Cuarta anulación de los presupuestos municipales

Los presupuestos municipales de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 han sido anulados por los tribunales por dedicar el producto de la venta del suelo público a fines no amparados por la Ley.

Todos los presupuestos elaborados por Aparicio han sido ilegales. No tengo ninguna duda de ello porque los de 2008 y 2009 incurren en las mismas irregularidades que los anteriores.

Las resoluciones judiciales son claras. El fruto de la enajenación de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) sólo se puede dedicar a la conservación y ampliación del PMS que tienen como finalidad la realización de una política de suelo orientada a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de la regulación del mercado de terrenos de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y de forma que la comunidad participa de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Como dice el Tribunal Supremo en sus sentencias “no es justo ni coherente con el contenido del art 47 de la Constitución que las Entidades Locales utilicen sus terrenos para resolver sus problemas de financiación, ni para la realización de otros intereses urbanísticos, siendo la esencia de la institución -en cuanto vinculada al art 47 CE y en el marco de un Estado social (art 1.1 Constitución) como el nuestro- que se utilice por la Administración para intervenir en el mercado de terrenos removiendo los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (a& 9.2CE)”

Al PP nunca le ha preocupado la lucha contra la especulación ni desarrollar una política efectiva de vivienda. Cuando ha tenido oportunidad, en el Gobierno de la Nación y en el Ayuntamiento, su política ha fomentado la especulación y la privatización, de hecho, de la política urbanística.

En estos años se ha despilfarrado el suelo público. Se han obtenido 23 millones de euros por su venta que se han dedicado a rotondas o urbanizaciones, muchas veces innecesarias, en el centro de la ciudad. 23 millones de euros que se tenían que haber destinado a una política eficaz de construcción de viviendas de protección pública se han utilizado para satisfacer los intereses electorales del PP.

Ante esta sentencia la reacción de Aparicio ha sido la habitual: ha culpabilizado a las víctimas de sus irregularidades. Se atreve a criticar a quien exige el cumplimiento de la legalidad y solicita el amparo de los tribunales ante su contumacia en el error. Es lo típico en posturas intolerantes. En lugar de culpabilizar a las víctimas Aparicio debiera pedir perdón a todos los burgaleses que no han podido obtener una vivienda digna por su política, rectificar los presupuestos de 2009 y hacer una política de promoción de viviendas públicas, fundamentalmente en alquiler, eficaz.

Herrera anima a los burgaleses en contra de la integración de las Cajas de Ahorro

Si algún burgalés tiene todavía dudas sobre el proceso de integración de las Cajas de Ahorro puede leer la entrevista a Herrera que hoy publica Diario de Burgos y comprobará que todo el proyecto tiene como único sustento una fe ciega en sus palabras. Ningún argumento racional, ninguna idea.

Dice que hay que dotar a Castilla y León de un sistema  financiero más fuerte y comprometido con la región. No dice para qué ni los objetivos que se pretenden alcanzar. Tampoco dice por qué estos inconcretos objetivos no serían alcanzables si se pretendieran integraciones con otras entidades que no son de Castilla y León. También podrían plantear las entidades financieras presentes en la región que obtienen sus pasivos aquí si el presidente de la Comunidad no las considera comprometidas con Castilla y León que sería tanto como invitarlas a que dejaran de trabajar en nuestra comunidad autónoma.

Habla de respeto y, incumpliendo su papel institucional, critica a Caja del Círculo por actuar autónomamente.

Además se muestra intolerante y da la razón a los que dicen que este es un proceso impuesto cuando afirma que “no vamos a consentir la preferencia que algunos expresan en voz baja de buscar alianzas con cajas de otras comunidades”. Si lo que Herrera pretende es el fortalecimiento de las cajas ¿qué problema puede existir en que Caja de Ávila llegue a acuerdos con Caja de Madrid si así le interesa?. Yo no tengo dudas de que a Burgos le resultaría más interesante llegar a acuerdos con otras cajas de ahorro que fueran mejores que las nuestras y que nos aportaran nuevos mercados antes que integrarse con aquellos con los que compartimos espacios y riesgos.

Herrera, una vez más, proporciona argumentos en contra del proceso de integración de las Cajas de Ahorro que él propone. 

Más centralismo en Valladolid

Leo con preocupación la nota publicada por el servicio de oncología médica de Burgos con motivo de la creación en el hospital Río Ortega de Valladolid de la Unidad de Consejo Genético de cáncer hereditario desmembrando la unidad existente en Burgos.

Por la Junta se alega que de esta manera se prestará mejor servicio a los pacientes. No me creo el argumento. No sólo por lo dicho por los especialistas en cuanto que al disminuir la población atendida empeorará la calidad sino porque estoy seguro de que esta decisión se ha adoptado para ir generando un nuevo servicio de referencia regional en Valladolid tal y como en su día se hizo con los bancos de sangre, la cirugía pediátrica y tantos otros.

Nadie ha demostrado, ni siquiera se han molestado en intentarlo, que la centralización de servicios públicos incremente su eficiencia. Depende de las circunstancias.

Mucho menos se ha demostrado que, si fuera necesaria, esta centralización necesariamente deba realizarse en Valladolid. La realidad es que el centralismo responde exclusivamente al afán del poder de tener controlado todo lo que se mueve y de la mayor influencia que tienen aquellos que están cercanos a los centros de decisión.

La política seguida por el PP en la Junta de Castilla y León provoca la creciente desafección de muchos burgaleses hacia la Comunidad Autónoma. Comparto su sensación. Yo tampoco estoy cómodo en una comunidad autónoma gobernada por un partido popular que no sabe y no quiere descentralizar para acercar la administración a los ciudadanos y fomentar un espíritu regional fuerte y cohesionado.

No es necesario pedir la aplicación de la llamada Ley de grandes ciudadades

Realidades diferentes exigen una regulación distinta. Esta es la filosofía inspiradora de La Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, que rompe con el uniformismo que ha caracterizado al régimen local español. Según esta norma, son municipios de gran población los que superen los 250.000 habitantes o las capitales de provincia que cuenten con más de 175.000.

 

La Ley puede aplicarse también a las capitales de provincia que no tengan este número de habitantes si así lo aprueban las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas a iniciativa de los ayuntamientos. Esta es la norma que permitiría que las disposiciones de las grandes ciudades fueran aplicables a Burgos.

 

La contestación a esta pregunta exige analizar si esta norma posibilita un funcionamiento más eficaz del gobierno y la administración y si se produciría una mayor profundización en la democracia municipal.

 

A quienes consideran que no debe aplicarse esta Ley porque es muy cara, les recordaría aquellas palabras de Machado de que solo los necios confunden el valor con el precio. Ese no es un argumento democráticamente válido.

 

Burgos no necesita que se aplique esta Ley porque la gestión ordinaria del día a día demuestra que el Ayuntamiento no precisa la creación de nuevos órganos ni dotar a los existentes de nuevas competencias para conseguir una mayor eficacia.

 

También es innecesario que se apliquen las disposiciones que regulan la participación ciudadana porque la ciudad se dotó de un Reglamento que reconoce derechos más avanzados que los previstos en la Ley. Ciertamente, estos no son respetados por el equipo de Gobierno actual pero, al igual que los reconocidos en la Ley, también son exigibles ante los tribunales de justicia, por lo que no se adelantaría nada en esta materia con la aplicación de la Ley de grandes ciudades.

Todos juntos para superar la crisis

El efecto más grave de la crisis es la pérdida del empleo. Se ha dicho, y repito, que el desempleo es la principal causa de exclusión social.

No valen paños calientes ni derivar el problema a otras instancias. Los ayuntamientos, la Diputación, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Nación tienen la obligación de coordinar esfuerzos y actuar unidos.

El Gobierno de España ha aprobado un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo que engloban todas las medidas económicas, financieras y fiscales que el Gobierno aplicará para recuperar la senda de crecimiento y creación de empleo.

Es el primer plan global de estas características que presenta un gobierno europeo, y las medidas contempladas en el mismo constituyen un hito histórico sin precedentes en nuestro país al suponer la mayor movilización de recursos públicos a favor de las entidades locales. Con el objetivo de incrementar la cooperación del Estado con los Ayuntamientos y aumentar la inversión pública en el ámbito local, se crea un Fondo de Inversión Municipal dotado con 8.000 millones de euros para la realización de actuaciones urgentes en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo.

A la ciudad de Burgos le corresponde 31 millones de euros que es el equivalente a un año de inversión municipal. Gracias a estos fondos, en un año se realizarán las obras que, en una situación normal, exigirían dos ejercicios presupuestarios.

El ayuntamiento ha sido diligente en la presentación de los proyectos pero ha sido muy poco sensible con los desempleados. Ha elegido las obras de mayor interés electoral para el PP y no aquellas que generaran más empleo y fueran más necesarias para la ciudad.

Ahora falta la aportación de la Junta de Castilla y León que tiene las competencias de las políticas activas de empleo. El Gobierno regional debiera crear un fondo semejante para la financiación de obras locales generadoras de empleo. Su importe podría ser la mitad que el establecido por el Gobierno de España con lo que alcanzaríamos, en Burgos, la cifra de 15,5 millones de euros añadidos a los 31 del Estado y a los 50 del presupuesto municipal de 2009 supondría la cifra histórica de 96,5 millones de euros de inversión pública en un año. Esta sí que es una política eficaz contra el desempleo.

Burgos decide

En los últimos meses, hemos vivido un intenso debate sobre la integración de las seis Cajas de Ahorro de la región para afrontar en las mejores condiciones el futuro. Quiero expresar mi opinión personal, pues me siento obligado por la confianza que he recibido de muchos ciudadanos que, reiteradamente, me han pedido que me pronuncie nuevamente al respecto para completar las opiniones que he manifestado en diferentes ocasiones.

 

En este tiempo de debate no he encontrado ningún argumento diferente al expuesto en el esquemático y simple documento que inició el proceso. Ninguna luz se ha añadido a la penumbra inicial.

 

Mi perspectiva para participar en la discusión no tiene nada que ver con el ámbito autonómico pues, si ya me es difícil hablar de economía española sin tener en cuenta la política económica de la Unión Europea y del resto del mundo, aceptar acríticamente términos como músculo financiero de la Comunidad o economía de Castilla y León me resulta prácticamente imposible. No encuentro ningún argumento sólido a favor de que el Gobierno autonómico deba controlar a las Cajas de Ahorro ni que éste necesite un apéndice financiero para llevar a cabo su política. No creo que ahora el PP esté defendiendo una especie de nacionalización, en este caso regionalización pública, de las Cajas de Ahorro.

 

No he encontrado a nadie, ni socialista ni de derechas, que me haya explicado las ventajas que esta integración tendría para Burgos. IU y Tierra Comunera la han defendido, pero no han expuesto sus argumentos favorables.

 

Hablo exclusivamente de Burgos porque es la única perspectiva que me interesa. No lo digo porque comparta la antidemocrática e irreal opinión de que Burgos está por encima de los partidos políticos, dado que las ideologías impregnan todas las actuaciones humanas sin que el territorio configure un conjunto de ideas que nos permita vivir relacionándonos con los demás. Lo señalo precisamente porque, desde el punto de vista ideológico, el proyecto no responde a ningún interés público, restringe la competencia y encubre ineficiencias que no son defendibles desde una óptica progresista. Nadie ha argumentado ningún motivo de interés general por el que las cajas de Burgos deban ceder parte de su mercado, de su autonomía o asumir costes sociales.

 

La integración de las seis cajas de la región no beneficia a las cajas de Burgos, por el contrario, las perjudica seriamente. Limita sus posibilidades de expansión, implica unos costes sociales muy importantes, reduce su autonomía y sus índices de eficiencia se reducen a la media de la región cuando ahora están por encima. Así lo entiendo yo y creo que así lo ve la mayor parte de la sociedad burgalesa.

 

Este proceso ha sido muy mal gestionado. En lugar de generar esperanza e ilusión, ha creado rechazo en las plantillas e inquietud en la sociedad. Es hora de cerrarlo y de no aplazar por más tiempo la decisión final que, si de mi dependiera, sería claramente contraria a la integración de las seis Cajas.

 

Sin embargo, este debate sí que ha posibilitado que se produzcan reflexiones importantes con relación al sistema financiero y al tamaño de las entidades financieras en España. Se ha comprobado que el tamaño no garantiza nada. La quiebra de grandes entidades financieras de ámbito mundial así lo demuestra. Pero también existen sólidos argumentos a favor de una racionalización y reducción del número de entidades que operan en España.

 

En este sentido, comparto la opinión de autoridades económicas de gran relieve en España cuando se han manifestado a favor de procesos de integración de Cajas de Ahorro con sede en diferentes Comunidades Autónomas.

 

En una situación cambiante como la que vivimos, procedería que los promotores retiraran el proyecto. En un marco de mayor tranquilidad, se podría analizar mejor la situación nacional e internacional, hacer una prospección de cuáles son las mejores alternativas para las Cajas burgalesas y que el Gobierno de España y el de Castilla y León modificaran la legislación posibilitando procesos de diálogo sin ninguna limitación territorial. Porque el único interés a defender es el de las localidades que crearon las Cajas de Ahorro y el de sus impositores.

La importancia estratégica de las comunicaciones

En el año 1998, ya se sabía de la construcción de una nueva estación ferroviaria con motivo del desvío del ferrocarril. Diez años para planificar las nuevas comunicaciones del transporte público es un tiempo más que suficiente. Desde el primer día de la inauguración de la nueva estación, los viajeros debieran haber podido acceder al centro de la ciudad utilizando el autobús. No creo que sea mucho pedir a cualquier equipo de Gobierno municipal, por muy inexperto o negligente que sea.

Los centros modales de los diferentes tipos de transporte han de estar unidos entre sí, con independencia del número de personas que los utilicen. Si un usuario del tren conoce que la nueva estación no dispone de transporte público y que sólo depende de que existan o no taxis disponibles -en el supuesto de que pueda pagar este transporte, posiblemente se desanime a utilizar el ferrocarril y recurra al vehículo privado o al autobus interurbano.

Las estaciones ferroviarias son la primera carta de presentación de las ciudades. Cualquier turista o visitante que durante estos días haya llegado en tren a Burgos se habrá llevado una muy mala imagen: la estación se ubica en una zona no urbanizada, alejada del centro, no comunicada con las líneas de transporte público y con dificultades para encontrar un taxi. Su impresión de la ciudad habrá sido, por insólita, muy negativa.

Si son usuarios frecuentes del ferrocarril, estarán acostumbrados a visitar lugares en los que en las estaciones ferroviarias confluyen los diferentes modos de transporte. En Burgos, lo máximo que ha dado de sí el PP ha sido la puesta en servicio de una línea de autobús que trae y lleva pasajeros cada 60 minutos y que no funciona los sábados y festivos. Escasos frutos para cinco años de Alcaldía. Ahora se esgrime que se necesita tiempo para mejorar el servicio. Cinco años no han sido bastantes.

Apostar por el transporte público implica que a la nueva estación deben llegar los autobuses municipales con la frecuencia necesaria para atender las llegadas y salidas de los trenes a nuestra ciudad durante todos los días de la semana. Sin transporte público, no hay ciudad sostenible.

No es posible implantar la ORA en Gamonal

El número de vecinos que tendría derecho a la tarjeta de residentes supera las plazas de aparcamiento en superficie que podrían ser incluidos en una hipotética ORA en Gamonal.

Estos datos han sido puestos de manifiesto en todos los informes que se han realizado en los últimos años. No hace mucho, con motivo del estudio de viabilidad realizado para justificar la construcción del aparcamiento en Lavaderos se  pone de relieve que en esa zona se calculan 7.788 vehículos, existen 5.182 plazas de aparcamiento incluidas las situadas en superficie con lo que se produce un déficit 2.606. Aunque sólo se entregara una tarjeta de residente por vivienda, el número de plazas que quedarían libres en zona ORA serían escasísimas. Si ampliamos esta zona al conjunto del barrio llegaríamos a la misma conclusión.

Teniendo en cuenta estos datos, de sobra conocidos por el Ayuntamiento y las asociaciones del barrio ¿cuál es el motivo por el que Aparicio quiere encargar un nuevo estudio sobre la zona ORA en la ciudad tal y como ha sido anunciado por Diario de Burgos?

Sólo se me ocurren dos motivos: o que alguien interesado en ganarse 30.000€ le ha convencido de que es necesario un nuevo e innecesario estudio o se utiliza este asunto como amenaza a los vecinos para convencerles de que apoyen la construcción de aparcamientos, aunque estos sean más caros que los que oferta la iniciativa privada o que se construyan en zonas inapropiadas.

El problema de la falta de aparcamientos en Gamonal – Capiscol está suficientemente estudiado. Existe un amplio consenso social sobre las medidas a aplicar y lo único que se necesita es que el PP gobierne de verdad, construyendo los aparcamientos necesarios, y deje de marear la perdiz con globos sonda que lo único que consiguen es desorientar a los vecinos creando incertidumbre.

Los ahorros privatizadores del PP

El PP quiere que los burgaleses comulguen con ruedas de molino al insistir machaconamente en que las privatizaciones que están realizando suponen un ahorro para el ayuntamiento.

Hemos demostrado sobradamente esta falsedad en lo que se refiere al camping municipal y al servicio de autobuses urbanos en el que se implantó un sistema de alquiler.

Ahora también se pueden demostrar las falacias del PP si ponemos el ejemplo del tren turístico que el PP privatizó hace unos meses.

El Ayuntamiento abona a la Empresa privada que gestiona el tren turístico, la cantidad de 84.000 € anuales, además de cederle toda la recaudación. Cuando el tren turístico era gestionado directamente por el ayuntamiento costaba 45.000 € aproximadamente menos lo que se obtenía de la recaudación. Es decir, con gestión privada, el tren turístico cuesta al Ayuntamiento el doble de lo que le costaba cuando lo gestionaba directamente.

¿Dónde está el ahorro?

Está próxima la primera demostración de las falsedades en torno al nuevo hospital

Hace cuatro años Herrera afirmó que el 29 de junio de 2009 ingresaría el primer paciente en el nuevo hospital.

Queda muy poco tiempo para demostrar esta falsedad, aunque ya se puede afirmar que será imposible que, en esa fecha, algún paciente sea atendido en un hospital que no estará en servicio.

No es excesivamente importante que no se cumplan los plazos previstos en esta gran obra. Normalmente, estos grandes proyectos se estudian poco durante su elaboración y trámites de aprobación administrativa, lo que ocasiona problemas en su ejecución que impiden cumplir los plazos previstos. Es una característica que afecta por igual a cualquier gran obra pública o privada.

Con ello se pondrá de manifiesto que uno de los pilares que justificaron esta encubierta privatización de la sanidad pública era falso. Se dijo que mediante este sistema se garantizaba que el hospital se construiría y entraría en servicio mucho antes que si la gestión fuera totalmente pública. Nunca se han molestado en argumentar tal afirmación porque ello supondría que la Junta de Castilla y León reconocería su propia incapacidad para gestionar los asuntos públicos.

La eficiencia en la gestión no depende de la titularidad de la obra. Depende de la capacidad de quien la dirige y de que se pongan todos los medios necesarios para que se realice en condiciones óptimas.

Demostrada la falsedad del argumento de que esta obra se terminaría antes por ser gestionada por empresas privadas, tampoco se tardará mucho en comprobar que no mejorarán los servicios sanitarios y que la gestión privada es mucho más cara que la pública.

La calidad del servicio público sanitario seguirá dependiendo de la buena voluntad, calidad y entrega de sus profesionales, que tendrán que seguir soportando una deficiente dirección carente de objetivos claros.

Que el coste sanitario será mucho más caro a consecuencia de esta privatización encubierta, ya se ha demostrado internacionalmente. Desgraciadamente, en Burgos, no tardaremos en comprobarlo.