La educación infantil en Burgos

La educación es un factor originario de progreso y constituye la mejor inversión que puede realizar la administración pública.

La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños atendiéndose progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que viven. Además se facilita que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.

Esta etapa de la educación es vital para la conciliación de la vida laboral y familiar.

En Burgos existe un gran déficit de plazas de educación infantil en su primer ciclo. Sólo 12 de cada 100 niños de 0 a 2 años tienen posibilidad de escolarizarse en las dos escuelas dependientes de la Junta de Castilla y León, tres municipales y dos privadas homologadas.

El Ayuntamiento de Burgos debe aprovechar el dinero que le va a transferir el Gobierno de España a través del Plan E para paliar esta grave carencia. El barrio de El Pilar, Fuentecillas, Gamonal y Copras y Barriada Inmaculada son barrios en los que existe una gran demanda de plazas y podrían acoger una nueva escuela infantil municipal.

Frente al vandalismo educación cívica, presencia policial y reparación inmediata

En lo que comúnmente se conoce como vandalismo, se incluyen actos que tanto pueden calificarse de chiquilladas como acciones que se encuentran recogidas en el código penal. Ciertamente, es un fenómeno muy generalizado, especialmente en las zonas urbanas.

El patrimonio público y el privado se deterioran originando cuantiosos gastos que deben afrontarse con los presupuestos públicos. Toda la sociedad tiene la obligación de tomar medidas para evitar este problema, no sólo por los efectos económicos que provoca sino, también, porque genera un amplio desánimo social.

La primera medida a adoptar, seguramente la más importante, ha de centrarse en el fortalecimiento de la educación cívica en el ámbito del sistema educativo, de la familia y de las organizaciones sociales. Formar buenos ciudadanos en la infancia es la mejor medida preventiva.

No debemos minusvalorar el efecto negativo que tiene el descrédito de lo público. Que se admiren a los defraudadores de la hacienda pública, que se esté continuamente denigrando la vida pública, dando mal ejemplo o participando de esa especie de deporte nacional en el que a veces se convierte la propagación de rumores sin fundamento, no es el mejor caldo de cultivo para aprender a respetar el patrimonio colectivo.

Sin duda, la Policía debe desarrollar un eficaz papel para impedir el vandalismo. Su inserción en la sociedad permite generar confianza entre la población para que los ciudadanos se conviertan en colaboradores de estos servidores públicos con el objetivo de que, entre todos, contribuyamos a evitar actos anti sociales. Si las políticas preventivas desarrolladas mediante el incremento de la presencia policial en la calle no son suficientes, hay que aplicar las medidas punitivas previstas en la legislación.

Si no podemos evitar estos actos, remediemos los perjuicios ocasionados a la mayor brevedad. Por ejemplo, las pintadas buscan notoriedad. Si evitamos que permanezcan, se estará disminuyendo el interés por dejar la firma allá por donde pasan.

Es un problema importante que no tiene fácil solución. No es tiempo para el desánimo, sino el momento de demostrar una firme voluntad de defensa del patrimonio público.

El Ayuntamiento no debe asumir las escuelas infantiles mientras no se garantice un servicio público de calidad

Los servicios públicos que han sido transferidos se gestionan bastante peor que antes. Hoy, en Castilla y León, cualquier profesional o usuario del sistema educativo o de la sanidad pública añora los tiempos en que estaban dirigidos por el Gobierno de la Nación.

El problema no reside en Valladolid o en el consejero Villanueva que, por cierto, es el más eficiente de todos los miembros de gobierno regional. El problema es estructural y radica en la concepción que se tiene de la política. Se ha apostado por órganos centralizados e hiperpolitizados al servicio del partido gobernante.

La política local española no es homologable a la media Europea. La Administración General del Estado representa el 53,5% del gasto del sector público, las Comunidades Autónomas suponen el 33,4% y los ayuntamientos el 13%, cifra igual a la de 1988, mientras que la media de la Unión se sitúa por encima del 20%. El gasto local anual por habitante en España es de 740 euros, mientras que en Holanda, Italia, Reino Unido, Austria, Francia o Irlanda se sitúa por encima de los 2.000 euros.

Muchos servicios públicos los puede prestar con mayor eficiencia el Ayuntamiento de Burgos que la Junta de Castilla y León. La aplicación de los principios de autonomía, suficiencia financiera y subsidiariedad que se incluyen en la Carta de Autonomía Local implica que se deben traspasar competencias en favor de las Corporaciones Locales en materias tales como seguridad ciudadana, justicia local o de proximidad, empleo, vivienda, cultura, educación, desarrollo sostenible, derechos sociales y prestaciones básicas de servicios sociales e integración social de inmigrantes.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Burgos no debe asumir las escuelas infantiles que la Junta quiere transferir, porque no existe la seguridad de que vengan acompañadas de los recursos económicos suficientes ni de las garantías necesarias para evitar que se privatice este servicio público.

El PP no cree en el valor educativo de las escuelas infantiles cuando las adscribe a la Consejería de Familia. Las considera un recurso social incómodo a privatizar para reducir costes. Esto es lo que subyace tras la propuesta de transferencia a los ayuntamientos y, por este motivo, no se puede aceptar.