La realidad de la gestión municipal en el bulevar ferroviario

La irresponsabilidad de Aparicio puede suponer que el Ayuntamiento de Burgos quede paralizado durante muchos años.

Para eludir la legislación local, que pone límites a la deuda municipal, el Ayuntamiento de Burgos ha constituido diferentes entidades para la realización de inversiones que la entidad local nunca hubiera podido ejecutar directamente. De esta manera se ha financiado la ampliación del polígono de Villalonquéjar y se afrontaron las obligaciones municipales asumidas para desviar el trazado ferroviario.

La gestión prudente del consorcio para la ampliación de Villalonquéjar, constituido con una entidad financiera local, ha sido muy eficaz poniendo a disposición de los industriales suelo de calidad a precios inferiores a otros promovidos por otras administraciones públicas y mucho más bajos que los exigidos por la iniciativa privada.

Sin embargo, en la gestión del bulevar no se está siendo prudente por las urgencias populistas de Aparicio y por la irresponsabilidad del PP.

La continua publicación de noticias relativas a la inversión en el bulevar ferroviario, ocultando las cuentas del Consorcio que lo está gestionando, está transmitiendo la impresión de que este equipo de gobierno tiene en su poder una varita mágica que le permite ejecutar inversiones multimillonarias debido a su gran capacidad de gestión. Esto no es así.

Lo primero que hay que decir es que la gestión se realiza desde una oficina técnica, a la que en un primer momento el PP se opuso, en la que también participan las entidades financieras. Si la gestión del bulevar se realizara directamente por el equipo de gobierno municipal dudo que ni siquiera se hubieran realizado los proyectos.

En segundo lugar también hay que precisar que toda la financiación de esa obra se realiza con la aportación en suelos de RENFE en virtud del desgraciado convenio que se firmó en el año 1998 en el que no se previa la financiación del bulevar ferroviario.

Con la aportación de RENFE se financia, difícilmente, lo pactado en el convenio, que son los 159 millones de euros que la ciudad aporta para el desvío ferroviario. La inversión del bulevar, sin prever financiación adicional, puede suponer que el Ayuntamiento de Burgos se colapse dentro de dos años.

Veamos los datos.

El consorcio ha gastado 20 millones en expropiaciones, 112 millones en la ejecución de la obra de la variante, 20 millones en gastos financieros, 7 millones en gastos de gestión y 68,6 millones en la urbanización del bulevar ferroviario. En total 227,6 millones de euros.

En este periodo, los ingresos netos han sido de 39 millones de euros con lo que la deuda, al día de hoy, es de 188,6 millones de euros. Esta deuda se está financiando con créditos concertados con cajas de ahorro y bancos por importe de 200 millones de euros.

Esta es la realidad. Si sumamos esta cantidad a los 143,2 millones de euros de deuda prevista en el presupuesto municipal para el año 2010 tenemos que la deuda municipal al finalizar el año será de 331,8 millones de euros lo que supone el 140% de todo el presupuesto municipal.

Cuando dentro de dos años se tenga que liquidar el Consorcio porque ya no será posible ejecutar más obras, el Ayuntamiento tendrá que asumir en sus presupuestos esta deuda lo que impedirá la realización de cualquier otra inversión.

Estas serán las consecuencias de una gestión irresponsable de Aparicio y del PP que sólo piensan en la incidencia electoral de sus actos importándoles muy poco el futuro de Burgos.

Aparicio tiene que asumir su responsabilidad por las consecuencias del convenio para el desvío ferroviario

Ningún Estado democrático serio plantea el incumplimiento de los contratos firmados. El suscrito por representantes del PP, en 1998, para desviar el ferrocarril a su paso por Burgos, no incluía ninguna cláusula de garantía que asegurara los riesgos económicos ni tampoco la posibilidad de que sirviera para pagar la urbanización del bulevar. Es más, cuando yo planteé la renegociación de este convenio, el PP volvió a reiterar que el bulevar tenía que pagarlo el ayuntamiento con sus medios.

Si se estima que la aplicación del convenio perjudica a la ciudad, sólo cabe cambiar de política o asumir responsabilidades políticas. El PSOE planteó renegociar el convenio para aplicar otra política urbanística. El PP no quiso. Ahora, Aparicio, que tiene una responsabilidad directa en la firma del convenio, pretende incumplir lo firmado imputando a otras autoridades sus responsabilidades. Inaudito.

Aparicio no puede burlarse de la ciudad y de las normas que regulan la vida política y social de esa manera. Si cree que el convenio es malo para Burgos, debe dimitir al ser el autor del daño.

No descarto que el Ministerio de Fomento, gobernado por el PSOE, tenga algún gesto para aliviar la carga municipal. Sería una dádiva atribuible a Magdalena Álvarez que, para la ciudad de Burgos, ha sido la mejor ministra de Fomento de los últimos 30 años. Hasta tal punto es así, que el Ayuntamiento ha considerado el 2008 como un año histórico, al suprimirse el tráfico ferroviario por la ciudad, abrirse la circunvalación norte e inaugurarse el aeropuerto.

Nunca en la historia de la ciudad se han ejecutado tantas obras y licitado tantos proyectos como con Magdalena Álvarez.

Si alguien considera que ha habido otro ministro mejor, que lo diga y cite sus obras. A los sectores sociales de Burgos que tan insano pesimismo predican siempre, les emplazaría a que dijeran en qué época histórica se ha invertido tanto en infraestructuras como en la época de Álvarez. Los pesimistas, como mínimo, debieran decir que Magdalena Álvarez ha sido la menos mala de toda la historia. Algunos dicen que las obras se han retrasado. ¿No es mayor retraso no empezarlas?

Si una institución de Burgos dio a Cascos una medalla de oro, a Álvarez habría que otorgarle una de oro y brillantes. Es muy difícil superar su gestión en lo que a obras que afectan a la ciudad de Burgos se refiere.

Siempre hay que ser exigentes pidiendo más infraestructuras al Estado y a la Comunidad Autónoma. Pero no hay que perder la objetividad porque entonces se pierde la razón.

El ferrocarril es prioritario para el Gobierno de España

Conviene precisar que el Gobierno no ha anunciado la supresión del servicio de viajeros entre Madrid y Burgos por Aranda de Duero utilizando la vía que comenzó a construirse en 1928 y que se puso en servicio el 11 de julio de 1968. Las características del trazado, condicionadas por la orografía, no permiten altas velocidades, pero sí velocidades sostenidas entre 110 y 140 km/h, lo que permite obtener tiempos de viaje competitivos. El Ministerio de Fomento está invirtiendo en mejorar la infraestructura y el servicio y sería deseable que, al igual que en otros servicios deficitarios de la región, la colaboración del Gobierno de la Nación con la Junta de Castilla y León permitiera un mayor impulso a las necesarias inversiones en esta línea.

Para la ciudad de Burgos, la llegada del AVE, prevista para el año 2012, es una gran oportunidad. Durante los seis  primeros meses de funcionamiento del servicio de Alta Velocidad entre Madrid, Segovia y Valladolid, el número de viajeros se ha incrementado en un 105%. El ferrocarril es el medio de transporte más sostenible e idóneo para el traslado masivo de viajeros.

En el año 2009, estará en obras todo el trayecto Valladolid-Burgos-Vitoria incorporándose nuestra ciudad a la red de Alta Velocidad. Esto supondrá un avance histórico en el sistema de comunicaciones español. Se pasará de los 1.200 kilómetros de ancho internacional, que estaban en servicio al finalizar el año 2006, a más de 2.200 en 2012, lo que supondrá que España será la nación del mundo que tendrá mayor número de kilómetros de alta velocidad en explotación. Se situará así por delante de países de gran tradición ferroviaria como Japón y Francia.

Teniendo en cuenta la riqueza del país, se puede afirmar, sin ningún género de dudas, que el Gobierno de España ha fijado como gran prioridad el transporte por ferrocarril, como se demuestra al comprobar los datos ya mencionados y que a este modo de transporte se dedica el 50% de las inversiones previstas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).

Las obras del desvío ferroviario continúan gracias al Ministerio de Fomento y a pesar del PP

El Ministerio de Fomento ha decidido adelantar 8,5 millones de euros que es la cantidad que el Ayuntamiento de Burgos adeuda desde hace seis meses. La Ministra, Magdalena Alvares, en un ejercicio de responsabilidad, ha preferido defender los intereses de los ciudadanos antes que parar las obras que es el camino elegido por el equipo de gobierno municipal del PP. Lógicamente, esto exigirá que el Ministerio solicite la compensación de estas cantidades minorando las transferencias del Estado al Ayuntamiento de Burgos.

Ningún político responsable puede defender que los convenios firmados no se cumplan ni coloca los intereses de partido delante de los intereses generales de la ciudad. La Ministra ha demostrado, con hechos, su talla política de gobernante responsable.

Otra opinión muy diferente es la que, a la luz de los acontecimientos, me merece la actitud de Aparicio. Hago memoria.

En el mes de febrero de 2002 el Gobierno presidido por Aznar, del que formaba parte Cascos y Aparicio, inició los trámites para paralizar las obras por un presunta demora en el pago por parte del Ayuntamiento de 20 días que posteriormente se demostró que no era cierto. En ese momento, las obras avanzaban muy lentamente por incapacidad del ministerio y se habían certificado obras por un importe total de 5,4 millones de euros.

Este simple anuncio sirvió para que Diario de Burgos colocara en portada un titular a cinco columnas en el que imputaba al Ayuntamiento la paralización de las obras y la publicación de un durísimo editorial en este mismo sentido. ¿Qué diferencias existen entre la situación creada en 2002 y la actual?

·         En 2002 el Gobierno de Aznar, del que formaba parte Aparicio, utilizaba ponía  a la administración pública al servicio de su partido aunque ello perjudicara a los ciudadanos. El Gobierno presidido por Zapatero, del que forma parte Magdalena Alvares, defiende el interés general y es respetuoso con los procedimientos administrativos.

·         En 2002, el Ayuntamiento presidido por el PSOE cumplía los convenios firmados aunque no le gustaran y no fuera responsable de su firma. En 2008 el Ayuntamiento presidido por Aparicio incumple los convenios que él mismo impulsó y avaló aunque ello ponga en riesgo la continuidad de una obra pública tan importante como el desvío ferroviario.

·         En el año 2002, Diario de Burgos se puso al lado del Gobierno de la Nación y culpabilizó al Ayuntamiento de Burgos por un presunto retraso de 20 días que, como ya he dicho, se demostró falso. En el año 2008, 6 meses de retraso y un incumplimiento flagrante del convenio firmado en 1998, no le merecen a Diario de Burgos ningún comentario especial ya que ahora apoyan la postura municipal. Lo que existe en común es que, tanto en el año 2002 como en 2008, el beneficiario de las opiniones de Diario de Burgos es el PP y el criticado es el PSOE aunque ello implique un cambio de criterio radical. Están en su derecho de apoyar al PP en todo caso, pero conviene ponerlo de relieve para que esta postura no se confunda con imparcialidad o independencia.

La realidad es muy tozuda. Por muchas maniobras que se hagan nunca se podrá ocultar la responsabilidad de Aparicio y del PP en este desaguisado.

También sería deseable que aquellos que defienden el incumplimiento de las normas y de los convenios que se firman que justifiquen su posición para poder analizar su coherencia y madurez democráticas.

 

 

Aparicio debe dimitir

La irresponsabilidad de Aparicio costará a la ciudad más de 130 millones de euros. En el año 1998, siendo ministro y presidente provincial del PP, el Gobierno de la Nación, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos -administraciones todas ellas gobernadas por los populares- firmaron el convenio para financiar el desvío ferroviario. El municipio asumía la obligación de pagar en solitario todas las cantidades que excedieran de 114 millones de euros. A día de hoy, podemos calcular que esta obra se liquidará en 247 millones, por lo que el Ayuntamiento deberá asumir 130 millones, además de otros 64 que corresponden a cada una de las tres administraciones. Es decir, el Ayuntamiento va a pagar 194 millones de euros, lo que representa el 78% de una obra de interés general.

Este leonino convenio es único en España. Fue impuesto por el PP burgalés por motivos estrictamente políticos contrarios a los intereses de la ciudad. Con el único sustento de un informe realizado por una constructora privada, el PP forzó su firma en contra de la opinión de los técnicos del Ministerio de Fomento quienes, para salvaguardar sus responsabilidades, exigieron que se incluyera la cláusula que endosaba al Ayuntamiento los posibles sobrecostes de la obra. Esta irresponsable decisión de Aparicio sólo se puede explicar por su interés en beneficiar políticamente a su partido en Burgos y, tal vez, por fomentar un pelotazo urbanístico de escándalo. ¿Quién era el beneficiario?

Durante cuatro años pedí insistentemente, desde la Alcaldía, que se renegociara el convenio. Aparicio lo impidió negando el pan y la sal al Ayuntamiento. Llegó, incluso, a parar las obras generando una importante alarma social.

Afortunadamente, ahora tenemos un Gobierno de España leal en sus relaciones institucionales y sensible a los problemas de los burgaleses. Los socialistas estamos dispuestos a arreglar este desaguisado, aunque nos parece que zanjarlo sin exigir responsabilidades políticas es una burla al Estado de Derecho y a la democracia. ¿Es gratis perjudicar al patrimonio municipal en más de 130 millones de euros? ¿Se puede tolerar que quien causa los problemas quiera aparecer como la víctima? ¿Es asumible que del engaño se beneficie su autor?

La decencia política y un mínimo de dignidad exigen la dimisión de Aparicio. Los pactos se firman para cumplirse y los errores se pagan.

Robar un caramelo a un niño

Ese es el símil empleado por Raúl Briongos para calificar el convenio firmado en el año 1998 para suprimir el paso del ferrocarril por el centro de la ciudad.
Continuando con el ejemplo, faltaría detallar la investigación realizada para esclarecer este “delito” poniendo nombre y apellidos al autor del robo y a la víctima.
Quien robó el caramelo es Aparicio. En su doble condición de ministro y dirigente provincial del PP en Burgos tenía toda la información para saber la trascendencia del convenio firmado y los graves riesgos que corría el Ayuntamiento. Su responsabilidad se incrementa porque, continuando en el gobierno, se negó a renegociar el convenio atendiendo la petición realizada en el año 1999 cuando el alcalde de Burgos era del PSOE.
La víctima es la ciudad de Burgos que tendrá que pagar más de 145 millones de euros. Para obtener estos ingresos está forzando el mercado inmobiliario encareciendo el precio del suelo y de la vivienda.
Los motivos de este robo fueron las prisas electorales del PP en Burgos que “forzaron” al ministerio a firmar urgentemente un convenio que permitiera “vender” ante la opinión pública que se solucionaba el problema del ferrocarril en Burgos. Como los técnicos del Ministerio no se creían los informes esgrimidos por el Ayuntamiento que habían sido realizados por empresas constructoras, incluyeron la cláusula por la que el Ayuntamiento asumía todo el riesgo de los posibles desfases económicos que se pudieran producir. Estos estudios realizados por empresas privadas han desaparecido sin que exista constancia de los mismos en los archivos oficiales.

Avalar que se incumplan los convenios firmados sin exigir responsabilidades públicas a las personas causantes de evidentes perjuicios causados a los burgaleses fomenta la irresponsabilidad y es incompatible con una democracia madura y estable.