanidad pública en Madrid y en Valencia ha incrementado sensiblemente sus costes y ha empeorado la calidad, aunque se intente favorecer arbitrariamente a los hospitales gestionados por empresas privadas.
La construcción del nuevo hospital hubiera tardado el mismo tiempo que si lo hubiera realizado directamente la Junta de Castilla y León. Precisamente, el retraso que experimenta la obra no es por culpa de las empresas sino por las insuficiencias del proyecto y por los cambios que las autoridades sanitarias están introduciendo. Es decir, la misma dinámica que se produce habitualmente entre la administración pública y las empresas contratistas. La gestión privada de la construcción no representa ninguna ventaja para la sanidad pública.
El equipamiento será el que decida la Junta de Castilla y León. Posiblemente, sí, pero más caro que si lo comprara directamente y mediatizado por los vínculos que pueda tener la concesionaria con las empresas propietarias de las diferentes tecnologías. Con el sistema elegido por el PP, la compra de equipamiento no se beneficiará de la unificación de compras que han decidido las Comunidades Autónomas y su precio se incrementará con los gastos de gestión de la concesionaria más el 17% de beneficio industrial. ¿Dónde está el beneficio público?
Los servicios externalizados (limpieza, vigilancia, comedor, etc.) no serán mejores que los actuales, contratados mediante concursos públicos y que cuentan con un alto grado de especialización. ¿Será así en el futuro o estos servicios serán prestados por alguna de las empresas que integran la concesionaria?
La gestión directa del hospital implica el sometimiento de los responsables públicos al control permanente del parlamento y de la opinión pública. Estos controles pasan a un segundo nivel con gestión privada del hospital.
Los profesionales sanitarios mantenían una relación directa con las autoridades públicas para decidir el equipamiento necesario para el ejercicio de su profesión y el desempeño de una sanidad de calidad. Con el sistema que se pretende, se introduce un nuevo interlocutor, que es la concesionaria y todos sus condicionantes económico y tecnológicos.
Las empresas que forman parte de la concesión del nuevo hospital tienen la obligación de ganar dinero, de obtener beneficios para retribuir el capital invertido y repartir dividendos a sus accionistas. Nada que objetar. Todo lo contrario.
Sin embargo, estos afanes no son los mejores consejeros para gestionar la sanidad pública. Así se ha demostrado con todas las experiencias que se conocen en el mundo y, por este motivo, los burgaleses nos manifestamos a favor de que la Junta de Castilla y León, a pesar de ser unos pésimos gestores, rescate la concesión del nuevo hospital de Burgos.
miércoles, 17 de febrero de 2010
Al rescate del nuevo hospital
Los profesionales de la sanidad burgalesa lo tienen claro. Su preocupación por la asistencia sanitaria que se ofrecerá desde el nuevo hospital crece cuanto más se acerca la fecha de su apertura. Por esto, están ya reclamando a la Junta de Castilla y León que abandone el modelo de sanidad privada y rescate la concesión del nuevo hospital.
La Junta no está consultando al personal del hospital sobre las dotaciones que requiere. No se sabe nada, y lo que han podido averiguar, les parece preocupante. El rescate del nuevo hospital es imprescindible y cuanto antes mejor.
Este es un buen momento para rescatar la concesión. Mejor ahora que antes de que comience a funcionar. No creo que las empresas burgalesas que participan en la concesionaria pongan pegas a este rescate si la Junta les retribuye las inversiones realizadas. Si el hospital comienza a funcionar con la fórmula elegida por la Junta de Castilla y León, empeorará irremediablemente la sanidad, pues se ofrecerán servicios de menos calidad y más caros.
Es imprescindible la movilización ciudadana para que la Junta de Castilla y León reconsidere el modelo de sanidad privada que quiere poner en marcha en Burgos.
La Junta no está consultando al personal del hospital sobre las dotaciones que requiere. No se sabe nada, y lo que han podido averiguar, les parece preocupante. El rescate del nuevo hospital es imprescindible y cuanto antes mejor.
Este es un buen momento para rescatar la concesión. Mejor ahora que antes de que comience a funcionar. No creo que las empresas burgalesas que participan en la concesionaria pongan pegas a este rescate si la Junta les retribuye las inversiones realizadas. Si el hospital comienza a funcionar con la fórmula elegida por la Junta de Castilla y León, empeorará irremediablemente la sanidad, pues se ofrecerán servicios de menos calidad y más caros.
Es imprescindible la movilización ciudadana para que la Junta de Castilla y León reconsidere el modelo de sanidad privada que quiere poner en marcha en Burgos.
jueves, 3 de diciembre de 2009
Intoxicación informativa
El PP no tolera que nadie critique sus decisiones. Cuando alguien, en el uso de su legítimo derecho e intentando defender el bien público, no comparte las decisiones de las administraciones públicas gobernadas por los conservadores se arriesga a ser objeto de todo tipo de improperios y acosos.
Es lo que hoy ha sucedido. El PP intenta intoxicar a la opinión pública divulgando unas presuntas propuestas que hizo el responsable de la Unidad de Consejo Genético del Cáncer en Burgos hace años.
La verdad siempre resplandece por muchos medios que se utilicen para ocultarla. Hoy se han dado las explicaciones oportunas que están bien recogidas en la información que publica Radio Arlanzón.
http://www.radioarlanzon.com/modules.php?name=News&file=article&sid=27284
Hubiera sido más ético que el Correo de Burgos hubiera contrastado la información con las personas afectadas antes de publicar esa malintencionada noticia.
Es lo que hoy ha sucedido. El PP intenta intoxicar a la opinión pública divulgando unas presuntas propuestas que hizo el responsable de la Unidad de Consejo Genético del Cáncer en Burgos hace años.
La verdad siempre resplandece por muchos medios que se utilicen para ocultarla. Hoy se han dado las explicaciones oportunas que están bien recogidas en la información que publica Radio Arlanzón.
http://www.radioarlanzon.com/modules.php?name=News&file=article&sid=27284
Hubiera sido más ético que el Correo de Burgos hubiera contrastado la información con las personas afectadas antes de publicar esa malintencionada noticia.
martes, 24 de noviembre de 2009
Otra vez
Reproduzco, íntegramente, el comentario que en este mismo blog realicé el 4 de febrero de 2009.
“Más centralismo en Valladolid
Leo con preocupación la nota publicada por el servicio de oncología médica de Burgos con motivo de la creación en el hospital Río Ortega de Valladolid de la Unidad de Consejo Genético de cáncer hereditario desmembrando la unidad existente en Burgos.
“Más centralismo en Valladolid
Leo con preocupación la nota publicada por el servicio de oncología médica de Burgos con motivo de la creación en el hospital Río Ortega de Valladolid de la Unidad de Consejo Genético de cáncer hereditario desmembrando la unidad existente en Burgos.
Por la Junta se alega que de esta manera se prestará mejor servicio a los pacientes. No me creo el argumento. No sólo por lo dicho por los especialistas en cuanto que al disminuir la población atendida empeorará la calidad sino porque estoy seguro de que esta decisión se ha adoptado para ir generando un nuevo servicio de referencia regional en Valladolid tal y como en su día se hizo con los bancos de sangre, la cirugía pediátrica y tantos otros.
Nadie ha demostrado, ni siquiera se han molestado en intentarlo, que la centralización de servicios públicos incremente su eficiencia. Depende de las circunstancias.
Mucho menos se ha demostrado que, si fuera necesaria, esta centralización necesariamente deba realizarse en Valladolid. La realidad es que el centralismo responde exclusivamente al afán del poder de tener controlado todo lo que se mueve y de la mayor influencia que tienen aquellos que están cercanos a los centros de decisión.
La política seguida por el PP en la Junta de Castilla y León provoca la creciente desafección de muchos burgaleses hacia la Comunidad Autónoma. Comparto su sensación. Yo tampoco estoy cómodo en una comunidad autónoma gobernada por un partido popular que no sabe y no quiere descentralizar para acercar la administración a los ciudadanos y fomentar un espíritu regional fuerte y cohesionado.”
Las peores previsiones se confirman. Herrera, que ejerce un poder vicario, y el Consejero, han faltado a su palabra restableciendo la unidad de Valladolid.
En términos relativos, la sanidad pública en Castilla y León ha empeorado sustancialmente desde que la Junta de Castilla y León asumió las transferencias. Uno de los motivos es la incapacidad que tienen los dirigentes regionales para incorporar a este proyecto colectivo a los profesionales que trabajan en las diferentes ciudades. En lugar de aprovecharse de lo mejor de cada uno de ellos prefieren la fidelidad y el control directo concentrando todo el poder en muy pocas manos.
No debemos permanecer callados. Hay que movilizarse para que la Junta rectifique.
jueves, 27 de agosto de 2009
¿Sanidad pública o sanidad privada?
En el blog que Vicenç Navarro tiene en el diario Público ha escrito un artículo sobre la sanidad comparando la eficiencia entre los sistemas públicos y privados. Teniendo en cuenta el interés que este asunto tiene para la ciudad de Burgos me permito reproducirle íntegramente.
¿Sanidad pública o sanidad privada?
“Vicenç Navarro
La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339) que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y otros países sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Este consiste en el análisis de 82 estudios de investigación que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de tres millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro).
Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían: 1) las cualificaciones del personal de las instituciones; 2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico; 3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención; y 4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios. En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán.
La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.
No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de los expertos de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que, si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, en la que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea a quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la UE. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que, para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España entre representantes y representados y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1504/%c2%bfsanidad-publica-o-privada/
¿Sanidad pública o sanidad privada?
“Vicenç Navarro
La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339) que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y otros países sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Este consiste en el análisis de 82 estudios de investigación que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de tres millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro).
Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían: 1) las cualificaciones del personal de las instituciones; 2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico; 3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención; y 4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios. En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán.
La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.
No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de los expertos de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que, si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, en la que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea a quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la UE. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que, para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España entre representantes y representados y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1504/%c2%bfsanidad-publica-o-privada/
miércoles, 22 de julio de 2009
Retrasos razonables
Que las grandes obras se retrasen superando los plazos de ejecución inicialmente previstos es razonable. Seguramente el retraso será directamente proporcional al tiempo que se haya pretendido reducir en la elaboración, supervisión y aprobación del proyecto.
Lo que no es razonable es convertir la gestión pública en pura propaganda o intentar engañar a los ciudadanos.
En el año 2007, Juan Vicente Herrera comprometió su palabra diciendo que el 29 de junio de 2009 ingresaría el primer paciente en el nuevo hospital de Burgos. Además, manifestó que la “privatización” de la construcción y gestión del nuevo hospital era la garantía de que se iban a cumplir escrupulosamente los plazos de construcción.
Ahora se ha demostrado que lo dicho por Herrera no era verdad. Las obras acumulan un retraso de un año y, lo que queda….. Dependiendo de qué obra se trate y de quien la gestione algunos comentaristas califican los retrasos como expresión clara e indubitada de la ineficacia del político de turno y del abandono al que estamos sometidos los burgaleses o como detalle menor que no nos debe llevar a menospreciar el esfuerzo que se ha hecho para acelerar al máximo las obras.
Herrera debe hoy asumir sus responsabilidades y rendir cuentas explicando las razones de sus palabras. Lo que dijo fue, como mínimo, una tontería. Ruego que me disculpe quien se sienta molesto con este calificativo pero es el término más suave que se me ocurre. Que la obra sea gestionada por una empresa privada o por la administración pública no significa que se reduzcan los plazos de construcción. Las empresas constructoras, los obreros y los técnicos serían los mismos y sólo cambiarían los gestores. Tanto en la empresa privada como en la pública hay buenos y malos gestores.
No tengo duda de que la empresa concesionaria ha colocado al frente de la obra a gestores acreditados; también sé que en la administración pública existen gestores suficientes de valía sobrada. Ciertamente, en ocasiones la tramitación administrativa ralentiza las obras porque los responsables públicos no le dedican la prioridad debida. Supongo que no sería este el caso.
Ante estas evidencias se plantean las dudas sobre los motivos que tuvo Herrera para decir lo que dijo. Muchas razones existen para explicar que el PP haya optado por esta fórmula: su deseo de enmascarar la deuda pública, el deseo de abrir el camino a la sanidad privada en la gestión de la sanidad pública, su absoluta desconfianza en la capacidad gestora de la administración regional al ser conscientes de que han llenado los servicios centrales de las consejerías con políticos-funcionarios de incapacidad probada, etc. Herrera tiene la palabra.
De momento se ha demostrado que esta “privatización” de la sanidad pública no consigue reducir los plazos para construir el nuevo hospital.
En unos meses se comprobará que la fórmula elegida tampoco sirve para que los costes se ajusten al presupuesto aprobado. En el año 2012 ya sabremos que esta fórmula supondrá un incremento considerable del gasto como ya se ha puesto de manifiesto internacionalmente y así ha sido ratificado por la OMS y, finalmente, se demostrará que empeora la calidad del servicio público sanitario.
Herrera no ha hablado en la visita a las obras. Él sabe que lo que aquí digo es cierto.
Lo que no es razonable es convertir la gestión pública en pura propaganda o intentar engañar a los ciudadanos.
En el año 2007, Juan Vicente Herrera comprometió su palabra diciendo que el 29 de junio de 2009 ingresaría el primer paciente en el nuevo hospital de Burgos. Además, manifestó que la “privatización” de la construcción y gestión del nuevo hospital era la garantía de que se iban a cumplir escrupulosamente los plazos de construcción.
Ahora se ha demostrado que lo dicho por Herrera no era verdad. Las obras acumulan un retraso de un año y, lo que queda….. Dependiendo de qué obra se trate y de quien la gestione algunos comentaristas califican los retrasos como expresión clara e indubitada de la ineficacia del político de turno y del abandono al que estamos sometidos los burgaleses o como detalle menor que no nos debe llevar a menospreciar el esfuerzo que se ha hecho para acelerar al máximo las obras.
Herrera debe hoy asumir sus responsabilidades y rendir cuentas explicando las razones de sus palabras. Lo que dijo fue, como mínimo, una tontería. Ruego que me disculpe quien se sienta molesto con este calificativo pero es el término más suave que se me ocurre. Que la obra sea gestionada por una empresa privada o por la administración pública no significa que se reduzcan los plazos de construcción. Las empresas constructoras, los obreros y los técnicos serían los mismos y sólo cambiarían los gestores. Tanto en la empresa privada como en la pública hay buenos y malos gestores.
No tengo duda de que la empresa concesionaria ha colocado al frente de la obra a gestores acreditados; también sé que en la administración pública existen gestores suficientes de valía sobrada. Ciertamente, en ocasiones la tramitación administrativa ralentiza las obras porque los responsables públicos no le dedican la prioridad debida. Supongo que no sería este el caso.
Ante estas evidencias se plantean las dudas sobre los motivos que tuvo Herrera para decir lo que dijo. Muchas razones existen para explicar que el PP haya optado por esta fórmula: su deseo de enmascarar la deuda pública, el deseo de abrir el camino a la sanidad privada en la gestión de la sanidad pública, su absoluta desconfianza en la capacidad gestora de la administración regional al ser conscientes de que han llenado los servicios centrales de las consejerías con políticos-funcionarios de incapacidad probada, etc. Herrera tiene la palabra.
De momento se ha demostrado que esta “privatización” de la sanidad pública no consigue reducir los plazos para construir el nuevo hospital.
En unos meses se comprobará que la fórmula elegida tampoco sirve para que los costes se ajusten al presupuesto aprobado. En el año 2012 ya sabremos que esta fórmula supondrá un incremento considerable del gasto como ya se ha puesto de manifiesto internacionalmente y así ha sido ratificado por la OMS y, finalmente, se demostrará que empeora la calidad del servicio público sanitario.
Herrera no ha hablado en la visita a las obras. Él sabe que lo que aquí digo es cierto.
viernes, 17 de abril de 2009
Banco de sangre: un nuevo expolio de Burgos
En el año 2004 el banco de sangre de Burgos era el mejor dotado de toda la región. Gracias a la colaboración de entidades locales disponía de unas instalaciones que le hacían merecedor de acoger el Centro de Hemoterapia y Hemodonación en Castilla y León.
La propuesta burgalesa no encajaba en la política centralista de la Junta de Castilla y León que decidió ubicar la sede central en Valladolid. A los que manifestamos nuestras reticencias se nos dijo que la ciudad de Burgos no iba a perder nada y que todo continuaba igual. Muchos no nos lo creímos pero, otros, ingenuamente, se creyeron la palabra del PP y aceptaron la decisión.
Ahora se completa la operación con la remodelación que se va a poner en práctica que de hecho relegará a Burgos a ser exclusivamente un centro de extracción. En Burgos se obtendrá la sangre que, inmediatamente, será enviada a Valladolid para su tratamiento.
El PP en la Junta de Castilla y León ha hiperpolitizado todos los ámbitos de la administración pública. Los servicios centrales están saturados de burócratas con escasa capacitación profesional que tienen como principal mérito la afinidad política con el PP. Con esta estructura, sin autoridad moral alguna, necesitan tener cerca, físicamente, todo lo relativamente importante que existe en la región para controlar todo lo que se mueve, llevando la centralización a extremos absurdos y, por supuesto, a la pura ineficiencia.
Lo que ha pasado con el Banco de Sangre pasará también con el Consejo Genético. En los próximos años potenciarán la consulta de Valladolid para, en el futuro, suprimir la consulta de Burgos.
En defensa de los intereses de los burgaleses, también de los ciudadanos de Castilla y León que quieren unos servicios públicos de calidad, debemos apoyar la huelga convocada por los oncólogos y acudir a la concentración que se va a celebrar en las puertas del hospital Yagüe el próximo día 30 a las 20,30 horas.
miércoles, 4 de febrero de 2009
Más centralismo en Valladolid
Leo con preocupación la nota publicada por el servicio de oncología médica de Burgos con motivo de la creación en el hospital Río Ortega de Valladolid de la Unidad de Consejo Genético de cáncer hereditario desmembrando la unidad existente en Burgos.
Por la Junta se alega que de esta manera se prestará mejor servicio a los pacientes. No me creo el argumento. No sólo por lo dicho por los especialistas en cuanto que al disminuir la población atendida empeorará la calidad sino porque estoy seguro de que esta decisión se ha adoptado para ir generando un nuevo servicio de referencia regional en Valladolid tal y como en su día se hizo con los bancos de sangre, la cirugía pediátrica y tantos otros.
Nadie ha demostrado, ni siquiera se han molestado en intentarlo, que la centralización de servicios públicos incremente su eficiencia. Depende de las circunstancias.
Mucho menos se ha demostrado que, si fuera necesaria, esta centralización necesariamente deba realizarse en Valladolid. La realidad es que el centralismo responde exclusivamente al afán del poder de tener controlado todo lo que se mueve y de la mayor influencia que tienen aquellos que están cercanos a los centros de decisión.
La política seguida por el PP en la Junta de Castilla y León provoca la creciente desafección de muchos burgaleses hacia la Comunidad Autónoma. Comparto su sensación. Yo tampoco estoy cómodo en una comunidad autónoma gobernada por un partido popular que no sabe y no quiere descentralizar para acercar la administración a los ciudadanos y fomentar un espíritu regional fuerte y cohesionado.
martes, 6 de enero de 2009
Está próxima la primera demostración de las falsedades en torno al nuevo hospital
Hace cuatro años Herrera afirmó que el 29 de junio de 2009 ingresaría el primer paciente en el nuevo hospital.
Queda muy poco tiempo para demostrar esta falsedad, aunque ya se puede afirmar que será imposible que, en esa fecha, algún paciente sea atendido en un hospital que no estará en servicio.
No es excesivamente importante que no se cumplan los plazos previstos en esta gran obra. Normalmente, estos grandes proyectos se estudian poco durante su elaboración y trámites de aprobación administrativa, lo que ocasiona problemas en su ejecución que impiden cumplir los plazos previstos. Es una característica que afecta por igual a cualquier gran obra pública o privada.
Con ello se pondrá de manifiesto que uno de los pilares que justificaron esta encubierta privatización de la sanidad pública era falso. Se dijo que mediante este sistema se garantizaba que el hospital se construiría y entraría en servicio mucho antes que si la gestión fuera totalmente pública. Nunca se han molestado en argumentar tal afirmación porque ello supondría que la Junta de Castilla y León reconocería su propia incapacidad para gestionar los asuntos públicos.
La eficiencia en la gestión no depende de la titularidad de la obra. Depende de la capacidad de quien la dirige y de que se pongan todos los medios necesarios para que se realice en condiciones óptimas.
Demostrada la falsedad del argumento de que esta obra se terminaría antes por ser gestionada por empresas privadas, tampoco se tardará mucho en comprobar que no mejorarán los servicios sanitarios y que la gestión privada es mucho más cara que la pública.
La calidad del servicio público sanitario seguirá dependiendo de la buena voluntad, calidad y entrega de sus profesionales, que tendrán que seguir soportando una deficiente dirección carente de objetivos claros.
Que el coste sanitario será mucho más caro a consecuencia de esta privatización encubierta, ya se ha demostrado internacionalmente. Desgraciadamente, en Burgos, no tardaremos en comprobarlo.
viernes, 28 de noviembre de 2008
Otro buen profesional que se va de Burgos
Juan Luis Fonseca, jefe del servicio de cirugía vascular en el hospital, se va de Burgos. Ha aceptado una oferta de la sanidad vasca que le convence profesionalmente aunque desde el punto de vista retributivo no tenga casi diferencias con relación a sus condiciones actuales.
Este santanderino, muy apreciado personal y profesionalmente, después de 18 años en nuestra ciudad, se ve forzado a irse por la falta de un proyecto profesional ilusionante y con expectativas de futuro en Burgos.
La sanidad pública burgalesa cuenta con excelentes profesionales, de muy diferentes ideologías, que prestigian a la ciudad. Lamentablemente están pésimamente dirigidos.
Cuando un buen profesional abandona el hospital hay que preguntarse los motivos. Si estos no son de índole personal sino estrictamente profesionales, algo está fallando.
Fonseca no es el primero. Afortunadamente otros se quedan contra viento y marea, pero Burgos no se puede permitir la pérdida de talento que esto significa.
Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora. La sanidad pública ha empeorado sensiblemente desde que se transfirió a la Junta de Castilla y León. Uno de los motivos, tal vez el principal, es que la gestión no se realiza con criterios profesionales sino que prima el amiguismo y la afinidad política.
En los cargos directivos se coloca a los correligionarios y a los amigos o se practica un nepotismo rechazable aunque no tengan ninguna experiencia ni prestigio profesional.
Lo lógico es que por parte de los responsables sanitarios se haga una oferta profesional atractiva que seduzca al Dr. Fonseca para que continúe en Burgos. Si esta situación ya no tiene remedio corríjanse los problemas que puedan existir y nombren a un nuevo jefe con prestigio profesional y capacidad demostrada.
El nepotismo es éticamente repugnante. Además, condena al hospital a un empobrecimiento, a un desánimo generalizado y a una descapitalización humana que los burgaleses no merecemos y que debemos rechazar con energía.
Este santanderino, muy apreciado personal y profesionalmente, después de 18 años en nuestra ciudad, se ve forzado a irse por la falta de un proyecto profesional ilusionante y con expectativas de futuro en Burgos.
La sanidad pública burgalesa cuenta con excelentes profesionales, de muy diferentes ideologías, que prestigian a la ciudad. Lamentablemente están pésimamente dirigidos.
Cuando un buen profesional abandona el hospital hay que preguntarse los motivos. Si estos no son de índole personal sino estrictamente profesionales, algo está fallando.
Fonseca no es el primero. Afortunadamente otros se quedan contra viento y marea, pero Burgos no se puede permitir la pérdida de talento que esto significa.
Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora. La sanidad pública ha empeorado sensiblemente desde que se transfirió a la Junta de Castilla y León. Uno de los motivos, tal vez el principal, es que la gestión no se realiza con criterios profesionales sino que prima el amiguismo y la afinidad política.
En los cargos directivos se coloca a los correligionarios y a los amigos o se practica un nepotismo rechazable aunque no tengan ninguna experiencia ni prestigio profesional.
Lo lógico es que por parte de los responsables sanitarios se haga una oferta profesional atractiva que seduzca al Dr. Fonseca para que continúe en Burgos. Si esta situación ya no tiene remedio corríjanse los problemas que puedan existir y nombren a un nuevo jefe con prestigio profesional y capacidad demostrada.
El nepotismo es éticamente repugnante. Además, condena al hospital a un empobrecimiento, a un desánimo generalizado y a una descapitalización humana que los burgaleses no merecemos y que debemos rechazar con energía.
jueves, 13 de marzo de 2008
La sanidad pública no se puede gestionar peor
Es difícil encontrar nuevos calificativos a la gestión de la sanidad pública de la Junta de Castilla y León. No hay situación que no pueda empeorar.
En junio de 2007 denuncié los graves problemas creados por los gestores sanitarios con motivo del cambio de los gestores de la informática en el hospital de Burgos.
Este problema continúa. Debido a que los gestores de Valladolid son unos ineptos, como se ha demostrado en multitud de ocasiones, ahora los profesionales sanitarios de Burgos no tienen acceso a los archivos informáticos de radiología generando múltiples problemas para los médicos y los pacientes.
Hace semanas que se detectó este problema sin que los dirigentes del PP tomen cartas en el asunto. Archivos perdidos, imposibilidad de obtener copias y la necesidad de repetir pruebas son algunas de las consecuencias de esta nefasta gestión.
Hay que hablar claramente del PP y no de los gestores sanitarios pues a raíz de las transferencias a la autonomía de las competencias sanitarias se han creado unos macroservicios centrales en Valladolid, superior a los que existían antes en Madrid para gestionar todo el INSALUD, poniendo al frente de los mismos a unos gestores cuyos únicos méritos eran su afinidad al PP.
Parece que lo hacen a propósito para ir privatizando, poco a poco, todas las áreas sanitarias que pueden. Sin límite.
Existen ejemplos que demuestran que otra política es posible. Mientras Herrera se dedica a hablar del sexo de los ángeles y a privatizar el hospital de Burgos, en Extremadura tienen informatizados los historiales clínicos. Aquí, todavía con papel y sin posibilidad de acceder a los archivos informáticos existentes.
Estos gestores debieran estar permanentemente pidiendo perdón a todos los sanitarios que con su dedicación y profesionalidad están permanentemente solucionando su ineptitud.
¡Qué cruz!
En junio de 2007 denuncié los graves problemas creados por los gestores sanitarios con motivo del cambio de los gestores de la informática en el hospital de Burgos.
Este problema continúa. Debido a que los gestores de Valladolid son unos ineptos, como se ha demostrado en multitud de ocasiones, ahora los profesionales sanitarios de Burgos no tienen acceso a los archivos informáticos de radiología generando múltiples problemas para los médicos y los pacientes.
Hace semanas que se detectó este problema sin que los dirigentes del PP tomen cartas en el asunto. Archivos perdidos, imposibilidad de obtener copias y la necesidad de repetir pruebas son algunas de las consecuencias de esta nefasta gestión.
Hay que hablar claramente del PP y no de los gestores sanitarios pues a raíz de las transferencias a la autonomía de las competencias sanitarias se han creado unos macroservicios centrales en Valladolid, superior a los que existían antes en Madrid para gestionar todo el INSALUD, poniendo al frente de los mismos a unos gestores cuyos únicos méritos eran su afinidad al PP.
Parece que lo hacen a propósito para ir privatizando, poco a poco, todas las áreas sanitarias que pueden. Sin límite.
Existen ejemplos que demuestran que otra política es posible. Mientras Herrera se dedica a hablar del sexo de los ángeles y a privatizar el hospital de Burgos, en Extremadura tienen informatizados los historiales clínicos. Aquí, todavía con papel y sin posibilidad de acceder a los archivos informáticos existentes.
Estos gestores debieran estar permanentemente pidiendo perdón a todos los sanitarios que con su dedicación y profesionalidad están permanentemente solucionando su ineptitud.
¡Qué cruz!
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