El centro necesita un aparcamiento para residentes en San Esteban.

Esta es una vieja idea que, al menos, desde el año 2000, viene proponiendo el Colegio de Arquitectos de Burgos. Ahora es posible hacerla realidad gracias a que el Gobierno de la Nación ha seleccionado el proyecto presentado por la ciudad de Burgos a la iniciativa europea Urban.

 

El centro histórico necesita plazas de aparcamiento para residentes. Con esta posibilidad, se incrementará el atractivo para residir en esta zona y se conservará mucho mejor nuestro patrimonio, pues es el uso que realmente posibilita una rehabilitación real.

 

Este proyecto se debiera afrontar cumpliendo una serie de requisitos. En primer lugar, realizando un estudio técnico serio que garantice la integración del aparcamiento en la ladera del castillo sin perjudicar el entorno natural y las murallas.

 

En segundo lugar, otro estudio debe determinar su viabilidad y  detectar la demanda real y los precios que serían asumibles teniendo en cuenta las características sociológicas de los residentes de la zona. Lógicamente, este estudio ha de diferir considerablemente de las chapuzas realizadas en Lavaderos y Hospital de la Concepción

 

Comprobada la viabilidad técnica, económica y social de su construcción, habría que convocar un concurso de proyectos para elegir aquel que aportara las soluciones más innovadoras y mejor integradas en el entorno. La mayor parte de los proyectos que ejecuta el equipo de Gobierno del PP los está encargando a dedo con un resultado horroroso. Es indignante que se desaprovechen estas intervenciones en ámbitos de gran calidad urbana por la mediocridad y el amiguismo de quien está gobernando la ciudad. En la mayor parte de los pueblos de Burgos y de España se está practicando mejor arquitectura y urbanismo que el que nos enseña habitualmente Aparicio.

 

Con la construcción de este aparcamiento han de satisfacerse las necesidades de los residentes y evitar que se produzcan nuevos estímulos para sustituir las viviendas por oficinas. Por este motivo, se debiera garantizar que los usuarios fueran residentes y que las personas físicas y jurídicas no puedan comprar más de dos plazas por vivienda.

 

Más problemas para el Instituto Enrique Flórez

El 29 de julio de 2008 realicé un comentario en este blog para intentar salvar los Institutos Enrique Flórez y Diego Porcelos puesto que las nuevas previsiones urbanísticas que impiden su crecimiento y, por lo tanto, ponen en peligro su continuidad.

En el año 2003 cedimos una superficie de 800 metros cuadrados en los que se construyó un edificio que ocupa 240 metros cuadrados dónde se imparte el Ciclo de Grado Medio de Acabados de la Construcción. Con ocasión del estudio de viabilidad para construir un aparcamiento público en las huertas del Hospital de la Concepción se prevé el derribo de este edificio porque la modificación del Plan General de Ordenación Urbana relacionado con el bulevar ferroviario declaró este terreno fuera de ordenación para dedicarlo a espacios libres.

Lógicamente el Director Provincial de Educación, ha presentado alegaciones manifestando si este edificio se tira y no se busca una alternativa supondría la eliminación de las citadas enseñanzas y se eliminan las únicas posibilidades que tiene el Centro de una futura ampliación

El equipo de gobierno de Aparicio debe ser único en España que suprime dotaciones educativas en suelo urbano consolidado sin, previamente, encontrar una ubicación alternativa que reúna, como mínimo, las mismas condiciones de calidad y accesibilidad, que el terreno sustituido.

No creo que la Asociación de vecinos de Nuestro Barrio sea consciente de que se va a quitar ese espacio al Instituto. Tampoco me parece, por descabellado, que Aparicio se atreva a suprimir la enseñanza de este módulo en el Enrique Flórez. Entonces ¿qué sentido tiene elaborar y aprobar un estudio de viabilidad de un aparcamiento que no va a construirse hasta dentro de unos años una vez construído un nuevo Instituto?

Si, a pesar de estas consideraciones, se construye el aparcamiento suprimiendo el edificio que se utiliza para impartir el Ciclo de Grado Medio de Acabados de la Construcción estaríamos ante una de las decisiones más irresponsables que puede adoptar cualquier responsable público.

 

 

 Si este edificio se tira y no se busca una alternativa supondría la eliminación de las citadas enseñanzas. Además se cercenan las únicas posibilidades que tiene el Centro de una futura ampliación

El ferrocarril es prioritario para el Gobierno de España

Conviene precisar que el Gobierno no ha anunciado la supresión del servicio de viajeros entre Madrid y Burgos por Aranda de Duero utilizando la vía que comenzó a construirse en 1928 y que se puso en servicio el 11 de julio de 1968. Las características del trazado, condicionadas por la orografía, no permiten altas velocidades, pero sí velocidades sostenidas entre 110 y 140 km/h, lo que permite obtener tiempos de viaje competitivos. El Ministerio de Fomento está invirtiendo en mejorar la infraestructura y el servicio y sería deseable que, al igual que en otros servicios deficitarios de la región, la colaboración del Gobierno de la Nación con la Junta de Castilla y León permitiera un mayor impulso a las necesarias inversiones en esta línea.

Para la ciudad de Burgos, la llegada del AVE, prevista para el año 2012, es una gran oportunidad. Durante los seis  primeros meses de funcionamiento del servicio de Alta Velocidad entre Madrid, Segovia y Valladolid, el número de viajeros se ha incrementado en un 105%. El ferrocarril es el medio de transporte más sostenible e idóneo para el traslado masivo de viajeros.

En el año 2009, estará en obras todo el trayecto Valladolid-Burgos-Vitoria incorporándose nuestra ciudad a la red de Alta Velocidad. Esto supondrá un avance histórico en el sistema de comunicaciones español. Se pasará de los 1.200 kilómetros de ancho internacional, que estaban en servicio al finalizar el año 2006, a más de 2.200 en 2012, lo que supondrá que España será la nación del mundo que tendrá mayor número de kilómetros de alta velocidad en explotación. Se situará así por delante de países de gran tradición ferroviaria como Japón y Francia.

Teniendo en cuenta la riqueza del país, se puede afirmar, sin ningún género de dudas, que el Gobierno de España ha fijado como gran prioridad el transporte por ferrocarril, como se demuestra al comprobar los datos ya mencionados y que a este modo de transporte se dedica el 50% de las inversiones previstas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).

24 horas tarda el PP en reconocer su engaño. No tiene ninguna intención que la Junta promueva viviendas de protección pública a corto plazo.

Un día le ha durado al PP su falsa promesa. Ni a corto ni a medio plazo tiene intención de que la Junta de Castilla y León promueva viviendas de protección pública en los próximos años. Lo que seguro que sí va a hacer es intentar justificar  que se reclasifiquen terrenos para favorecer a sus propietarios y para revalorizar los suelos comprendidos entre estas reclasificaciones y la trama urbana. Esas son las intenciones que se adivinan en alguna de las propuestas realizadas con motivo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que en este momento está sometido a información pública.

La Junta ha publicado una nota en la que utiliza unos argumentos que descubren su trampa. El solar en el que se encuentra el parque de maquinaria, (c/ Madrid 51) están clasificados como urbanos con ordenación detallada desde el año 1999. En estos nueve años ninguna actuación ha desarrollado la Junta para construir aquí VPO a pesar de que de esta manera prestaría un buen servicio a la ciudad. Todavía está a tiempo. En un año o poco más, es decir inmediatamente, podría encargar los proyectos necesarios para construir un nuevo parque en suelo industrial y edificar aquí viviendas.

En el sector S 24, que tiene 607.500 m2 en los que se pueden construir 1.176 viviendas, la Junta tiene importantes propiedades. También está aprobado como suelo urbanizable desde 1999 sin que la Comunidad Autónoma haya hecho nada para desarrollarle. Este es un sector que debido a su bajísima densidad, 20 viviendas por hectárea, merecería ser modificado para dotarle de una densidad más sostenible. También se podría realizar esta modificación  en breve plazo o también podría cambiar la Junta suelo de su propiedad en el que se pueden construir viviendas libres por otro en el que se construyan viviendas protegidas en la proporción de 1 libre por 2,5 protegidas.

Por último, el PP no menciona el Patrimonio Municipal del Suelo que ya está urbanizado. La cesión de este suelo a la Junta posibilitaría la construcción inmediata de VPO si esa fuera su real voluntad.

No es legítimo que un asunto tan serio como la obligación que tiene la Junta de construir viviendas protegidas se reduzca a declaraciones propagandísticas y a una dejación total de sus responsabilidades.

El timo de la oficina municipal de vivienda del PP

El PP ha decidido prorrogar un año más el convenio con la Fundación de Derechos Civiles mediante el que esta entidad, que sólo contrata con ayuntamientos gobernados por el PP, mantiene la Oficina Municipal de Vivienda.

Da la impresión de que esta Fundación se especializa en aquellos asuntos que interesan a los ayuntamientos con los que contrata que pueden ser gestionados mediante convenios y nunca a través del concurso público. Hace años constituyeron las oficinas municipales de atención al soldado y ahora se dedican a la vivienda.

En Burgos, el PP encubre su falta de política de vivienda con el mantenimiento de esta oficina que nadie sabe para qué sirve.

Ciertamente sus servicios no son baratos. 120.000€ para atender 4.000 visitas (30€ por visita). Además, como el PP debe pensar que en Burgos no hay profesionales suficientes para atender esta función, esta oficina es atendida por personas residentes en Madrid que, lógicamente, facturan dietas.

La política municipal de vivienda se reduce al mantenimiento de esta Fundación y a malgastar el suelo público que se destina a pagar inversiones ordinarias. De esta manera, el Ayuntamiento no cumple con la obligación que tiene de desarrollar una política urbanística que frene la especulación, recupere las plusvalías para la comunidad y que facilite el acceso a una vivienda digna, a precios asequibles, a todos los burgaleses que la necesiten.

 

La austeridad municipal

La pésima gestión económica municipal es evidente. En los últimos días se han conocido dos actuaciones municipales que lo ponen de relieve y que demuestran que el llamamiento realizado por Aparicio a desarrollar una política económica austera es mera palabrería.

El Ayuntamiento va a construir dos edificios municipales que no van a mejorar el servicio público y van a incrementar el gasto corriente innecesariamente. En la calle Diego Porcelos y en la Llana de Afuera se van a construir dos edificios con una superficie de 800 m² cada uno de ellos. Van a costar 3.100.000€. Es decir, a 1.925€/m² (320.370 ptas/m²) sin equipamiento.

Además de agudizar los problemas de terciarización del centro histórico la apertura de estas instalaciones municipales no supondrá que se cierren dependencias actualmente en uso con lo que se incrementará la dispersión de los servicios municipales y se incrementarán los gastos fijos (vigilancia, conserjería, reprografía, etc) sin que mejore el servicio público.

Parece evidente que si el Ayuntamiento necesita más metros cuadrados de oficinas se construya un edificio que unifique dependencias municipales, permita reducir costes y esté situado en un lugar muy accesible y bien comunicado por la red de transporte público. Sin embargo las genialidades de Aparicio consiguen todo lo contrario: empeorar.

Otra genialidad. En el mes de junio de 2004 Aparicio se encaprichó con comprar un coche Audi A6, V3.0 pasado de moda porque ya no se fabricaba. En contra de toda lógica utilizó el sistema de renting aunque el Ayuntamiento no pudiera beneficiarse de las ventajas de esta modalidad que son los motivos que justifican su utilización por las empresas.

Ahora se ha comprado este coche, con cuatro años de antigüedad, por 19.973€ que, sumados a los 66.691€ pagados por su uso durante cuatro años, totalizan 86.664€.

Las cuentas son claras. Si descontamos el importe del seguro y el mantenimiento Aparicio ha pagado por este coche, como mínimo, un 25% más que si lo hubiera comprado cualquier burgalés con sentido común.

 

 

Y Aparicio mirando a las musarañas

La noticia de la suspensión de los vuelos de Lagun Air en el aeropuerto de Burgos sorprendió al alcalde visitando unas instalaciones militares de control aéreo. ¿Será porque su proyecto para el aeropuerto de Burgos se limita a que aviones militares sobrevuelen el aeropuerto de Villafría?

Como está permanentemente dedicado a otras actividades y con la mente en otros lugares los problemas de Burgos siempre le pillan en fuera de juego. Con motivo de la inauguración de Villafría ya expresé mi opinión de que el aeropuerto burgalés debe recibir las mismas ayudas de la Junta de Castilla y León que el resto de los aeropuertos de la región.

Los antecedentes son públicos. En León se constituyó un consorcio entre la Junta, Ayuntamiento y Diputación para promocionar el aeropuerto. Este consorcio convocó un concurso público para seleccionar una compañía aérea que, a cambio de un contrato publicitario, estableciera unas líneas aéreas estables a destinos de interés para Léon. A esta finalidad se dedicaron 2,9 millones de euros anuales.

En Burgos el PP se ha limitado a celebrar dos reuniones y a colocar unos carteles publicitarios en la ciudad como si la promoción del aeropuerto necesitara hacerse entre los burgaleses.

Deslumbrado por las estrategias de lanzamiento desarrolladas por las compañías aéreas Aparicio no ha hecho nada para garantizar el funcionamiento del aeropuerto de Burgos durante los próximos años. Ahora se lleva la sorpresa de que una de las compañías anuncia la suspensión de sus actividades en Burgos.

La política empresarial de Lagun Air y sus problemas con la Junta de Castilla y León  son ajenos a la ciudad de Burgos. Las administraciones deben seleccionar mediante concurso público a las empresas que presenten mejores ofertas al margen de quienes sean sus propietarios.

Lo que sí que afecta y perjudica a la ciudad es la inactividad de Aparicio que debe encabezar la estrategia de promoción del aeropuerto y exigir de la Junta el apoyo que ya ha prestado a otras ciudades.

 

 

 

 

Financiación municipal

El avance de los presupuestos generales del Estado para 2009 es claramente austero en todas sus partidas excepto en aquéllas que más pueden contribuir a relanzar el crecimiento de la economía y en las dedicadas a protección social.
La previsión es que, en términos generales, las aportaciones del Estado a la financiación de los ayuntamientos españoles se incrementen en un 6,3% con relación al año 2008. Bien es cierto, que una parte de este incremento se debe al pago de la liquidación del 2007 que fue un año en el que los ingresos del Estado experimentaron un fuerte incremento.
Aparicio ha hecho unas declaraciones manifestando su preocupación porque se recorten los fondos que reciben los ayuntamientos. Comparto esta inquietud. El intenso proceso descentralizador que ha experimentado España en los últimos 30 años no ha repercutido en que las entidades locales gestionen mayor porcentaje del gasto público como sería lógico si tenemos en cuenta las competencias propias e impropias que se gestionan en el ámbito local.
En Castilla y León, me refiero exclusivamente a esta comunidad por ser la nuestra y la que conocemos, esta descentralización ha sido fagocitada por la voracidad regional que en lugar de transferir competencias a las entidades locales, centralizan cada vez más. Por este motivo muchos añoran, yo entre ellos, el centralismo del Gobierno de la Nación que permitía más autonomía que la que tolera el centralismo de la Junta de Castilla y León. Si a esto le unimos que las competencias que se han recibido se gestionan peor que antes difícilmente podemos permanecer en silencio ocultando una realidad percibida por gran parte de los burgaleses.
Por este motivo, me permito dudar de la sinceridad de las declaraciones de Aparicio. Más bien me parece que, de nuevo, está utilizando al ayuntamiento de Burgos como instrumentos para la confrontación partidaria.
Se le puede conceder el beneficio de la duda pues dentro de muy poco tiempo se podrá comprobar la sinceridad de estas declaraciones. Aparicio debe pedir a la Junta de Castilla y León que se incremente la financiación incondicionada de los ayuntamientos y la transferencia de competencias de servicios públicos que serían mejor gestionados por los municipios.
También está en su mano aplicar principios semejantes a los anunciados para los Presupuestos Generales del Estado. Espero que en el proyecto de presupuesto municipal todas las transferencias que se realizan a las organizaciones del área del bienestar social, que desarrollan competencias que debiera realizar el municipio, tengan un incremento, como mínimo, del 6,3%.
Los antecedentes no son buenos. Durante los últimos años, las actividades realizadas directamente por el ayuntamiento han incrementado su coste muy por encima del crecimiento del IPC mientras que a las organizaciones que realizaban estas mismas actividades por delegación municipal se les ha exigido que realizaran el mismo nivel de actividades con menos dinero además de exigirles que se endeuden por la incapacidad municipal de gestionar las ayudas en los plazos pactados.

Ayudas a la rehabilitación también para las barriadas tradicionales

El Ayuntamiento dispone de una norma que fomenta las actuaciones privadas dirigidas a la rehabilitación y mejora de las condiciones de uso de los edificios incluidos en el ámbito del Plan Especial del Centro Histórico. El Grupo de Concejales Socialistas consiguió que esta norma también fuera aplicable a los edificios situados en el Pueblo antiguo de Gamonal y a los que tienen fachadas traseras a la calle Alfareros en el tramo afectado por el antiguo trazado del ferrocarril.

 

En todos estos casos, se entiende que existe un interés público en que estos espacios se transformen y estén bien conservados. Especialmente en el casco histórico, se parte del presupuesto, posiblemente erróneo, de que el deber de conservar los inmuebles en adecuadas condiciones estéticas, que todo propietario tiene, se ve desbordado por las especiales exigencias impuestas por la legislación urbanística.

 

Además, esta norma tiene el fallo de que concede ayudas económicas a fondo perdido sin tener en cuenta las rentas de los beneficiarios. De esta manera, se está subvencionando, con dinero público, a personas que no tienen ninguna necesidad por disponer de recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones como propietario.

 

En el mejor de los supuestos, la cuantía de estas ayudas alcanzará un importe del 35% del presupuesto de la obra o del 50% en casos excepcionales.

 

Por un capricho del PP, ya que no existe ninguna urgencia social o circunstancia urbanística excepcional, a los propietarios de los edificios sitos en la Plaza Mayor y en los soportales de Antón se les va a subvencionar con el 70% del importe necesario para adecentar y pintar la fachada.

 

¿Por qué en estos lugares? ¿No le merecen la misma consideración los edificios de las calles Laín Calvo, Paloma, Rey San Fernando, plaza Santa María, Flora, las Llanas, San Juan, La Puebla o Plaza de Vega por ejemplo?

 

Visto que el PP considera que hay dinero suficiente, incluso para ayudar a los que no lo necesitan, me pregunto por qué no extiende esta norma al resto de las calles del centro histórico y también a otros barrios de Burgos que soportan limitaciones urbanísticas singulares sin recibir ninguna ayuda. Los vecinos de Máximo Nebreda, Illera, Yagüe, y barriada azul se merecen el mismo trato que los de la Plaza Mayor o de los soportales de Antón. 

Las culpables son las víctimas

Esa es la opinión que tiene el equipo de gobierno de Aparicio. Con motivo de la muerte por atropellamiento de la quinta víctima mortal en el casco urbano de Burgos no se les ha ocurrido otra cosa que decir que la culpa de los accidentes la tiene las imprudencias de las víctimas.

El único imprudente es el PP que, antes de que exista un pronunciamiento judicial, se convierte en juzgador e imputa responsabilidades a los muertos. ¿Acaso entienden que por el hecho de cruzar una calle por un lugar que no esté señalizado como paso de peatones ya se explica que se pueda morir por atropellamiento? ¿No se han parado a pensar que aunque este hecho se produjera caben muchas posibilidades de que si se respetara la velocidad máxima sería evitable el accidente? ¿No le parece inmoral a Aparicio mancillar el nombre de las personas implicadas sin que exista pronunciamiento judicial?

Además es inhumano hacer semejantes declaraciones en los momentos de mayor dolor de las familias de los fallecidos.

Una vez más, Aparicio busca a quien responsabilizar de sus problemas aunque ello signifique injusticia e inhumanidad.

El tráfico en Burgos puede mejorar mucho. Se pueden y deben reducir las velocidades medias, dedicar una atención preferente al transporte público y dotar de mayor seguridad a los peatones. Estas sí que son responsabilidades municipales que el Ayuntamiento no puede eludir.