Los problemas económicos del Ayuntamiento no son debidos a la crisis sino a la incompetencia del PP

Aparicio gasta más de lo que ingresa. En el año 2007, fueron 5,7 millones y en el año 2008, el déficit ha alcanzado la cifra de 6.800.000 euros. A pesar de que se hizo un Plan Económico Financiero, en el pasado ejercicio no sólo no se corrigieron los problemas sino que se incrementaron.

El equipo de Gobierno ha encontrado el argumento fácil de imputar a la crisis su incompetencia. Es cierto que los ingresos municipales han dejado de crecer a un ritmo elevado. Sin embargo, aún siguen creciendo. En el año 2008, los ingresos se incrementaron en un 3,54% con relación al 2007 (6.372.000 euros más).

En lugar de ponerse a trabajar para mejorar la situación en beneficio de los burgaleses, el PP dedica sus esfuerzos a manipular las cifras y a buscar a quien se las quiera propagar. Diario de Burgos publicó el pasado sábado, día 14, un artículo en el que es difícil encontrar una cifra que sea cierta. La información titulada "La crisis merma los ingresos de las arcas locales en 4,5 millones" es una media verdad, porque no dice que esta disminución de ingresos se debe a que, en 2007, se ingresaron 23.400.00 euros por préstamos (se acumularon los prestamos de 2 años) y, en 2008, 14.000.000. En realidad, los ingresos propios del Ayuntamiento han crecido en 6.372.000 euros. Todas las cifras publicadas respecto a los ingresos relacionados con el urbanismo son falsas. Las liquidaciones de los presupuestos están disponibles para todos los ciudadanos y lo pueden comprobar.

Tampoco son ciertos los datos de inversión. Se contabilizan otra vez los 6,7 millones de euros con destino al Museo de la Evolución Humana que ya se computaron en 2007. Realmente, la inversión municipal no asciende a más de 36 millones de euros, cifra equivalente a la del Presupuesto de 2005, y que no es ni tan espectacular ni tan histórica como se pretende hacer creer.

Esta operación de maquillaje de las cifras se completa con el ocultamiento del gasto corriente. Para que éste no se incremente, han dejado facturas por importe de 12 millones en un concepto extrapresupuestario. Estos 12 millones, junto con los 27 que se incluyen como pendientes de pago, son deudas que tiene el Ayuntamiento con sus proveedores.

Que se haya generado un déficit de 6.800.000 euros no es culpa de la crisis; que se deban 39 millones de euros a los proveedores, tampoco; que los proveedores no cobren a su tiempo no es culpa de la crisis porque el Ayuntamiento tiene liquidez suficiente para pagar en plazo; que el Ayuntamiento tenga que pagar centenares de miles de euros en concepto intereses por no ser capaz de pagar las facturas a su tiempo no es culpa de la crisis. La culpa la tiene la ineficacia del PP, y su máximo responsable es el alcalde Aparicio.

El Castillo y Fuentes Blancas requieren mayor atención municipal

Ni el parque de El Castillo ni el de Fuentes Blancas, orgullo de todos los burgaleses, reciben la atención debida por parte del equipo de Gobierno. Con ocasión de los fondos especiales de empleo aprobados por el Gobierno Zapatero, los concejales socialistas propusimos que se hiciera un proyecto para realizar tareas intensivas de silvicultura que no se hacen en los parques urbanos y en el cinturón verde. La suciedad y la invasión de maleza ponen de manifiesto la necesidad de que periódicamente se ejecuten estos trabajos extraordinarios que desbordan las previsiones establecidas en el contrato de mantenimiento de zonas verdes.

La vocación de nuestros parques urbanos no ha de ser otra que la ser visitados por cuantos burgaleses lo deseen, cuantos más mejor, sin que ello suponga su urbanización hasta extremos que los harían irreconocibles como zonas verdes.

El Castillo y Fuentes Blancas deben mejorar en su conservación y limpieza. Pero también es necesario que sean recintos públicos seguros donde los ciudadanos disfruten tranquilamente de la naturaleza y sin verse alterados por actos incívicos, molestos o por ser víctimas de alguna agresión.

La Policía Local ha de incrementar su presencia, y ello es posible sin necesidad de crear una sección específica, pues no se requiere una especialización que lo justifique. Es mejor tener integrados los recursos para que su planificación diaria sea más operativa atendiendo a las prioridades establecidas por el equipo de Gobierno. El incremento de la presencia policial, patrullando con los medios mecánicos que se estimen más adecuados o a pie, contribuiría a un incremento sustancial del uso que los burgaleses hacen de estas zonas verdes.

Además de limpieza y seguridad, hemos de procurar que estos parques sean accesibles. Evidentemente, utilizando medios de transporte público para evitar los perjuicios que ocasiona el abuso del vehículo privado. Hemos heredado unas zonas verdes por las que sentimos un legítimo orgullo. Nuestra obligación ahora es conservarlas y mejorarlas para las generaciones venideras.

Servicios públicos para los trabajadores en el solar del Yagüe

De momento, no existe ninguna planificación urbanística que establezca los usos y aprovechamientos a los que se deba destinar el solar del hospital General Yagüe. Conviene precisar que el hospital es patrimonio de la Seguridad Social, es decir, de los trabajadores que, con nuestras cotizaciones, contribuimos a mantener este patrimonio del que depende el disfrute de los servicios públicos, especialmente los sanitarios y el sistema público de pensiones. Teniendo en cuenta este hecho, cualquier destino que se busque debe garantizar el equilibrio patrimonial de la Seguridad Social.

La Junta y el Ayuntamiento se desentienden de un asunto tan importante como es la planificación urbanística de uno de los mejores solares de la ciudad. Ante esta dejadez, el burgalés Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, y el Grupo de concejales socialistas han tenido que preocuparse por buscar el mejor uso que satisfaga las necesidades de los burgaleses.

Sería deseable que el lugar en el que ahora se asienta un hospital público continuara acogiendo servicios públicos cuyos destinatarios principales fueran los trabajadores que mantienen la Seguridad Social.

Burgos necesita nuevas residencias públicas para personas mayores. Las listas de espera son elevadas y las necesidades de la población se incrementan a un ritmo superior a la oferta que realiza la Administración Pública competente, la Junta de Castilla y León.

Existe también una amplia demanda insatisfecha de viviendas de protección oficial a precios asequibles o en régimen de alquiler, por lo que pienso que una residencia pública y viviendas públicas serían los destinos idóneos para este solar.

El surrealismo popular

Aparicio debe creer que él es la ley. Imbuido de esta creencia, se ha atrevido a escribir que el hecho de que los concejales socialistas recurriéramos la ilegalidad que él cometió permutando el Peña Amaya a cambio de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo era la expresión habitual de la permanente actitud del PSOE de “hacer todo lo posible para poner zancadillas al avance de la ciudad y al bienestar de los jóvenes.” Los tribunales de justicia admiten íntegramente nuestro recurso y según Aparicio somos los socialistas los que creamos el problema. ¡Qué lástima que Aparicio estudiara Formación del Espíritu Nacional en lugar de Educación para la ciudadanía! Parece que el tiempo no ha servido para reconvertir la mentalidad forjada por su aprendizaje juvenil.

De la permuta del Peña Amaya sólo se ha beneficiado su anterior propietario. Le endosó al Ayuntamiento un edificio que no sirve para nada si no se hacen previamente cuantiosas inversiones a cambio de un solar en el que se pueden construir 5.960 metros cuadrados de aprovechamiento residencial (60 viviendas)

El PP, riéndose de los jueces, de la ley y de todos los burgaleses, ha manifestado su intención de no ejecutar en sus propios términos la sentencia que declara ilegal esta permuta.

Ciertamente, la legislación urbanística que promueve el PP siempre va dirigida a evitar controles administrativos y a favorecer negocios espurios. ¡Quién no recuerda del principio de que todo el suelo es urbanizable o del contenido de la ley del suelo de 1998!

En la última modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, incomprensiblemente, se ha introducido en su artículo 127 la posibilidad de enajenar mediante permuta directa, sin concurso público, bienes del Patrimonio Municipal del Suelo “cuando se justifique la idoneidad de los bienes inmuebles a obtener para el cumplimiento de las determinaciones del planeamiento urbanístico o para la satisfacción de otras necesidades de interés público”.

La permuta que ha sido declarada ilegal se fundamentó en que el colegio Peña Amaya era el único inmueble de la ciudad de Burgos en el que se podía construir un albergue juvenil. Este argumento no ha sido considerado válido por los tribunales y además el tiempo ha demostrado su falsedad. Ahora, por el mismo procedimiento, se intentará justificar que ese edificio es el idóneo, es decir el mejor en toda la ciudad, para ser reformado como residencia de emancipación juvenil. Una burla.

El albergue y la residencia de emancipación juvenil son dos buenas iniciativas que se deben realizar si el ayuntamiento tiene recursos suficientes para hacerlo. Pero el fin no justifica los medios y se debe respetar la ley.

El acatamiento de la sentencia implica que ese edificio no se puede dedicar ni a albergue juvenil ni a residencia. Además, es más barato construir un nuevo edificio que reformar el Peña Amaya. En todo caso, el PP tiene que devolver el edificio a su antiguo propietario y recuperar el suelo municipal. Esta es la única actuación democráticamente admisible.

El concejal de urbanismo dice que sería surrealista que el PSOE recurriera nuevamente a los tribunales si decidiera firmar un nuevo convenio. Por supuesto que recurriremos; lo surrealista sería no hacerlo.

La Junta de Castilla y León debe cumplir con su obligación de construir una nueva residencia de ancianos

No creo que este proyecto estrella durante las dos legislaturas de Aparicio no se pueda llevar a cabo porque al Ayuntamiento se le olvidó enviar el contrato a la empresa que ganó el concurso. Desde el año 2003 se viene hablando de este proyecto, que ha necesitado dos concursos públicos y que es uno de los que más espacio ha ocupado en los medios de comunicación. Mucho dinero e importantes esfuerzos ha dedicado la Corporación a este expediente como para que nos tengamos que creer que no se ejecuta por descuido. Esta excusa sólo sería creíble si se hubiera cesado al concejal responsable y el alcalde hubiera exigido responsabilidades. De otra manera, ¿qué respeto le merecen los burgaleses a Aparicio?

Mas bien creo que esta renuncia es fruto del acuerdo entre empresas y el PP. Cuando gobernó Aznar, se paró de golpe el proceso de reducción de las desigualdades iniciado en España en la década de los ochenta y aumentó nuestro déficit con relación al resto de Europa. El gasto en protección social en España, medido en porcentaje del PIB, es el menor de la Unión Europea (15). España tiene uno de los niveles más bajos de cobertura de servicios domiciliarios para las personas mayores (1,5% de los mayores de 65 años). Esta cifra se encuentra muy por debajo de otras experiencias europeas, como Dinamarca (con el 24% de los mayores de 64 años cubiertos), Suecia (17%), Holanda (9,5%) o Reino Unido (5,52%).

Las plazas de residencias públicas para personas mayores son manifiestamente escasas. La lista de espera en Burgos es de 2.500 personas pendientes de ingresar. La Junta de Castilla y León, desde que ha recibido esta competencia, no ha creado ni una nueva plaza pública. Se limita a concertar con las empresas privadas que, como todo el mundo sabe, no ofrece la misma calidad de servicio ni sus precios son asequibles para la mayoría.

Ahora es el momento de que el PP demuestre de verdad que tiene una política de familia. Si fuera cierto que ha habido negligencia municipal, la solución idónea sería que el Ayuntamiento cediera gratuitamente la parcela a la Junta para que construyera una nueva residencia.

La lotería municipal

Participar en los concursos para la realización de las obras municipales es algo muy semejante a jugar a la lotería, con el añadido de que, en este caso, existe una sensación generalizada de que las bolas están marcadas.

Por regla general, no es el precio, ni la solvencia técnica, ni la creación de empleo los factores que determinan la adjudicación. La puntuación obtenida en algo tan difuso como el Plan de Obra o las mejoras, que nadie sabe cómo se valoran y, sin embargo, son los criterios que inclinan las adjudicaciones a favor de una empresa u otra.

Veamos dos ejemplos recientes. En la adjudicación del Proyecto de Renovación de Pavimentos en la Calle Villalón (tramo del Paseo de la Isla-calle Benedictinas de San José), se han otorgado 5 puntos a la iluminación de 3 pasos de peatones, cuyo coste es de 3.000 euros, mientras que a otra empresa  se le valora con 0,5 puntos la reposición de unos pavimentos por un valor de 45.000 ?.

En este mismo concurso, se valora con 2 puntos duplicar la cantidad destinada a control de calidad del proyecto. Sin embargo, en el concurso de Acondicionamiento de Rebajes de bordillos en el Barrio de Gamonal, a una empresa que triplica la cantidad destinada a control de calidad, la puntúan con 0,5 puntos y a otra que la duplica, 0,25.

Con Aparicio de alcalde, el Ayuntamiento de Burgos se ha convertido en el reino de la arbitrariedad. Los concursos públicos carecen de la objetividad exigible y la inseguridad jurídica es total.

Todos estos proyectos se realizan gracias a los fondos especiales arbitrados por el Gobierno que buscan, como finalidad fundamental, generar empleo. En estos proyectos este factor no se tiene en cuenta. Es un fraude al Estado y una burla a todos los desempleados.

                                                           Burgos, 23 de febrero de 2009

 

 

La importancia de Burgos no depende de la fusión de las Cajas

Nuestra economía, y no la fusión de las Cajas, es la que nos convierte, de hecho, en la capital financiera e industrial de Castilla y León. Las Cajas de Burgos deben decidir lo mejor para su futuro y para salvaguardar los intereses  de sus impositores y de la sociedad a la que sirven. En esta decisión, han de primar los criterios económicos y no los políticos. 

Son muchos los expertos en finanzas que vaticinan que, en el futuro, las 45 Cajas de España quedarán reducidas a menos de seis importantes, y un número inconcreto de pequeñas entidades con una capacidad limitada para atender, a precios elevados, las necesidades de las familias y de las pequeñas empresas.

Si las Cajas de Burgos quieren tener capacidad económica real para resolver los problemas de nuestra ciudad y de nuestras empresas a unos precios competitivos, y seguir consolidando y desarrollando una obra social cada vez más ambiciosa e importante para la provincia, deben buscar alianzas con otras entidades.

En mi opinión, este proceso, si así se decide, se debe desarrollar con Cajas de otras regiones. En el felizmente finiquitado proceso de integración de las Cajas de Ahorro de Castilla y León nadie ha sido capaz de explicar las presuntas necesidades económicas que lo justificaban. Son motivos estrictamente políticos. A los burgaleses no nos interesa este proceso porque las Cajas de Burgos son las que más pierden y no ganan nada.

Caja Castilla  la Mancha y Unicaja -cualquiera de ellas es mayor que Caja de Burgos y Cajacírculo juntas- han iniciado conversaciones para unirse. Para ello, cuentan con el beneplácito de las autoridades políticas de Andalucía y de Castilla la Mancha. Este es el camino.

La Junta de Castilla y León se niega a autorizar este tipo de alianzas con otras Cajas que no sean de la región. Esta es la dificultad que hay que vencer para que las Cajas de Burgos puedan defender sus intereses con criterios exclusivamente económicos. Cualquier decisión que se adopte debe garantizar el menor coste social posible y que la obra social permanezca vinculada a la ciudad y a la provincia.

Es ilegal financiar inversiones con la venta del suelo público

La utilización del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) para financiar inversiones supone renunciar a intervenir en el mercado del suelo para impedir la especulación y actuar en contra de una política municipal de vivienda encaminada a satisfacer el derecho constitucional de todos los ciudadanos a disponer de una vivienda digna. 

El equipo de Gobierno de Aparicio ha despilfarrado este suelo para hacer rotondas y otras inversiones, en muchas ocasiones innecesarias. Su persistencia en el error ha provocado que los tribunales hayan anulado los presupuestos de 2004, 2005, 2006 y 2007 y, seguramente, también se anule el de 2008. A los burgaleses que necesitan una vivienda, Aparicio les debe 23 millones de euros que ha destinado, ilegalmente, a otras finalidades. 

Este debate ha sido zanjado por el Tribunal Supremo que, en diferentes sentencias, ha declarado que el dinero obtenido por la venta del suelo público sólo puede destinarse a conservar e incrementar el PMS. Sus argumentos son tan consistentes que no es necesario hacer más comentarios. El Tribunal Supremo dice: “no es justo ni coherente con el contenido del art. 47 de la Constitución que las Entidades Locales utilicen sus terrenos para resolver sus problemas de financiación, ni para la realización de otros intereses urbanísticos, siendo la esencia de la institución que se utilice por la Administración para intervenir en el mercado de terrenos removiendo los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (art. 9.2CE)”. 

También se debate sobre el destino al que se puede destinar el suelo público. En mi opinión, el uso debe ser la construcción de viviendas con algún régimen de protección y, sólo excepcionalmente, a otros usos de interés social conforme prevé la legislación. Pero, lo que está muy claro en la ley es que si el suelo público se enajena lo que se obtenga debe ser reinvertido en el propio PMS. 

Este asunto está claro en la Constitución y las leyes. Sólo falta que el PP cumpla la ley.

La integración de las Cajas no es el principal problema de Castilla y León

Supongo que esta afirmación es compartida prácticamente por todos los ciudadanos, incluidos los procuradores regionales.

Sin embargo, el reflejo que este asunto tiene en los medios de comunicación y la atención que está mereciendo en diferentes instituciones parece indicar todo lo contrario. Tal vez ello sea una confirmación de ese dicho que afirma que en política el tiempo que se dedica a los asuntos es inversamente proporcional a su importancia.

Este proceso está generando unas tensiones y fracturas sociales muy importantes. Partidos políticos y organizaciones sindicales divididas, enfrentamientos territoriales agudizados  e importantes pérdidas de energías que se distraen de la gestión ordinaria de la vida política y de las entidades financieras, son los resultados obtenidos hasta ahora en este proceso.

Repito lo que he dicho hace tiempo; lo más razonable es cerrar inmediatamente este proceso y dejar que cada Caja reflexione sobre su presente y sobre su futuro teniendo en cuenta exclusivamente los intereses de sus impositores sin que inconfesados intereses políticos modifiquen decisiones que deben estar inspiradas, exclusivamente, en criterios económicos y de gestión empresarial.

Los presupuestos municipales no son buenos para afrontar la crisis

En la situación de crisis económica que vivimos, los presupuestos municipales no cumplen con los que, en mi entender, debieran ser sus objetivos prioritarios: la lucha contra el desempleo y la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a lograr una ciudad competitiva. 

El presupuesto destruye empleo, rebaja la calidad del mismo e incrementa los gastos de personal al privatizar servicios públicos. Además, es insolidario con los desempleados, que verán cómo Aparicio desaprovecha los 31 millones de euros procedentes del Gobierno de la Nación al no invertirlos en proyectos en los que prime la contratación masiva de mano de obra. 

La crisis ha agudizado problemas endémicos de la ciudad. Hay muchos burgaleses que necesitan vivienda. Tal vez hoy no podrían comprarla, pero sí acceder a una pública en alquiler. Es, por tanto, el momento de invertir en vivienda pública en alquiler, pues además de constituir una solución para aquellas personas que necesitan una vivienda a precios asequibles y no la pueden adquirir, contribuiría a paliar la fuerte caída de actividad que están sufriendo las empresas de la construcción. 

De la crisis debemos salir fortalecidos. Aparicio ha optado por realizar obras que le proporcionen réditos electorales a corto plazo. Seguramente obtendrá beneficios, pero la ciudad saldrá perdiendo. Proyectos como la renovación del pavimento en la calle San Lorenzo, la construcción de nuevas oficinas municipales o la edificación del consulado joven son un claro ejemplo de cómo despilfarrar fondos públicos. 

Lamentablemente, los presupuestos de 2009 no actuarán con la intensidad debida sobre infraestructuras básicas y necesarias para que la ciudad sea más competitiva. La construcción de un nuevo puente sobre el Arlanzón a la altura del centro penitenciario para cerrar la circunvalación interior, el bulevar ferroviario, la remodelación integral de todo el transporte público y la implantación del tranvía o la ampliación de la depuradora son actuaciones urgentes que no reciben la atención adecuada.