Con el complejo típico del nuevo rico que malgasta en caprichos innecesarios e incomprensibles Aparicio se gasta 70.000€ en sustituir las farolas de la Plaza Mayor tirando a la chatarra las que él colocó hace solo cinco años.
Reitero una vez más que las farolas y el pavimento las colocó Aparicio que pudo introducir las modificaciones que considerara oportunas.
¿Qué problema se ha resuelto? Ninguno. Si la Plaza Mayor tenía algún problema de falta de iluminación, opinión que de ninguna manera comparto, la solución no es sustituir las farolas.
¿Qué interés público justifica el gasto? Ninguno. Sólo el gusto personal y el capricho de Aparicio explican este despilfarro. Es el colmo del disparate que el gobernante de turno modifique la ciudad atendiendo a sus gustos haciendo y deshaciendo a su antojo. ¿Le motiva a Aparicio algún interés político o de otra naturaleza?
No es cierto que el cambio sea necesario para reducir la factura energética. Este objetivo se puede conseguir aplicando otras medidas. Además este argumento es totalmente inconsistente. Hoy nadie realiza una inversión que tiene un retorno superior a 10 años.
Aparicio no tiene ninguna legitimidad para pedir esfuerzos a los burgaleses ni para quejarse porque el ayuntamiento pueda tener problemas económicos. El gran problema es su gestión.
Ángel Olivares Ramírez
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jueves, 13 de mayo de 2010
lunes, 3 de mayo de 2010
El masivo engaño del IBI
Miles de burgaleses recibieron el día 30 un simulacro de recibo en el que se anunciaba que ese mismo día les iban a cobrar el 65% del importe del IBI correspondiente al año 2010.
En ninguna parte del recibo se indica que es un pago voluntario, cuál es el procedimiento para rechazar el pago y que su devolución no acarrea perjuicio alguno para el contribuyente.
Es increíble que un recibo sea notificado el mismo día que te lo cargan en la cuenta bancaria. ¿Tanta necesidad de Tesorería tiene el equipo de Gobierno municipal? ¿A qué responde tan anormal proceder?
Sin duda que la gestión económica municipal es manifiestamente mejorable y que el despilfarro de Aparicio ocasiona dificultades evidentes de Tesorería. Pero ello no justifica, de ninguna manera, que el alcalde quiera engañar a todos los burgaleses.
No es obligatorio pagar el recibo girado. El padrón no está aprobado, por lo que el Ayuntamiento no puede cobrar todavía el IBI del año 2010.
El fraccionamiento del pago es voluntario. Para resolver los problemas de Tesorería debidos a una mala gestión, al PP se le ha ocurrido bonificar con un 1% del recibo a todos aquellos que acepten adelantar el pago. Lo que Aparicio no dice es que esta medida supone un perjuicio para todos los burgaleses que tenían domiciliado el recibo y que ya recibían una bonificación del 3%. Ahora, si no aceptan el pago fraccionado se les baja la subvención al 2%. Es decir, una voluntariedad tipo regímenes totalitarios.
No es verdad que el pago fraccionado lo sea por un importe equivalente al 65% del importe anual del IBI. Como el padrón no está aprobado, se han utilizado los valores del año 2009 con lo que se ha ocultado la subida del año 2010 que, de media, será superior al 5,5%. Otro engaño más que lo que intenta es ocultar el importante incremento que va a tener el recibo del IBI en el año 2010.
Los burgaleses somos buenos pagadores de los impuestos municipales como lo demuestran los elevados índices de pago voluntario. Ahora bien, la colaboración con la hacienda municipal no debe implicar que se acepte sumisamente que el PP en el Ayuntamiento se ría de todos nosotros.
Yo ya he devuelto el recibo. Como contribuyente, no tolero engaños ni que me falten al respeto debido.
En ninguna parte del recibo se indica que es un pago voluntario, cuál es el procedimiento para rechazar el pago y que su devolución no acarrea perjuicio alguno para el contribuyente.
Es increíble que un recibo sea notificado el mismo día que te lo cargan en la cuenta bancaria. ¿Tanta necesidad de Tesorería tiene el equipo de Gobierno municipal? ¿A qué responde tan anormal proceder?
Sin duda que la gestión económica municipal es manifiestamente mejorable y que el despilfarro de Aparicio ocasiona dificultades evidentes de Tesorería. Pero ello no justifica, de ninguna manera, que el alcalde quiera engañar a todos los burgaleses.
No es obligatorio pagar el recibo girado. El padrón no está aprobado, por lo que el Ayuntamiento no puede cobrar todavía el IBI del año 2010.
El fraccionamiento del pago es voluntario. Para resolver los problemas de Tesorería debidos a una mala gestión, al PP se le ha ocurrido bonificar con un 1% del recibo a todos aquellos que acepten adelantar el pago. Lo que Aparicio no dice es que esta medida supone un perjuicio para todos los burgaleses que tenían domiciliado el recibo y que ya recibían una bonificación del 3%. Ahora, si no aceptan el pago fraccionado se les baja la subvención al 2%. Es decir, una voluntariedad tipo regímenes totalitarios.
No es verdad que el pago fraccionado lo sea por un importe equivalente al 65% del importe anual del IBI. Como el padrón no está aprobado, se han utilizado los valores del año 2009 con lo que se ha ocultado la subida del año 2010 que, de media, será superior al 5,5%. Otro engaño más que lo que intenta es ocultar el importante incremento que va a tener el recibo del IBI en el año 2010.
Los burgaleses somos buenos pagadores de los impuestos municipales como lo demuestran los elevados índices de pago voluntario. Ahora bien, la colaboración con la hacienda municipal no debe implicar que se acepte sumisamente que el PP en el Ayuntamiento se ría de todos nosotros.
Yo ya he devuelto el recibo. Como contribuyente, no tolero engaños ni que me falten al respeto debido.
jueves, 22 de abril de 2010
El reparto PoPular
La política burgalesa es irrepetible. Se conocen muchos casos de malas prácticas administrativas en España pero en ninguna otra ciudad se ha institucionalizado la arbitrariedad en la licitación pública como está sucediendo en Burgos. La estructura del sistema PoPular es clara:
• Todos los proyectos de urbanización son realizados por la misma empresa y supervisados por los mismos técnicos municipales. Al PP lo mismo le da intervenir en los alrededores de la catedral que en una zona de nueva urbanización. Son técnicos multiusos que aplican las mismas recetas a lugares diferentes.
• Los precios de estos proyectos son muy caros y así es reconocido por gran parte de los técnicos de la ciudad.
• Para evitar conocer el precio real del mercado el PP impone que las bajas que puedan ofertar los licitadores no superen el 10% de baja penalizando a aquellas empresas que propongan mayores reducciones. De esta manera nos encontramos con que en concursos de obra de más de 4 millones de euros se presentan más de 30 empresas de las que 28 ofertan el mismo precio y a los “despistados” que ofertan rebajas inferiores se les penaliza.
• Como los técnicos contratados a dedo por Aparicio son infalibles se impone el número de trabajadores que tienen que ser empleados de tal manera que no se puede valorar positivamente a las empresas que más empleo creen porque este está predeterminado.
• Como la infalibilidad municipal no llega hasta el extremo de saber cómo se debe realizar una obra para que se causen las menores molestias posibles al vecindario o para definir las calidades exigibles de los materiales los concursos son decididos por el plan de obra que presentan las empresas o por las “mejoras” propuestas. Eso sí: para evitar que los licitadores conozcan los criterios de valoración estos se elaboran una vez conocidas las propuestas presentadas.
• Con este sistema, obras por importe superior a 5 millones de euros se están adjudicando dependiendo de si se prevé colocar unas señales de tráfico u otras o por mejoras cuya valoración es inferior a las rebajas que se ofertarían sin incurrir en temeridad si la oferta no estuviera limitada a una rebaja del 10%.
Las conclusiones son claras:
• La política urbanística en el espacio público que se ejecuta en Burgos es deplorable: es difícil encontrar una ciudad peor.
• Las obras que se realizan en Burgos son muy caras.
• Los concursos se adjudican en el marco de la pura arbitrariedad: el PP selecciona a las empresas que realizan las obras conforme a sus caprichos e intereses.
• Todos los proyectos de urbanización son realizados por la misma empresa y supervisados por los mismos técnicos municipales. Al PP lo mismo le da intervenir en los alrededores de la catedral que en una zona de nueva urbanización. Son técnicos multiusos que aplican las mismas recetas a lugares diferentes.
• Los precios de estos proyectos son muy caros y así es reconocido por gran parte de los técnicos de la ciudad.
• Para evitar conocer el precio real del mercado el PP impone que las bajas que puedan ofertar los licitadores no superen el 10% de baja penalizando a aquellas empresas que propongan mayores reducciones. De esta manera nos encontramos con que en concursos de obra de más de 4 millones de euros se presentan más de 30 empresas de las que 28 ofertan el mismo precio y a los “despistados” que ofertan rebajas inferiores se les penaliza.
• Como los técnicos contratados a dedo por Aparicio son infalibles se impone el número de trabajadores que tienen que ser empleados de tal manera que no se puede valorar positivamente a las empresas que más empleo creen porque este está predeterminado.
• Como la infalibilidad municipal no llega hasta el extremo de saber cómo se debe realizar una obra para que se causen las menores molestias posibles al vecindario o para definir las calidades exigibles de los materiales los concursos son decididos por el plan de obra que presentan las empresas o por las “mejoras” propuestas. Eso sí: para evitar que los licitadores conozcan los criterios de valoración estos se elaboran una vez conocidas las propuestas presentadas.
• Con este sistema, obras por importe superior a 5 millones de euros se están adjudicando dependiendo de si se prevé colocar unas señales de tráfico u otras o por mejoras cuya valoración es inferior a las rebajas que se ofertarían sin incurrir en temeridad si la oferta no estuviera limitada a una rebaja del 10%.
Las conclusiones son claras:
• La política urbanística en el espacio público que se ejecuta en Burgos es deplorable: es difícil encontrar una ciudad peor.
• Las obras que se realizan en Burgos son muy caras.
• Los concursos se adjudican en el marco de la pura arbitrariedad: el PP selecciona a las empresas que realizan las obras conforme a sus caprichos e intereses.
sábado, 5 de septiembre de 2009
Congelemos la mentira
Algunos políticos nos tienen acostumbrados a retorcer el lenguaje hasta el punto de vaciar de contenido a las palabras para que signifiquen justo lo contrario de lo que dicen.
En el PP son unos maestros. A las subidas de impuestos que superan el 5% les llaman congelación.
El gobierno municipal dice que “ha sido una decisión difícil pero congelaremos los impuestos y tasas.” No es verdad.
A consecuencia de la revisión de los valores catastrales, el Impuesto de Bienes Inmuebles se incrementará, por término medio, un 54,61%. El PP va a repartir este incremento durante los próximos diez años.
De esta manera, una vivienda con un valor catastral de 51.034,356€ (media de los valores en Burgos) en el año 2009 pagará en concepto de IBI 235,77€.
Aplicando la política anunciada por el PP la base liquidable en 2010 será de 53.821,35€ con lo que el importe que pagará será de 248,65€, es decir, el próximo año esta familia pagará un 5,46% más en concepto de IBI.
La única manera de congelar el IBI, y no mentir, es reduciendo el tipo impositivo al 0.438% tal y como propone el PSOE.
He leído un comentario que dice que esta noticia “supone un alivio para el bolsillo de los burgaleses cuando desde el Gobierno se anuncian subidas.” Si al comentarista le parece razonable que en el año 2010 suban los impuestos un 5,46% (supongo que le será indiferente que esta medida sea aplicada por el gobierno municipal, el regional o el nacional) espero que le parezca una bendición si el incremento impositivo es inferior a ese porcentaje.
Por mucho que una mentira se repita 100 veces no se convierte en verdad. Pero ciertamente daña irremediablemente a la credibilidad de la política y crea confusión.
En el PP son unos maestros. A las subidas de impuestos que superan el 5% les llaman congelación.
El gobierno municipal dice que “ha sido una decisión difícil pero congelaremos los impuestos y tasas.” No es verdad.
A consecuencia de la revisión de los valores catastrales, el Impuesto de Bienes Inmuebles se incrementará, por término medio, un 54,61%. El PP va a repartir este incremento durante los próximos diez años.
De esta manera, una vivienda con un valor catastral de 51.034,356€ (media de los valores en Burgos) en el año 2009 pagará en concepto de IBI 235,77€.
Aplicando la política anunciada por el PP la base liquidable en 2010 será de 53.821,35€ con lo que el importe que pagará será de 248,65€, es decir, el próximo año esta familia pagará un 5,46% más en concepto de IBI.
La única manera de congelar el IBI, y no mentir, es reduciendo el tipo impositivo al 0.438% tal y como propone el PSOE.
He leído un comentario que dice que esta noticia “supone un alivio para el bolsillo de los burgaleses cuando desde el Gobierno se anuncian subidas.” Si al comentarista le parece razonable que en el año 2010 suban los impuestos un 5,46% (supongo que le será indiferente que esta medida sea aplicada por el gobierno municipal, el regional o el nacional) espero que le parezca una bendición si el incremento impositivo es inferior a ese porcentaje.
Por mucho que una mentira se repita 100 veces no se convierte en verdad. Pero ciertamente daña irremediablemente a la credibilidad de la política y crea confusión.
lunes, 31 de agosto de 2009
La verdad del IBI y la revisión catastral
El gobierno municipal del PP lleva tiempo manipulando la información en el sentido de intentar convencer a los burgaleses de que, por imperativo legal, será inevitable que en el año 2010 suba el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Lo único cierto de lo que dice es que es obligatoria la revisión de los valores catastrales ya que han transcurrido más de diez años desde que se hizo la última. Estos valores es lógico que tengan cierta proporción con el valor del mercado por lo que es razonable la previsión legal de efectuar revisiones cada diez años.
No es cierto que esta revisión implique, necesariamente, que lo que todos los burgaleses pagamos por la llamada contribución tenga que subir. En estos últimos años el PP ha tergiversado la información y engañado a la opinión pública con relación a su política impositiva pues, por este concepto, casi siempre ha aplicado una doble subida: la experimentada por la base imponible a consecuencia de la revisión establecida en los presupuestos generales del estado de cada año y el incremento del tipo impositivo que el PP ha aplicado sin tener ninguna obligación legal de hacerlo.
Ahora hay que hacer justo lo contrario. Como los valores catastrales van a subir hay que reducir el tipo impositivo para que los burgaleses no paguen más impuestos.
Con la revisión, el valor catastral medio actual, pasa de 51.034,35 euros a 78.902,50 con una subida promedio del 54,61%.
En estos momentos en los que las economías domésticas sufren las consecuencias de la crisis económica hay que bajar el tipo para que el impacto de la revisión sea nulo en los tres primeros años y para que la subida media al finalizar los diez años pasara del 54,61 al 33% sin perjuicio de que en el año 2012 se redujera aún este impacto utilizando las bonificaciones previstas en la ley.
Para ello habría que reducir el tipo del 0,462% actual al 0,438% en 2010, al 0,413% en 2011 y al 4% en 2012. El 4% es el mínimo que marca la Ley así que a partir de 2013, si no se introducen bonificaciones, se producirían incrementos en los recibos hasta llegar al 33% en el año 2019.
El PP anuncia que congelará el tipo en 2010. Esto significa que se producirá un incremento del IBI muy por encima de lo razonable.
Lo único cierto de lo que dice es que es obligatoria la revisión de los valores catastrales ya que han transcurrido más de diez años desde que se hizo la última. Estos valores es lógico que tengan cierta proporción con el valor del mercado por lo que es razonable la previsión legal de efectuar revisiones cada diez años.
No es cierto que esta revisión implique, necesariamente, que lo que todos los burgaleses pagamos por la llamada contribución tenga que subir. En estos últimos años el PP ha tergiversado la información y engañado a la opinión pública con relación a su política impositiva pues, por este concepto, casi siempre ha aplicado una doble subida: la experimentada por la base imponible a consecuencia de la revisión establecida en los presupuestos generales del estado de cada año y el incremento del tipo impositivo que el PP ha aplicado sin tener ninguna obligación legal de hacerlo.
Ahora hay que hacer justo lo contrario. Como los valores catastrales van a subir hay que reducir el tipo impositivo para que los burgaleses no paguen más impuestos.
Con la revisión, el valor catastral medio actual, pasa de 51.034,35 euros a 78.902,50 con una subida promedio del 54,61%.
En estos momentos en los que las economías domésticas sufren las consecuencias de la crisis económica hay que bajar el tipo para que el impacto de la revisión sea nulo en los tres primeros años y para que la subida media al finalizar los diez años pasara del 54,61 al 33% sin perjuicio de que en el año 2012 se redujera aún este impacto utilizando las bonificaciones previstas en la ley.
Para ello habría que reducir el tipo del 0,462% actual al 0,438% en 2010, al 0,413% en 2011 y al 4% en 2012. El 4% es el mínimo que marca la Ley así que a partir de 2013, si no se introducen bonificaciones, se producirían incrementos en los recibos hasta llegar al 33% en el año 2019.
El PP anuncia que congelará el tipo en 2010. Esto significa que se producirá un incremento del IBI muy por encima de lo razonable.
sábado, 9 de mayo de 2009
Eliminar las fianzas provisionales es una buena idea
Aunque tenga unos efectos limitadísimos, quiero aplaudir la decisión de Aparicio de eliminar la fianza provisional a las empresas que participen en las licitaciones municipales. El artículo 91 de la Ley de contratos del sector público posibilita que el Ayuntamiento exija a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía responderá también del cumplimiento del resto de las obligaciones que señala la legislación.
El importe de esta garantía no puede exceder del 3% del contrato, siendo potestativo para el Ayuntamiento su exigencia o no. Es perfectamente legal, por tanto, esta nueva medida incluida en la ley de 2007 que modifica la norma anterior en la que la fianza provisional era obligatoria.
Uno de los mayores problemas que tienen las empresas en este momento es la dificultad de financiación. La propuesta que comentamos es una gota de agua en el proceloso mar de la gestión económica del Ayuntamiento, que está asfixiando a los proveedores municipales porque tardan en cobrar más tiempo de lo razonable y de lo legalmente previsto.
La mayoría de las facturas municipales se pagan con más de 60 días de retraso. Esta tardanza se produce por incapacidad de gestión, pues el equipo de Gobierno no pone los medios suficientes para pagar a tiempo. No hay ningún problema de liquidez. Es pura gestión y, por lo tanto, responsabilidad exclusiva de quien gobierna el Ayuntamiento.
Ante esta grave situación, Aparicio incumple la ley y las empresas que contratan con el la administración municipal renuncian a sus derechos. Si se tarda más de 60 días en pagar una factura, el Ayuntamiento tiene la obligación legal de declarar de oficio los intereses por la tardanza. No hacerlo ¿no es un incumplimiento claro de ley?
La mayoría de las empresas perjudicadas no reclaman intereses. ¿Tienen miedo a represalias? En la situación actual, en la que ninguna empresa está sobrada de financiación, no reclamar intereses por la tardanza municipal en pagar las facturas es una irresponsabilidad, salvo que el temor esté fundado.
El importe de esta garantía no puede exceder del 3% del contrato, siendo potestativo para el Ayuntamiento su exigencia o no. Es perfectamente legal, por tanto, esta nueva medida incluida en la ley de 2007 que modifica la norma anterior en la que la fianza provisional era obligatoria.
Uno de los mayores problemas que tienen las empresas en este momento es la dificultad de financiación. La propuesta que comentamos es una gota de agua en el proceloso mar de la gestión económica del Ayuntamiento, que está asfixiando a los proveedores municipales porque tardan en cobrar más tiempo de lo razonable y de lo legalmente previsto.
La mayoría de las facturas municipales se pagan con más de 60 días de retraso. Esta tardanza se produce por incapacidad de gestión, pues el equipo de Gobierno no pone los medios suficientes para pagar a tiempo. No hay ningún problema de liquidez. Es pura gestión y, por lo tanto, responsabilidad exclusiva de quien gobierna el Ayuntamiento.
Ante esta grave situación, Aparicio incumple la ley y las empresas que contratan con el la administración municipal renuncian a sus derechos. Si se tarda más de 60 días en pagar una factura, el Ayuntamiento tiene la obligación legal de declarar de oficio los intereses por la tardanza. No hacerlo ¿no es un incumplimiento claro de ley?
La mayoría de las empresas perjudicadas no reclaman intereses. ¿Tienen miedo a represalias? En la situación actual, en la que ninguna empresa está sobrada de financiación, no reclamar intereses por la tardanza municipal en pagar las facturas es una irresponsabilidad, salvo que el temor esté fundado.
sábado, 13 de diciembre de 2008
El Ayuntamiento debe aprobar los proyectos que creen más empleo
El Gobierno de España ha aprobado un Fondo Estatal de Inversión Local que permitirá recibir a la ciudad de Burgos más de 30 millones de euros, cantidad prácticamente equivalente a las inversiones de un ejercicio. Es decir, gracias a estas ayudas, Burgos podrá duplicar sus inversiones en 2009, pues a ellas podrá destinar más de 70 millones de euros.
Es el primer plan global de estas características que presenta un Gobierno europeo, y las medidas contempladas en el mismo constituyen un hito histórico sin precedentes. El desempleo es el principal factor de exclusión social. Los proyectos que se deben financiar son aquellos que creen más empleo. Sería un fraude a todos los ciudadanos que estos fondos se destinaran a reducir la deuda municipal, a comprar suministros o a financiar proyectos que ya estuvieran previstos en los presupuestos municipales.
Gran número de burgaleses demandan que los parques forestales se cuiden mejor. Seguramente, las tareas silvícolas y de limpieza de zonas como el Castillo, Fuentes Blancas, pinar de Cortes, pinar de Villalonquéjar y el conjunto de masas forestales de la ciudad desborda las posibilidades del mantenimiento ordinario. Ahora tenemos la oportunidad de intervenir exhaustivamente en labores de limpieza, desbroze y tratamiento en todas las masas forestales de la ciudad. Este proyecto crearía muchos puestos de trabajo.
También existen otras necesidades cuya satisfacción no estaba prevista en los presupuestos de 2009. Una intervención integral en San Juan de los Lagos está plenamente justificada. Las segundas o terceras fases en los barrios periféricos también encajarían en estas previsiones. Se puede intervenir en la remodelación integral del polideportivo Lavaderos y las piscinas de San Amaro. El campo de fútbol de El Plantío necesita amplias obras de mantenimiento así como el mercado municipal del G 9.
Calles de Gamonal, Capiscol, barriada Inmaculada y San Pedro y San Felices están esperando la primera urbanización y ahora se puede hacer. Esta inyección extraordinaria de recursos contribuirá a reformar la ciudad y a que muchos burgaleses puedan encontrar un empleo.
viernes, 5 de septiembre de 2008
La austeridad municipal
La pésima gestión económica municipal es evidente. En los últimos días se han conocido dos actuaciones municipales que lo ponen de relieve y que demuestran que el llamamiento realizado por Aparicio a desarrollar una política económica austera es mera palabrería.
El Ayuntamiento va a construir dos edificios municipales que no van a mejorar el servicio público y van a incrementar el gasto corriente innecesariamente. En la calle Diego Porcelos y en la Llana de Afuera se van a construir dos edificios con una superficie de 800 m2 cada uno de ellos. Van a costar 3.100.000€. Es decir, a 1.925€/m2 (320.370 ptas/m2) sin equipamiento.
Además de agudizar los problemas de terciarización del centro histórico la apertura de estas instalaciones municipales no supondrá que se cierren dependencias actualmente en uso con lo que se incrementará la dispersión de los servicios municipales y se incrementarán los gastos fijos (vigilancia, conserjería, reprografía, etc) sin que mejore el servicio público.
Parece evidente que si el Ayuntamiento necesita más metros cuadrados de oficinas se construya un edificio que unifique dependencias municipales, permita reducir costes y esté situado en un lugar muy accesible y bien comunicado por la red de transporte público. Sin embargo las genialidades de Aparicio consiguen todo lo contrario: empeorar.
Otra genialidad. En el mes de junio de 2004 Aparicio se encaprichó con comprar un coche Audi A6, V3.0 pasado de moda porque ya no se fabricaba. En contra de toda lógica utilizó el sistema de renting aunque el Ayuntamiento no pudiera beneficiarse de las ventajas de esta modalidad que son los motivos que justifican su utilización por las empresas.
Ahora se ha comprado este coche, con cuatro años de antigüedad, por 19.973€ que, sumados a los 66.691€ pagados por su uso durante cuatro años, totalizan 86.664€.
Las cuentas son claras. Si descontamos el importe del seguro y el mantenimiento Aparicio ha pagado por este coche, como mínimo, un 25% más que si lo hubiera comprado cualquier burgalés con sentido común.
lunes, 1 de septiembre de 2008
Financiación municipal
El avance de los presupuestos generales del Estado para 2009 es claramente austero en todas sus partidas excepto en aquéllas que más pueden contribuir a relanzar el crecimiento de la economía y en las dedicadas a protección social.
La previsión es que, en términos generales, las aportaciones del Estado a la financiación de los ayuntamientos españoles se incrementen en un 6,3% con relación al año 2008. Bien es cierto, que una parte de este incremento se debe al pago de la liquidación del 2007 que fue un año en el que los ingresos del Estado experimentaron un fuerte incremento.
Aparicio ha hecho unas declaraciones manifestando su preocupación porque se recorten los fondos que reciben los ayuntamientos. Comparto esta inquietud. El intenso proceso descentralizador que ha experimentado España en los últimos 30 años no ha repercutido en que las entidades locales gestionen mayor porcentaje del gasto público como sería lógico si tenemos en cuenta las competencias propias e impropias que se gestionan en el ámbito local.
En Castilla y León, me refiero exclusivamente a esta comunidad por ser la nuestra y la que conocemos, esta descentralización ha sido fagocitada por la voracidad regional que en lugar de transferir competencias a las entidades locales, centralizan cada vez más. Por este motivo muchos añoran, yo entre ellos, el centralismo del Gobierno de la Nación que permitía más autonomía que la que tolera el centralismo de la Junta de Castilla y León. Si a esto le unimos que las competencias que se han recibido se gestionan peor que antes difícilmente podemos permanecer en silencio ocultando una realidad percibida por gran parte de los burgaleses.
Por este motivo, me permito dudar de la sinceridad de las declaraciones de Aparicio. Más bien me parece que, de nuevo, está utilizando al ayuntamiento de Burgos como instrumentos para la confrontación partidaria.
Se le puede conceder el beneficio de la duda pues dentro de muy poco tiempo se podrá comprobar la sinceridad de estas declaraciones. Aparicio debe pedir a la Junta de Castilla y León que se incremente la financiación incondicionada de los ayuntamientos y la transferencia de competencias de servicios públicos que serían mejor gestionados por los municipios.
También está en su mano aplicar principios semejantes a los anunciados para los Presupuestos Generales del Estado. Espero que en el proyecto de presupuesto municipal todas las transferencias que se realizan a las organizaciones del área del bienestar social, que desarrollan competencias que debiera realizar el municipio, tengan un incremento, como mínimo, del 6,3%.
Los antecedentes no son buenos. Durante los últimos años, las actividades realizadas directamente por el ayuntamiento han incrementado su coste muy por encima del crecimiento del IPC mientras que a las organizaciones que realizaban estas mismas actividades por delegación municipal se les ha exigido que realizaran el mismo nivel de actividades con menos dinero además de exigirles que se endeuden por la incapacidad municipal de gestionar las ayudas en los plazos pactados.
La previsión es que, en términos generales, las aportaciones del Estado a la financiación de los ayuntamientos españoles se incrementen en un 6,3% con relación al año 2008. Bien es cierto, que una parte de este incremento se debe al pago de la liquidación del 2007 que fue un año en el que los ingresos del Estado experimentaron un fuerte incremento.
Aparicio ha hecho unas declaraciones manifestando su preocupación porque se recorten los fondos que reciben los ayuntamientos. Comparto esta inquietud. El intenso proceso descentralizador que ha experimentado España en los últimos 30 años no ha repercutido en que las entidades locales gestionen mayor porcentaje del gasto público como sería lógico si tenemos en cuenta las competencias propias e impropias que se gestionan en el ámbito local.
En Castilla y León, me refiero exclusivamente a esta comunidad por ser la nuestra y la que conocemos, esta descentralización ha sido fagocitada por la voracidad regional que en lugar de transferir competencias a las entidades locales, centralizan cada vez más. Por este motivo muchos añoran, yo entre ellos, el centralismo del Gobierno de la Nación que permitía más autonomía que la que tolera el centralismo de la Junta de Castilla y León. Si a esto le unimos que las competencias que se han recibido se gestionan peor que antes difícilmente podemos permanecer en silencio ocultando una realidad percibida por gran parte de los burgaleses.
Por este motivo, me permito dudar de la sinceridad de las declaraciones de Aparicio. Más bien me parece que, de nuevo, está utilizando al ayuntamiento de Burgos como instrumentos para la confrontación partidaria.
Se le puede conceder el beneficio de la duda pues dentro de muy poco tiempo se podrá comprobar la sinceridad de estas declaraciones. Aparicio debe pedir a la Junta de Castilla y León que se incremente la financiación incondicionada de los ayuntamientos y la transferencia de competencias de servicios públicos que serían mejor gestionados por los municipios.
También está en su mano aplicar principios semejantes a los anunciados para los Presupuestos Generales del Estado. Espero que en el proyecto de presupuesto municipal todas las transferencias que se realizan a las organizaciones del área del bienestar social, que desarrollan competencias que debiera realizar el municipio, tengan un incremento, como mínimo, del 6,3%.
Los antecedentes no son buenos. Durante los últimos años, las actividades realizadas directamente por el ayuntamiento han incrementado su coste muy por encima del crecimiento del IPC mientras que a las organizaciones que realizaban estas mismas actividades por delegación municipal se les ha exigido que realizaran el mismo nivel de actividades con menos dinero además de exigirles que se endeuden por la incapacidad municipal de gestionar las ayudas en los plazos pactados.
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