Acierta cuando rectifica. Desde el año 2005 se han cometido muchas ilegalidades que han perjudicado a todos los burgaleses. Ahora se ha dado cuenta que el PSOE tenía razón, nos ha hecho caso, y ha decidido cumplir la sentencia que anula el convenio que permutaba el Peña Amaya por un solar municipal.
Teniendo en cuenta el gran sacrificio que le supone al PP rectificar hay que reconocer que esta decisión tiene su mérito. Se han resistido como gato panza arriba. Han entretenido a los burgaleses, gastándose el dinero que haya sido preciso, para intentar venderles la idea de que las sentencias que restablecían la legalidad eran papel mojado. Haciendo gala de una gran desfachatez anunciaron, con grandes titulares, la conversión del edificio en 78 viviendas para jóvenes prometiendo que en el mes de julio estaría aprobado el pliego de condiciones para adjudicar su explotación durante cuarenta años.
Sin embargo, la Junta de Gobierno Local ha entrado en razón y, en la reunión celebrada el 31 de julio de 2009, acordó cumplir en sus propios términos la sentencia que anulaba el convenio de permuta devolviendo a su propietario el Peña Amaya y requiriendo a Inizia Gestión Inmobiliaria para que devuelva al Ayuntamiento la parcela de propiedad municipal que fue ilegalmente permutada.
De esta manera el Ayuntamiento se libera de este inservible inmueble y recupera un suelo que debe destinarse a la construcción de viviendas de protección oficial.
Ángel Olivares Ramírez
martes, 4 de agosto de 2009
miércoles, 29 de julio de 2009
Firmeza
El atentado de hoy en las inmediaciones de la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos nos llena de dolor e indignación.
Asistimos, una vez más, a la barbarie de quienes no tienen otra finalidad que causar daño e intentar sembrar el desconcierto y la desazón entre los españoles.
Estas circunstancias no deben alterar los dos principios básicos, unánimemente admitidos, que posibilitarán acabar con el terrorismo: actuación eficaz de la policía que tiene que contar con el apoyo de todos los ciudadanos y unidad de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y todos los vecinos que deben expresar con firmeza su condena de la violencia.
Expreso mi apoyo y solidaridad con todas las víctimas y con los que han sufrido pérdidas en sus bienes materiales.
Asistimos, una vez más, a la barbarie de quienes no tienen otra finalidad que causar daño e intentar sembrar el desconcierto y la desazón entre los españoles.
Estas circunstancias no deben alterar los dos principios básicos, unánimemente admitidos, que posibilitarán acabar con el terrorismo: actuación eficaz de la policía que tiene que contar con el apoyo de todos los ciudadanos y unidad de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y todos los vecinos que deben expresar con firmeza su condena de la violencia.
Expreso mi apoyo y solidaridad con todas las víctimas y con los que han sufrido pérdidas en sus bienes materiales.
miércoles, 22 de julio de 2009
Retrasos razonables
Que las grandes obras se retrasen superando los plazos de ejecución inicialmente previstos es razonable. Seguramente el retraso será directamente proporcional al tiempo que se haya pretendido reducir en la elaboración, supervisión y aprobación del proyecto.
Lo que no es razonable es convertir la gestión pública en pura propaganda o intentar engañar a los ciudadanos.
En el año 2007, Juan Vicente Herrera comprometió su palabra diciendo que el 29 de junio de 2009 ingresaría el primer paciente en el nuevo hospital de Burgos. Además, manifestó que la “privatización” de la construcción y gestión del nuevo hospital era la garantía de que se iban a cumplir escrupulosamente los plazos de construcción.
Ahora se ha demostrado que lo dicho por Herrera no era verdad. Las obras acumulan un retraso de un año y, lo que queda….. Dependiendo de qué obra se trate y de quien la gestione algunos comentaristas califican los retrasos como expresión clara e indubitada de la ineficacia del político de turno y del abandono al que estamos sometidos los burgaleses o como detalle menor que no nos debe llevar a menospreciar el esfuerzo que se ha hecho para acelerar al máximo las obras.
Herrera debe hoy asumir sus responsabilidades y rendir cuentas explicando las razones de sus palabras. Lo que dijo fue, como mínimo, una tontería. Ruego que me disculpe quien se sienta molesto con este calificativo pero es el término más suave que se me ocurre. Que la obra sea gestionada por una empresa privada o por la administración pública no significa que se reduzcan los plazos de construcción. Las empresas constructoras, los obreros y los técnicos serían los mismos y sólo cambiarían los gestores. Tanto en la empresa privada como en la pública hay buenos y malos gestores.
No tengo duda de que la empresa concesionaria ha colocado al frente de la obra a gestores acreditados; también sé que en la administración pública existen gestores suficientes de valía sobrada. Ciertamente, en ocasiones la tramitación administrativa ralentiza las obras porque los responsables públicos no le dedican la prioridad debida. Supongo que no sería este el caso.
Ante estas evidencias se plantean las dudas sobre los motivos que tuvo Herrera para decir lo que dijo. Muchas razones existen para explicar que el PP haya optado por esta fórmula: su deseo de enmascarar la deuda pública, el deseo de abrir el camino a la sanidad privada en la gestión de la sanidad pública, su absoluta desconfianza en la capacidad gestora de la administración regional al ser conscientes de que han llenado los servicios centrales de las consejerías con políticos-funcionarios de incapacidad probada, etc. Herrera tiene la palabra.
De momento se ha demostrado que esta “privatización” de la sanidad pública no consigue reducir los plazos para construir el nuevo hospital.
En unos meses se comprobará que la fórmula elegida tampoco sirve para que los costes se ajusten al presupuesto aprobado. En el año 2012 ya sabremos que esta fórmula supondrá un incremento considerable del gasto como ya se ha puesto de manifiesto internacionalmente y así ha sido ratificado por la OMS y, finalmente, se demostrará que empeora la calidad del servicio público sanitario.
Herrera no ha hablado en la visita a las obras. Él sabe que lo que aquí digo es cierto.
Lo que no es razonable es convertir la gestión pública en pura propaganda o intentar engañar a los ciudadanos.
En el año 2007, Juan Vicente Herrera comprometió su palabra diciendo que el 29 de junio de 2009 ingresaría el primer paciente en el nuevo hospital de Burgos. Además, manifestó que la “privatización” de la construcción y gestión del nuevo hospital era la garantía de que se iban a cumplir escrupulosamente los plazos de construcción.
Ahora se ha demostrado que lo dicho por Herrera no era verdad. Las obras acumulan un retraso de un año y, lo que queda….. Dependiendo de qué obra se trate y de quien la gestione algunos comentaristas califican los retrasos como expresión clara e indubitada de la ineficacia del político de turno y del abandono al que estamos sometidos los burgaleses o como detalle menor que no nos debe llevar a menospreciar el esfuerzo que se ha hecho para acelerar al máximo las obras.
Herrera debe hoy asumir sus responsabilidades y rendir cuentas explicando las razones de sus palabras. Lo que dijo fue, como mínimo, una tontería. Ruego que me disculpe quien se sienta molesto con este calificativo pero es el término más suave que se me ocurre. Que la obra sea gestionada por una empresa privada o por la administración pública no significa que se reduzcan los plazos de construcción. Las empresas constructoras, los obreros y los técnicos serían los mismos y sólo cambiarían los gestores. Tanto en la empresa privada como en la pública hay buenos y malos gestores.
No tengo duda de que la empresa concesionaria ha colocado al frente de la obra a gestores acreditados; también sé que en la administración pública existen gestores suficientes de valía sobrada. Ciertamente, en ocasiones la tramitación administrativa ralentiza las obras porque los responsables públicos no le dedican la prioridad debida. Supongo que no sería este el caso.
Ante estas evidencias se plantean las dudas sobre los motivos que tuvo Herrera para decir lo que dijo. Muchas razones existen para explicar que el PP haya optado por esta fórmula: su deseo de enmascarar la deuda pública, el deseo de abrir el camino a la sanidad privada en la gestión de la sanidad pública, su absoluta desconfianza en la capacidad gestora de la administración regional al ser conscientes de que han llenado los servicios centrales de las consejerías con políticos-funcionarios de incapacidad probada, etc. Herrera tiene la palabra.
De momento se ha demostrado que esta “privatización” de la sanidad pública no consigue reducir los plazos para construir el nuevo hospital.
En unos meses se comprobará que la fórmula elegida tampoco sirve para que los costes se ajusten al presupuesto aprobado. En el año 2012 ya sabremos que esta fórmula supondrá un incremento considerable del gasto como ya se ha puesto de manifiesto internacionalmente y así ha sido ratificado por la OMS y, finalmente, se demostrará que empeora la calidad del servicio público sanitario.
Herrera no ha hablado en la visita a las obras. Él sabe que lo que aquí digo es cierto.
miércoles, 15 de julio de 2009
¡Viva Gamonal independiente!
Es recurrente el argumento de la derecha de que los intereses territoriales deben primar sobre los intereses de partido. Me gustaría que explicaran públicamente lo que quieren decir porque lo que yo percibo es un mensaje profundamente antidemocrático.
El dictador Franco se declaraba apolítico. Situación imposible, pues la vida es política. Es probable que en España todavía existan reminiscencias que animan a algunas personas a iniciar una conversación política confesándose apolíticos. Mi experiencia personal es que esas personas, siempre, son políticamente de derechas o como ahora se les quiera denominar.
Cuando se intenta identificar un territorio con una ideología también suelen estar en juego intereses particulares que son los que justifican esa proclama. ¿Cuáles son los intereses de Burgos? ¿Quién los define? ¿Son los mismos los de un mirandés que los de un arandino, los de un vecino de Villasana de Mena que los de alguien que viva en Quintanar de la Sierra?
Considerar que la división administrativa realizada en 1833 configura un factor identitario no tiene mucho fundamento. A esos efectos, la provincia de Burgos es una entelequia, al igual que lo es Castilla y León.
Si llevamos a sus últimas consecuencias el argumento, siempre encontraremos disculpas para criticar a todos los partidos políticos y animar a que se creen otros. Eso sí, cada vez más pequeños. Conviene insistir en que sin partidos políticos no hay democracia y es deseable que éstos sean lo más fuertes posible.
Esta misma línea argumental justificaría decenas de divisiones territoriales diferentes en España y también autonomías uniprovinciales o que se pida la segregación de municipios. En Burgos, la inversión por habitante en Gamonal es muy inferior a la que se realiza en el centro o en la Castellana. ¿Qué dicen los burgalesistas? ¿Hay que segregar Gamonal como municipio independiente? y ¿San Pedro la Fuente? y ¿San Pedro y San Felices?
Reconozco que, desgraciadamente, cada vez hay más arribistas en la política. Personas que se aprovechan de los partidos para vivir de la política y no para la política. Es su medio de vida y sus intereses personales priman sobre las ideologías. Pongamos los medios para evitar su perniciosa influencia.
A pesar de todo, las personas que militamos en un partido político tenemos más y mejores medios para transformar la sociedad que aquellas que no lo hacen, tenemos más posibilidades de ejercer la solidaridad con quien lo necesita y es más fácil comprometernos con la sociedad en la que vivimos. La militancia en un partido no supone merma en la libertad e independencia personal. Posibilita compartir ideas, valores y proyectos de sociedad.
Felicito a José Luis López, alcalde de Trespaderne, por su decisión de no darse de baja en el PSOE. Yo tampoco comparto lo que ha hecho el Gobierno con relación a la central nuclear de Santa María de Garona, pero de ninguna manera esta discrepancia justificaría, racionalmente, el abandono de la militancia política. Es lógico y deseable que en los partidos políticos existan opiniones diferentes. Quien dramatiza esta situación hace un flaco favor a la democracia, al igual que tampoco favorece a la cohesión social que se contrapongan las ideas a los territorios.
También hay que felicitar al alcalde de Trespaderne porque, utilizando un término usado por Diario de Burgos, se está mejor en el "redil" -situación de quien continúa en un lugar o estado, o bien regresa a él, tal y como recoge el avance de la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua- de un partido político que no aislado socialmente o emitiendo opinión con la limitación de no poder hacerlo en contra de los intereses del propietario del medio de comunicación en el que se trabaje.
El dictador Franco se declaraba apolítico. Situación imposible, pues la vida es política. Es probable que en España todavía existan reminiscencias que animan a algunas personas a iniciar una conversación política confesándose apolíticos. Mi experiencia personal es que esas personas, siempre, son políticamente de derechas o como ahora se les quiera denominar.
Cuando se intenta identificar un territorio con una ideología también suelen estar en juego intereses particulares que son los que justifican esa proclama. ¿Cuáles son los intereses de Burgos? ¿Quién los define? ¿Son los mismos los de un mirandés que los de un arandino, los de un vecino de Villasana de Mena que los de alguien que viva en Quintanar de la Sierra?
Considerar que la división administrativa realizada en 1833 configura un factor identitario no tiene mucho fundamento. A esos efectos, la provincia de Burgos es una entelequia, al igual que lo es Castilla y León.
Si llevamos a sus últimas consecuencias el argumento, siempre encontraremos disculpas para criticar a todos los partidos políticos y animar a que se creen otros. Eso sí, cada vez más pequeños. Conviene insistir en que sin partidos políticos no hay democracia y es deseable que éstos sean lo más fuertes posible.
Esta misma línea argumental justificaría decenas de divisiones territoriales diferentes en España y también autonomías uniprovinciales o que se pida la segregación de municipios. En Burgos, la inversión por habitante en Gamonal es muy inferior a la que se realiza en el centro o en la Castellana. ¿Qué dicen los burgalesistas? ¿Hay que segregar Gamonal como municipio independiente? y ¿San Pedro la Fuente? y ¿San Pedro y San Felices?
Reconozco que, desgraciadamente, cada vez hay más arribistas en la política. Personas que se aprovechan de los partidos para vivir de la política y no para la política. Es su medio de vida y sus intereses personales priman sobre las ideologías. Pongamos los medios para evitar su perniciosa influencia.
A pesar de todo, las personas que militamos en un partido político tenemos más y mejores medios para transformar la sociedad que aquellas que no lo hacen, tenemos más posibilidades de ejercer la solidaridad con quien lo necesita y es más fácil comprometernos con la sociedad en la que vivimos. La militancia en un partido no supone merma en la libertad e independencia personal. Posibilita compartir ideas, valores y proyectos de sociedad.
Felicito a José Luis López, alcalde de Trespaderne, por su decisión de no darse de baja en el PSOE. Yo tampoco comparto lo que ha hecho el Gobierno con relación a la central nuclear de Santa María de Garona, pero de ninguna manera esta discrepancia justificaría, racionalmente, el abandono de la militancia política. Es lógico y deseable que en los partidos políticos existan opiniones diferentes. Quien dramatiza esta situación hace un flaco favor a la democracia, al igual que tampoco favorece a la cohesión social que se contrapongan las ideas a los territorios.
También hay que felicitar al alcalde de Trespaderne porque, utilizando un término usado por Diario de Burgos, se está mejor en el "redil" -situación de quien continúa en un lugar o estado, o bien regresa a él, tal y como recoge el avance de la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua- de un partido político que no aislado socialmente o emitiendo opinión con la limitación de no poder hacerlo en contra de los intereses del propietario del medio de comunicación en el que se trabaje.
martes, 14 de julio de 2009
Nuevos lugares para las barracas y los conciertos en fiestas
Se ha publicado que la ubicación de las barracas en el polígono docente de la Avenida de Cantabria es un acierto del equipo de gobierno y que goza de gran popularidad. También se ha dicho que para el próximo año se buscará un nuevo lugar para celebrar los conciertos durante las fiestas de San Pedro.
No conozco ningún estudio sociológico que avale si estos sitios gozan de gran apoyo popular pero, en lo que afecta a este comentario, ello es irrelevante porque una de las grandezas de un Estado de Derecho es que la mayoría no puede privar de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a la minoría que, en este caso, son los vecinos afectados por el ruido que provocan estas actividades.
Aparicio ha demostrado una gran insensibilidad hacia estos vecinos desoyendo reiteradamente sus justificadas quejas. Es evidente que no les merece la misma consideración que los vecinos de Villa Pilar ya que éstos, sin manifestaciones públicas de ningún tipo consiguieron convencer al Ayuntamiento para que quitara las barracas de la Quinta y las llevara a la Milanera. En Rio Vena y en la Avenida de Castilla y León viven familias que no tienen esa influencia y tendrán que convencer al PP de la justicia de sus peticiones mediante la movilización social o recurriendo al amparo de los tribunales.
Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo y diferentes Tribunales Superiores han amparado los derechos de los vecinos ante la agresión que producía el ruido provocado por actividades tan populares como los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, la Semana Negra de Gijón, las campanas de la catedral de Jaén o por el funcionamiento de servicios públicos esenciales como la limpieza urbana en Bilbao.
El Convenio Europeo de Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales de 1950, los artículos 15, 18 y 45 de la Constitución Española amparan el derecho de los vecinos a no ser molestados y, por lo tanto, a exigir que las barracas y los conciertos se trasladen a un lugar en el que no molesten al vecindario.
El ruido, en la sociedad de nuestros días, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tiene sobre la salud de las personas así como sobre su conducta social en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas.
La contaminación acústica, aún en el caso de que no ponga en peligro la salud de las personas, puede atentar contra el derecho al respeto de la vida privada y familiar, privándolas del disfrute de su domicilio.
Si jurídicamente está clara esta cuestión también lo está en términos sociales y políticos.
Nadie ha justificado que el lugar elegido para las barracas sea el mejor o el único posible. No es de recibo que se impongan limitaciones a las actividades de los centros docentes o se moleste a los vecinos colindantes porque el Ayuntamiento no quiera trasladar estas atracciones a una zona no urbanizada que esté excelentemente atendida por el transporte público.
La celebración de los conciertos en el aparcamiento de Alcampo tiene menos justificación aún pues el único motivo es económico para evitar montar dos o más escenarios. Es evidente que escoger la solución más económica por el Ayuntamiento no sólo es posible, sino aconsejable, pero no cuando dicha elección supone poner en riesgo la salud o la intimidad del domicilio de los ciudadanos, de tal suerte que, es al Ayuntamiento como competente, a quien corresponde compatibilizar el servicio público que presta, con estos derechos fundamentales.
Estoy seguro que celebrar 7 conciertos en cuatro o más sitios sería asumido por lo vecinos sin generar reclamaciones. Lo que nadie puede pretender es que a los ciudadanos afectados se les prive de su domicilio durante siete días seguidos, desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, que es el tiempo empleado por los ensayos y los conciertos.
Soluciones existen. Sólo hace falta que el equipo de gobierno del PP demuestre un poco de sensibilidad.
No conozco ningún estudio sociológico que avale si estos sitios gozan de gran apoyo popular pero, en lo que afecta a este comentario, ello es irrelevante porque una de las grandezas de un Estado de Derecho es que la mayoría no puede privar de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a la minoría que, en este caso, son los vecinos afectados por el ruido que provocan estas actividades.
Aparicio ha demostrado una gran insensibilidad hacia estos vecinos desoyendo reiteradamente sus justificadas quejas. Es evidente que no les merece la misma consideración que los vecinos de Villa Pilar ya que éstos, sin manifestaciones públicas de ningún tipo consiguieron convencer al Ayuntamiento para que quitara las barracas de la Quinta y las llevara a la Milanera. En Rio Vena y en la Avenida de Castilla y León viven familias que no tienen esa influencia y tendrán que convencer al PP de la justicia de sus peticiones mediante la movilización social o recurriendo al amparo de los tribunales.
Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo y diferentes Tribunales Superiores han amparado los derechos de los vecinos ante la agresión que producía el ruido provocado por actividades tan populares como los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, la Semana Negra de Gijón, las campanas de la catedral de Jaén o por el funcionamiento de servicios públicos esenciales como la limpieza urbana en Bilbao.
El Convenio Europeo de Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales de 1950, los artículos 15, 18 y 45 de la Constitución Española amparan el derecho de los vecinos a no ser molestados y, por lo tanto, a exigir que las barracas y los conciertos se trasladen a un lugar en el que no molesten al vecindario.
El ruido, en la sociedad de nuestros días, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tiene sobre la salud de las personas así como sobre su conducta social en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas.
La contaminación acústica, aún en el caso de que no ponga en peligro la salud de las personas, puede atentar contra el derecho al respeto de la vida privada y familiar, privándolas del disfrute de su domicilio.
Si jurídicamente está clara esta cuestión también lo está en términos sociales y políticos.
Nadie ha justificado que el lugar elegido para las barracas sea el mejor o el único posible. No es de recibo que se impongan limitaciones a las actividades de los centros docentes o se moleste a los vecinos colindantes porque el Ayuntamiento no quiera trasladar estas atracciones a una zona no urbanizada que esté excelentemente atendida por el transporte público.
La celebración de los conciertos en el aparcamiento de Alcampo tiene menos justificación aún pues el único motivo es económico para evitar montar dos o más escenarios. Es evidente que escoger la solución más económica por el Ayuntamiento no sólo es posible, sino aconsejable, pero no cuando dicha elección supone poner en riesgo la salud o la intimidad del domicilio de los ciudadanos, de tal suerte que, es al Ayuntamiento como competente, a quien corresponde compatibilizar el servicio público que presta, con estos derechos fundamentales.
Estoy seguro que celebrar 7 conciertos en cuatro o más sitios sería asumido por lo vecinos sin generar reclamaciones. Lo que nadie puede pretender es que a los ciudadanos afectados se les prive de su domicilio durante siete días seguidos, desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, que es el tiempo empleado por los ensayos y los conciertos.
Soluciones existen. Sólo hace falta que el equipo de gobierno del PP demuestre un poco de sensibilidad.
lunes, 13 de julio de 2009
Los artesanos del Régimen
Aparicio está sembrando la ciudad de objetos que él ha encargado a su gusto. Una de las características comunes que tienen todas estas obras es que han sido realizadas previa designación por su parte de los artistas que, según él, son merecedores de hacer una obra para el ayuntamiento con la finalidad de incorporarse indefinidamente en al paisaje urbano.
Entre los derechos que tenemos todos los ciudadanos se incluye el que por parte del ayuntamiento se adopten las medidas, racionalmente exigibles, para que las intervenciones urbanas tengan una mínima calidad. Igualmente, tenemos el derecho a que se intente que la selección de las obras que se coloquen en los espacios públicos sean elegidas con criterios objetivos y sin discriminar a unos artistas con relación a otros.
Los buenos artistas ungidos por el dedo de Aparicio no obtienen ningún beneficio de esta práctica pues siempre existirá la duda de si su propuesta hubiera sido la elegida en el supuesto de que se produjera el conveniente contraste. Los mediocres son los únicos beneficiados, pues su obra nunca merecería ser incorporada al patrimonio público de la ciudad con la singularidad que significa la ocupación del espacio público.
Es conocido que, en países no democráticos, las intervenciones artísticas estaban sometidas a los criterios estéticos del poder. El canon Aparicio, poco a poco, se va definiendo: se empieza por exigir la colocación de las baldosas de un fabricante en cualquier urbanización, se continua exigiendo que siempre se utilicen el mismo tipo de luminarias, luego se encargan siempre los proyectos de urbanización a los mismos ingenieros de caminos y se coloca la guinda de encargar una escultura a quien trabaja según sus gustos. Un canon rancio, gris, escasamente innovador y que no soporta el debate público.
El concurso público es el procedimiento adecuado para que el arte en la calle sea motivo de orgullo de todos los burgaleses. No sería demasiado pedir a Aparicio que no nos condene a los burgaleses a envidiar permanentemente a tantas ciudades que en España y en el mundo están incorporando arte de calidad en los espacios urbanos.
Entre los derechos que tenemos todos los ciudadanos se incluye el que por parte del ayuntamiento se adopten las medidas, racionalmente exigibles, para que las intervenciones urbanas tengan una mínima calidad. Igualmente, tenemos el derecho a que se intente que la selección de las obras que se coloquen en los espacios públicos sean elegidas con criterios objetivos y sin discriminar a unos artistas con relación a otros.
Los buenos artistas ungidos por el dedo de Aparicio no obtienen ningún beneficio de esta práctica pues siempre existirá la duda de si su propuesta hubiera sido la elegida en el supuesto de que se produjera el conveniente contraste. Los mediocres son los únicos beneficiados, pues su obra nunca merecería ser incorporada al patrimonio público de la ciudad con la singularidad que significa la ocupación del espacio público.
Es conocido que, en países no democráticos, las intervenciones artísticas estaban sometidas a los criterios estéticos del poder. El canon Aparicio, poco a poco, se va definiendo: se empieza por exigir la colocación de las baldosas de un fabricante en cualquier urbanización, se continua exigiendo que siempre se utilicen el mismo tipo de luminarias, luego se encargan siempre los proyectos de urbanización a los mismos ingenieros de caminos y se coloca la guinda de encargar una escultura a quien trabaja según sus gustos. Un canon rancio, gris, escasamente innovador y que no soporta el debate público.
El concurso público es el procedimiento adecuado para que el arte en la calle sea motivo de orgullo de todos los burgaleses. No sería demasiado pedir a Aparicio que no nos condene a los burgaleses a envidiar permanentemente a tantas ciudades que en España y en el mundo están incorporando arte de calidad en los espacios urbanos.
viernes, 26 de junio de 2009
No hay participación ciudadana
La participación es imprescindible para el fortalecimiento de la democracia. Contribuye a ampliar los estrechos cauces de la democracia representativa y facilita la formación de ciudadanos libres y críticos que, individual u organizadamente, fortalecen la sociedad en la que viven.
“La Ley soy yo y hago lo que me da la gana”, ese es el principio aplicado por el PP desde que Aparicio es alcalde. El vigente Reglamento de Participación Ciudadana fue aprobado en el año 2000 por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. Su texto recogió las peticiones tradicionales del movimiento vecinal en Burgos y las aportaciones más avanzadas de diferentes reglamentos existentes en las ciudades españolas.
Durante la legislatura progresista, se fue desarrollando su contenido y se abrieron amplios cauces de participación, de forma que todos los vecinos tuvieran la oportunidad de aportar su colaboración en los asuntos públicos de la ciudad.
A través de los Consejos Sectoriales, los burgaleses podían participar en la definición de las políticas municipales (urbanismo, cultura, cooperación internacional, etc); los Consejos de Barrio encauzaban las inquietudes de ámbito territorial y el Consejo de Participación velaba por el buen funcionamiento de los cauces de participación y por la promoción de las asociaciones vecinales.
Desde que el gobierno el PP tomó posesión, se ha dedicado, minuciosamente, a desmantelar todos los cauces existentes. En un principio, con la disculpa de tramitar una modificación que nadie pedía, y ahora, ya sin disculpa ninguna, se produce un incumplimiento generalizado de esta norma legal vulnerando los derechos de todos los burgaleses.
A los Consejos de Barrio y Asociaciones Vecinales se les trata de una u otra forma dependiendo de su grado de sumisión al poder. A los que se atreven a formular una leve crítica se les margina y a los benevolentes se les manipula intentando comprar su voluntad con migajas.
El miedo a la libertad paraliza. Quien no tiene miedo, estimula la crítica, y quien lo posee, reacciona con la intolerancia propia del ordeno y mando. Esa es la realidad que vivimos.
“La Ley soy yo y hago lo que me da la gana”, ese es el principio aplicado por el PP desde que Aparicio es alcalde. El vigente Reglamento de Participación Ciudadana fue aprobado en el año 2000 por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. Su texto recogió las peticiones tradicionales del movimiento vecinal en Burgos y las aportaciones más avanzadas de diferentes reglamentos existentes en las ciudades españolas.
Durante la legislatura progresista, se fue desarrollando su contenido y se abrieron amplios cauces de participación, de forma que todos los vecinos tuvieran la oportunidad de aportar su colaboración en los asuntos públicos de la ciudad.
A través de los Consejos Sectoriales, los burgaleses podían participar en la definición de las políticas municipales (urbanismo, cultura, cooperación internacional, etc); los Consejos de Barrio encauzaban las inquietudes de ámbito territorial y el Consejo de Participación velaba por el buen funcionamiento de los cauces de participación y por la promoción de las asociaciones vecinales.
Desde que el gobierno el PP tomó posesión, se ha dedicado, minuciosamente, a desmantelar todos los cauces existentes. En un principio, con la disculpa de tramitar una modificación que nadie pedía, y ahora, ya sin disculpa ninguna, se produce un incumplimiento generalizado de esta norma legal vulnerando los derechos de todos los burgaleses.
A los Consejos de Barrio y Asociaciones Vecinales se les trata de una u otra forma dependiendo de su grado de sumisión al poder. A los que se atreven a formular una leve crítica se les margina y a los benevolentes se les manipula intentando comprar su voluntad con migajas.
El miedo a la libertad paraliza. Quien no tiene miedo, estimula la crítica, y quien lo posee, reacciona con la intolerancia propia del ordeno y mando. Esa es la realidad que vivimos.
sábado, 20 de junio de 2009
Frente al vandalismo educación cívica, presencia policial y reparación inmediata
Es un problema importante que no tiene fácil solución. No es tiempo para el desánimo, sino el momento de demostrar una firme voluntad de defensa del patrimonio público.
sábado, 13 de junio de 2009
La Isla necesita mejoras, no aparcamientos
El Gobierno de España ha aprobado una iniciativa Urban que supone invertir en la capital cerca de 12 millones de euros, de los que el 70% proceden de fondos de la Unión Europea. La zona de actuación está delimitada, al norte, por el cerro del Castillo y de San Miguel; al sur, por la vía del ferrocarril y el río Arlanzón; al oeste, por el barrio de Fuentecillas y, al este, por el río Vena hasta la calle Clunia. El objetivo del programa es la regeneración física y funcional de esta zona en la que viven 29.629 personas y en la que se levantan un total de 15.889 viviendas.
No hace falta ser un lince para concluir que 12 millones de euros, en siete años, no son demasiados para destinarlos a un espacio con tantos problemas sociales y tanta carencia de dotaciones públicas. Sin embargo, el equipo de Gobierno debe vivir en otro mundo porque pretende gastarse casi 8 millones de euros (2/3 partes del total) en dos obras totalmente innecesarias, y en subvencionar, con 500.000€, a la Asociación Plan Estratégico para gestionar el programa. ¡Como si en el Ayuntamiento no existieran funcionarios con la preparación técnica y el tiempo suficiente para hacerlo sin gastos añadidos!
La carencia de ideas útiles para resolver los problemas reales se suple tirando materialmente el dinero. Destinar 4,5 millones en el paseo de la Isla y 2,8 millones en el puente de Castilla es un despropósito, pues de ninguna manera son obras prioritarias.
El parque de la Isla precisa de una atención permanente e inversiones continuas de mantenimiento. Lo que no necesita, tal y como prevé el plan aprobado por el PP, es una remodelación que modifique su aspecto histórico, un incremento de la accesibilidad de los vehículos o la construcción de aparcamientos.
El proyecto inicial, modificado por el equipo de Gobierno antes de comenzar a aplicarlo, contempla una línea de actuación para perfeccionar los servicios de Acción Social, atención y asistencia a colectivos en riesgo de exclusión, la construcción de un centro cívico, optimizar la recogida selectiva de residuos, la eliminación de barreras arquitectónicas, la superación del desnivel con la zona alta mediante medios mecánicos y la mejora del Castillo y del paseo de la Isla.
Con las obras del puente de Castilla y del emblemático paseo se agota todo el dinero disponible, de manera que no podrá materializarse nada de lo previsto. Un auténtico despropósito.
No hace falta ser un lince para concluir que 12 millones de euros, en siete años, no son demasiados para destinarlos a un espacio con tantos problemas sociales y tanta carencia de dotaciones públicas. Sin embargo, el equipo de Gobierno debe vivir en otro mundo porque pretende gastarse casi 8 millones de euros (2/3 partes del total) en dos obras totalmente innecesarias, y en subvencionar, con 500.000€, a la Asociación Plan Estratégico para gestionar el programa. ¡Como si en el Ayuntamiento no existieran funcionarios con la preparación técnica y el tiempo suficiente para hacerlo sin gastos añadidos!
La carencia de ideas útiles para resolver los problemas reales se suple tirando materialmente el dinero. Destinar 4,5 millones en el paseo de la Isla y 2,8 millones en el puente de Castilla es un despropósito, pues de ninguna manera son obras prioritarias.
El parque de la Isla precisa de una atención permanente e inversiones continuas de mantenimiento. Lo que no necesita, tal y como prevé el plan aprobado por el PP, es una remodelación que modifique su aspecto histórico, un incremento de la accesibilidad de los vehículos o la construcción de aparcamientos.
El proyecto inicial, modificado por el equipo de Gobierno antes de comenzar a aplicarlo, contempla una línea de actuación para perfeccionar los servicios de Acción Social, atención y asistencia a colectivos en riesgo de exclusión, la construcción de un centro cívico, optimizar la recogida selectiva de residuos, la eliminación de barreras arquitectónicas, la superación del desnivel con la zona alta mediante medios mecánicos y la mejora del Castillo y del paseo de la Isla.
Con las obras del puente de Castilla y del emblemático paseo se agota todo el dinero disponible, de manera que no podrá materializarse nada de lo previsto. Un auténtico despropósito.
sábado, 6 de junio de 2009
Máxima colaboración con nuestros vecinos
La ciudad de Burgos se ha caracterizado por su predisposición a colaborar con todos los municipios del Alfoz. De hecho, el Ayuntamiento de Burgos ha sustituido a la Diputación Provincial, incapaz de solucionar las demandas de prestación de servicios públicos esenciales como la recogida y tratamiento de basuras, el abastecimiento de agua potable y la depuración de aguas residuales.
Estas relaciones de buena vecindad se fundamentan en la relación entre iguales, aunque hay que reconocer que la derecha burgalesa, en muchas ocasiones, ha mantenido actitudes soberbias como si los municipios pequeños fueran menores de edad. El PSOE siempre ha intentado estrechar esta mutua cooperación que a todos beneficia. Burgos es, de hecho, una entidad metropolitana que diariamente recibe miles de personas procedentes de estos lugares que trabajan y consumen en la ciudad.
Para suministrar agua a los municipios de la Mancomunidad se debe optar por aquella alternativa que sea más económica y más sostenible medioambientalmente. Básicamente, se han planteado dos soluciones: hacer una nueva potabilizadora, que parece es la alternativa más económica, o enganchar con la red de Burgos. Son los municipios afectados quienes han de decidir.
El Ayuntamiento de Burgos debe colaborar para hacer posible cualquiera de las dos alternativas. Si se optara por enganchar con la red de la ciudad, convendría estudiar las repercusiones económicas para que los vecinos de la capital no se vean perjudicados al incrementarse el coste del servicio. El agua la debe pagar quien la consume y si se arbitra algún tipo de ayuda, debe provenir de su municipio o de la Diputación Provincial.
El equipo de Gobierno del PP, presidido por Aparicio, está intentando utilizar a los vecinos de la Mancomunidad como moneda de cambio en sus relaciones con la Confederación Hidrográfica del Duero. Esta actitud no es razonable. Es muy mezquina, demuestra una gran mediocridad y fomenta malas relaciones con nuestros vecinos.
Estas relaciones de buena vecindad se fundamentan en la relación entre iguales, aunque hay que reconocer que la derecha burgalesa, en muchas ocasiones, ha mantenido actitudes soberbias como si los municipios pequeños fueran menores de edad. El PSOE siempre ha intentado estrechar esta mutua cooperación que a todos beneficia. Burgos es, de hecho, una entidad metropolitana que diariamente recibe miles de personas procedentes de estos lugares que trabajan y consumen en la ciudad.
Para suministrar agua a los municipios de la Mancomunidad se debe optar por aquella alternativa que sea más económica y más sostenible medioambientalmente. Básicamente, se han planteado dos soluciones: hacer una nueva potabilizadora, que parece es la alternativa más económica, o enganchar con la red de Burgos. Son los municipios afectados quienes han de decidir.
El Ayuntamiento de Burgos debe colaborar para hacer posible cualquiera de las dos alternativas. Si se optara por enganchar con la red de la ciudad, convendría estudiar las repercusiones económicas para que los vecinos de la capital no se vean perjudicados al incrementarse el coste del servicio. El agua la debe pagar quien la consume y si se arbitra algún tipo de ayuda, debe provenir de su municipio o de la Diputación Provincial.
El equipo de Gobierno del PP, presidido por Aparicio, está intentando utilizar a los vecinos de la Mancomunidad como moneda de cambio en sus relaciones con la Confederación Hidrográfica del Duero. Esta actitud no es razonable. Es muy mezquina, demuestra una gran mediocridad y fomenta malas relaciones con nuestros vecinos.
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