Banco de sangre: un nuevo expolio de Burgos

En el año 2004 el banco de sangre de Burgos era el mejor dotado de toda la región. Gracias a la colaboración de entidades locales disponía de unas instalaciones que le hacían merecedor de acoger el Centro de Hemoterapia y Hemodonación en Castilla y León.

La propuesta burgalesa no encajaba en la política centralista de la Junta de Castilla y León que decidió ubicar la sede central en Valladolid. A los que manifestamos nuestras reticencias se nos dijo que la ciudad de Burgos no iba a perder nada y que todo continuaba igual. Muchos no nos lo creímos pero, otros, ingenuamente, se creyeron la palabra del PP y aceptaron la decisión.

Ahora se completa la operación con la remodelación que se va a poner en práctica que de hecho relegará a Burgos a ser exclusivamente un centro de extracción. En Burgos se obtendrá la sangre que, inmediatamente, será enviada a Valladolid para su tratamiento.

El PP en la Junta de Castilla y León ha hiperpolitizado todos los ámbitos de la administración pública. Los servicios centrales están saturados de burócratas con escasa capacitación profesional que tienen como principal mérito la afinidad política con el PP. Con esta estructura, sin autoridad moral alguna, necesitan tener cerca, físicamente, todo lo relativamente importante que existe en la región para controlar todo lo que se mueve, llevando la centralización a extremos absurdos y, por supuesto, a la pura ineficiencia.

Lo que ha pasado con el Banco de Sangre pasará también con el Consejo Genético. En los próximos años potenciarán la consulta de Valladolid para, en el futuro, suprimir la consulta de Burgos.

En defensa de los intereses de los burgaleses, también de los ciudadanos de Castilla y León que quieren unos servicios públicos de calidad, debemos apoyar la huelga convocada por los oncólogos y acudir a la concentración que se va a celebrar en las puertas del hospital Yagüe el próximo día 30 a las 20,30 horas.

Fresdelval es el mayor pelotazo urbanístico en la historia de la ciudad

No se conocen precedentes de una recalificación urbanística tan brutal. Ni en la época de la creación de Gamonal ni en ninguna de las piezas del caso de la construcción se produjeron incrementos de edificabilidad tan brutales en beneficio exclusivo de los propietarios de los terrenos, contraviniendo todos los principios aplicables al desarrollo sostenible y sin que exista ningún interés público que lo justifique.

Con los informes contrarios de la Asesoría Jurídica y de la Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, la Junta ha aprobado la modificación del Plan General de Burgos, en el sector 23 Fresdelval, en virtud de la cual se podrán construir 2.171 viviendas en lugar de las 210 que se previeron en 1999 con la única pretensión de fomentar la rehabilitación del Convento de Fresdelval.

Se pretende construir un nuevo pueblo en suelo rústico que no dispone de agua, saneamiento, energía ni ningún otro servicio público. Se encuentra a más de dos kilómetros de la primera casa habitada en el barrio de Villatoro y separado del resto del término municipal por la autopista de circunvalación de la ciudad.

Para aprobar esta aberración urbanística se dice que estos terrenos forman parte del núcleo principal del municipio y que es necesaria la recalificación para procurar un desarrollo sostenible. ¡Hay que tener muy poca vergüenza para utilizar estos argumentos!

El PP completa la operación con la inestimable e imprescindible colaboración de Ezquiaga que está redactando el nuevo Plan General de Burgos. Ahora dicen que el sector de Fresdelval no es sostenible, que hay que acercarlo a la ciudad para no atravesar la autopista. Para solucionarlo suprimen este sector trasladando el aprovechamiento a un nuevo suelo urbanizable colindante con el barrio de Villatoro.

Hablando claro. El PP no quiere arriesgarse a que el sector de Fresdelval sea declarado ilegal por los tribunales. Quiere garantizar el negocio consolidando los aprovechamientos en un nuevo sector que no sufrirá los avatares de posibles sentencias contrarias.

Hay que redondear la operación. Como en la situación de crisis actual no es probable que los promotores puedan cumplir con su obligación legal de gestionar el suelo e iniciar la construcción de viviendas en el plazo de 24 meses, hay que demorar la gestión de estos terrenos. La supresión del sector implica la suspensión del otorgamiento de licencias con lo que los promotores tendrán un tiempo suplementario de dos años más para sacarle rendimiento a este regalo popular.

El PP en la Junta de Castilla y León y en el Ayuntamiento de Burgos no entienden que el urbanismo sea una función pública. Practican el urbanismo a la carta. Modifican las normas a conveniencia de los intereses particulares y ponen sus competencias legales al servicio de aquellos que tienen el poder y la influencia suficiente para que la administración pública se ponga a su servicio aunque ello implique hacer todo lo contrario al espíritu de las normas, a no atender las recomendaciones de los expertos y a perjudicar los intereses de toda la ciudad para beneficiar a unos pocos.

El Ayuntamiento tiene la obligación de construir el centro cívico y el polideportivo previstos en Gamonal Norte

Mediante una permuta ilegal, el equipo de Gobierno del PP se desentendió de sus obligaciones buscando a una empresa que construyera un centro cívico y un polideportivo en Gamonal Norte, ampliamente reclamado por los vecinos. Se utilizó indebidamente el Patrimonio Municipal del Suelo perjudicando los intereses generales de la ciudad y los particulares de los vecinos de Gamonal porque se previó construir un centro cívico muy pequeño e insuficiente para satisfacer las necesidades del barrio.

El centro cívico que se pretendía construir tenía, aproximadamente, la mitad de la superficie que el de Capiscol que, a su vez, es el doble que el de Río Vena, sin el inconveniente de mezclar sus usos con instalaciones deportivas. El tamaño del centro cívico de Capiscol es idóneo para barrios de alta densidad de población. Permite desarrollar todo tipo de actividades a un coste asumible y está próximo a las viviendas. Con este modelo, en los barrios de Gamonal Capiscol se podrían construir diferentes centros cívicos. Si se hubiera optado por el modelo de San Agustín, más grande y más caro, sólo se hubiera podido edificar uno a costa de alejar los servicios de los ciudadanos.

En el año 2003, el Ayuntamiento ofertó a la Junta de Castilla y León una parcela para construir un polideportivo que atendiera tanto las necesidades de los centros de enseñanza del barrio, que carecen de instalaciones deportivas, como la de los vecinos de Gamonal, que sólo cuentan con el saturado Lavaderos. En aquel momento, la Junta no aceptó la propuesta, por lo que este es el momento de recuperarla y llevarla a la práctica al ser la más interesante para todos.

La negligencia del PP y circunstancias económicas sobrevenidas han provocado la paralización de un proyecto sustentado en una decisión ilegal. Los vecinos han perdido tres años. No obstante, pueden salir ganando si el Ayuntamiento cumple con su obligación y construye un centro cívico con las características que los vecinos y nosotros demandamos y un polideportivo que atienda las necesidades de los centros educativos y del barrio.

Burgos necesita un plan de movilidad integral

La ciudad debe aprovechar la desaparición de las vías ferroviarias para remodelar íntegramente su plan de movilidad, que ha de apostar por recuperar los espacios públicos para los ciudadanos y fomentar el transporte público.

No se conocen al detalle los estudios realizados por profesores de la UBU que proponen soterrar un tranvía ligero. Por este motivo, no es prudente hacer una valoración sobre su contenido hasta poder profundizar más en él y hacer una valoración real del coste por pasajero transportado que representa la alternativa que proponen.

En los últimos años, se han elaborado diferentes estudios de movilidad que nunca han sido tenidos en cuenta por el equipo de Gobierno. Incapaz de tomar decisiones, unos se suceden a otros sin que el alcalde aborde decididamente una política de futuro realmente sostenible.

El crecimiento del parque de vehículos alcanza tal magnitud que ha convertido al tráfico en la primera causa de contaminación. Por cada litro de gasolina consumida se generan 2,6 kg de CO2. Supone un enorme gasto energético poco compatible con los objetivos de defensa del medio ambiente y un uso racional de los recursos naturales.

Muchas ciudades europeas han optado por el tranvía. Es el modo de transporte más eficiente energéticamente y su coste por viajero transportado es un 30% inferior al del autobús. También representa el sistema más fiable, dado que garantiza el cumplimiento de los horarios y el incremento de la velocidad comercial al reducir los tiempos de desplazamiento.

El efecto barrera del tranvía es muy reducido. Recordemos la imagen del tranvía circulando por zonas peatonales en ciudades del centro de Europa que se caracterizan por una importante reducción del uso del vehículo privado.

Optar por una movilidad sostenible implica contar con aparcamientos suficientes regidos por una política tarifaria que esté unida a la utilización del transporte público. La circunvalación de la ciudad uniendo los polígonos industriales y las nuevas zonas de ocio en Villatoro posibilita ejes de comunicación transversales que acercarían el servicio a las zonas más habitadas de la ciudad.

Prioridad para los peatones

En el mes de julio de 2007, en este mismo blog, propuse nuevamente que los pasos de peatones garantizaran la continuidad del tráfico peatonal y que fueran realmente seguros. Esto se consigue elevando la calzada como se está demostrando en todas las ciudades que están aplicando esta medida.

Vuelvo a insistir en la propuesta. La elevación de la calzada consigue reducir sustancialmente la velocidad del tráfico y garantizan una eliminación real de las barreras arquitectónicas.

En toda Europa, salvo en Burgos, se está aplicando esta solución. Mientras que el resto de las ciudades españolas y europeas consiguen pacificar realmente el tráfico, en Burgos, el equipo de gobierno malgasta el dinero rebajando bordillos, fresando la carretera o poniendo bandas de caucho que generan un molesto ruido o, ahora, aplicando la “luminosa” idea de aplicar balizas luminosas.

Con motivo de los accidentes que se producen en la ciudad el PP reacciona dando palos de ciego, sin saber qué hacer. Persisten en su error de no querer aplicar las medidas que han demostrado su eficacia en muchas ciudades. Burgos tiene problemas y Aparicio mira para otro lado.

Para que haya inversión el ayuntamiento tiene que generar confianza y estabilidad

Las empresas industriales no adquieren suelo con afanes especulativos. No es su negocio y, salvo contadas excepciones, cuando compran un terreno lo hacen con la expectativa de ampliar sus instalaciones. A pesar de esta consideración, en Villalonquéjar se han aplicado las habituales medidas para luchar contra la especulación evitando que permanecieran baldíos los solares. Incongruencia del PP, que aplica estas medidas en un sector en el que el riesgo es escaso mientras que no lo hace para impedir la retención especulativa de terrenos residenciales por parte de rentistas.

El precio de los terrenos casi nunca es determinante para decidir una inversión industrial de futuro. La accesibilidad, disponibilidad de mano de obra cualificada, servicios de energía y comunicaciones suficientes, y otros factores más específicos, son condiciones a tener en cuenta. La ciudad debe explotar sus ventajas competitivas para crear un marco general en el que la inversión sea atractiva.

Disponer de terrenos industriales suficientes es vital porque el tiempo es un factor estratégico. Muchas inversiones se pierden si no pueden ser ejecutadas en el momento oportuno. Será más fácil invertir en nuestra ciudad si se mejoran nuestras posibilidades como centro logístico aprovechándonos de nuestra privilegiada situación.

Si la economía burgalesa no explora nuevas industrias, existe riesgo de acabar dependiendo de una industria madura, sin incursión de nuevos sectores de mayor crecimiento. Esta amenaza es consecuencia de una escasa apuesta por la Investigación, Desarrollo e Innovación como fuente de competitividad. Por este motivo, es tan importante el desarrollo del Parque Tecnológico y el CAE de Villafría. Es la manera de prestar los servicios de los que actualmente carecen las empresas y de garantizar la continuidad de instalaciones industriales básicas.

En la situación de crisis como la que vivimos, difícilmente la actividad municipal determinará que una inversión se realice o no. Sin embargo, el Ayuntamiento sí tiene que trabajar para incrementar el atractivo de nuestra ciudad y para que las inversiones que generan riqueza y empleo se realicen sin obstáculos cuando existan condiciones económicas para ello.

Los problemas económicos del Ayuntamiento no son debidos a la crisis sino a la incompetencia del PP

Aparicio gasta más de lo que ingresa. En el año 2007, fueron 5,7 millones y en el año 2008, el déficit ha alcanzado la cifra de 6.800.000 euros. A pesar de que se hizo un Plan Económico Financiero, en el pasado ejercicio no sólo no se corrigieron los problemas sino que se incrementaron.

El equipo de Gobierno ha encontrado el argumento fácil de imputar a la crisis su incompetencia. Es cierto que los ingresos municipales han dejado de crecer a un ritmo elevado. Sin embargo, aún siguen creciendo. En el año 2008, los ingresos se incrementaron en un 3,54% con relación al 2007 (6.372.000 euros más).

En lugar de ponerse a trabajar para mejorar la situación en beneficio de los burgaleses, el PP dedica sus esfuerzos a manipular las cifras y a buscar a quien se las quiera propagar. Diario de Burgos publicó el pasado sábado, día 14, un artículo en el que es difícil encontrar una cifra que sea cierta. La información titulada "La crisis merma los ingresos de las arcas locales en 4,5 millones" es una media verdad, porque no dice que esta disminución de ingresos se debe a que, en 2007, se ingresaron 23.400.00 euros por préstamos (se acumularon los prestamos de 2 años) y, en 2008, 14.000.000. En realidad, los ingresos propios del Ayuntamiento han crecido en 6.372.000 euros. Todas las cifras publicadas respecto a los ingresos relacionados con el urbanismo son falsas. Las liquidaciones de los presupuestos están disponibles para todos los ciudadanos y lo pueden comprobar.

Tampoco son ciertos los datos de inversión. Se contabilizan otra vez los 6,7 millones de euros con destino al Museo de la Evolución Humana que ya se computaron en 2007. Realmente, la inversión municipal no asciende a más de 36 millones de euros, cifra equivalente a la del Presupuesto de 2005, y que no es ni tan espectacular ni tan histórica como se pretende hacer creer.

Esta operación de maquillaje de las cifras se completa con el ocultamiento del gasto corriente. Para que éste no se incremente, han dejado facturas por importe de 12 millones en un concepto extrapresupuestario. Estos 12 millones, junto con los 27 que se incluyen como pendientes de pago, son deudas que tiene el Ayuntamiento con sus proveedores.

Que se haya generado un déficit de 6.800.000 euros no es culpa de la crisis; que se deban 39 millones de euros a los proveedores, tampoco; que los proveedores no cobren a su tiempo no es culpa de la crisis porque el Ayuntamiento tiene liquidez suficiente para pagar en plazo; que el Ayuntamiento tenga que pagar centenares de miles de euros en concepto intereses por no ser capaz de pagar las facturas a su tiempo no es culpa de la crisis. La culpa la tiene la ineficacia del PP, y su máximo responsable es el alcalde Aparicio.

El Castillo y Fuentes Blancas requieren mayor atención municipal

Ni el parque de El Castillo ni el de Fuentes Blancas, orgullo de todos los burgaleses, reciben la atención debida por parte del equipo de Gobierno. Con ocasión de los fondos especiales de empleo aprobados por el Gobierno Zapatero, los concejales socialistas propusimos que se hiciera un proyecto para realizar tareas intensivas de silvicultura que no se hacen en los parques urbanos y en el cinturón verde. La suciedad y la invasión de maleza ponen de manifiesto la necesidad de que periódicamente se ejecuten estos trabajos extraordinarios que desbordan las previsiones establecidas en el contrato de mantenimiento de zonas verdes.

La vocación de nuestros parques urbanos no ha de ser otra que la ser visitados por cuantos burgaleses lo deseen, cuantos más mejor, sin que ello suponga su urbanización hasta extremos que los harían irreconocibles como zonas verdes.

El Castillo y Fuentes Blancas deben mejorar en su conservación y limpieza. Pero también es necesario que sean recintos públicos seguros donde los ciudadanos disfruten tranquilamente de la naturaleza y sin verse alterados por actos incívicos, molestos o por ser víctimas de alguna agresión.

La Policía Local ha de incrementar su presencia, y ello es posible sin necesidad de crear una sección específica, pues no se requiere una especialización que lo justifique. Es mejor tener integrados los recursos para que su planificación diaria sea más operativa atendiendo a las prioridades establecidas por el equipo de Gobierno. El incremento de la presencia policial, patrullando con los medios mecánicos que se estimen más adecuados o a pie, contribuiría a un incremento sustancial del uso que los burgaleses hacen de estas zonas verdes.

Además de limpieza y seguridad, hemos de procurar que estos parques sean accesibles. Evidentemente, utilizando medios de transporte público para evitar los perjuicios que ocasiona el abuso del vehículo privado. Hemos heredado unas zonas verdes por las que sentimos un legítimo orgullo. Nuestra obligación ahora es conservarlas y mejorarlas para las generaciones venideras.

Servicios públicos para los trabajadores en el solar del Yagüe

De momento, no existe ninguna planificación urbanística que establezca los usos y aprovechamientos a los que se deba destinar el solar del hospital General Yagüe. Conviene precisar que el hospital es patrimonio de la Seguridad Social, es decir, de los trabajadores que, con nuestras cotizaciones, contribuimos a mantener este patrimonio del que depende el disfrute de los servicios públicos, especialmente los sanitarios y el sistema público de pensiones. Teniendo en cuenta este hecho, cualquier destino que se busque debe garantizar el equilibrio patrimonial de la Seguridad Social.

La Junta y el Ayuntamiento se desentienden de un asunto tan importante como es la planificación urbanística de uno de los mejores solares de la ciudad. Ante esta dejadez, el burgalés Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, y el Grupo de concejales socialistas han tenido que preocuparse por buscar el mejor uso que satisfaga las necesidades de los burgaleses.

Sería deseable que el lugar en el que ahora se asienta un hospital público continuara acogiendo servicios públicos cuyos destinatarios principales fueran los trabajadores que mantienen la Seguridad Social.

Burgos necesita nuevas residencias públicas para personas mayores. Las listas de espera son elevadas y las necesidades de la población se incrementan a un ritmo superior a la oferta que realiza la Administración Pública competente, la Junta de Castilla y León.

Existe también una amplia demanda insatisfecha de viviendas de protección oficial a precios asequibles o en régimen de alquiler, por lo que pienso que una residencia pública y viviendas públicas serían los destinos idóneos para este solar.

El surrealismo popular

Aparicio debe creer que él es la ley. Imbuido de esta creencia, se ha atrevido a escribir que el hecho de que los concejales socialistas recurriéramos la ilegalidad que él cometió permutando el Peña Amaya a cambio de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo era la expresión habitual de la permanente actitud del PSOE de “hacer todo lo posible para poner zancadillas al avance de la ciudad y al bienestar de los jóvenes.” Los tribunales de justicia admiten íntegramente nuestro recurso y según Aparicio somos los socialistas los que creamos el problema. ¡Qué lástima que Aparicio estudiara Formación del Espíritu Nacional en lugar de Educación para la ciudadanía! Parece que el tiempo no ha servido para reconvertir la mentalidad forjada por su aprendizaje juvenil.

De la permuta del Peña Amaya sólo se ha beneficiado su anterior propietario. Le endosó al Ayuntamiento un edificio que no sirve para nada si no se hacen previamente cuantiosas inversiones a cambio de un solar en el que se pueden construir 5.960 metros cuadrados de aprovechamiento residencial (60 viviendas)

El PP, riéndose de los jueces, de la ley y de todos los burgaleses, ha manifestado su intención de no ejecutar en sus propios términos la sentencia que declara ilegal esta permuta.

Ciertamente, la legislación urbanística que promueve el PP siempre va dirigida a evitar controles administrativos y a favorecer negocios espurios. ¡Quién no recuerda del principio de que todo el suelo es urbanizable o del contenido de la ley del suelo de 1998!

En la última modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, incomprensiblemente, se ha introducido en su artículo 127 la posibilidad de enajenar mediante permuta directa, sin concurso público, bienes del Patrimonio Municipal del Suelo “cuando se justifique la idoneidad de los bienes inmuebles a obtener para el cumplimiento de las determinaciones del planeamiento urbanístico o para la satisfacción de otras necesidades de interés público”.

La permuta que ha sido declarada ilegal se fundamentó en que el colegio Peña Amaya era el único inmueble de la ciudad de Burgos en el que se podía construir un albergue juvenil. Este argumento no ha sido considerado válido por los tribunales y además el tiempo ha demostrado su falsedad. Ahora, por el mismo procedimiento, se intentará justificar que ese edificio es el idóneo, es decir el mejor en toda la ciudad, para ser reformado como residencia de emancipación juvenil. Una burla.

El albergue y la residencia de emancipación juvenil son dos buenas iniciativas que se deben realizar si el ayuntamiento tiene recursos suficientes para hacerlo. Pero el fin no justifica los medios y se debe respetar la ley.

El acatamiento de la sentencia implica que ese edificio no se puede dedicar ni a albergue juvenil ni a residencia. Además, es más barato construir un nuevo edificio que reformar el Peña Amaya. En todo caso, el PP tiene que devolver el edificio a su antiguo propietario y recuperar el suelo municipal. Esta es la única actuación democráticamente admisible.

El concejal de urbanismo dice que sería surrealista que el PSOE recurriera nuevamente a los tribunales si decidiera firmar un nuevo convenio. Por supuesto que recurriremos; lo surrealista sería no hacerlo.